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julio 23, 2019
Sol Quintana Roo
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MONUMENTAL FALLA HISTORICA

(Primera Parte)

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- Miles de exmigrantes mexicanos resultaron beneficiados por la lotería de la vida, en grave error con intenso olor electoral, mientras que un centroamericano, que merecía cadena perpetua por quemar vivos a dos agentes federales en México, hoy es simbólicamente defendido a capa y espada.

Así, mientras millones de compatriotas no se explican la avalancha de pifias que propició un “apoyo social” de 38,000 pesos a cada uno de miles de exbraceros o sus familiares, el mismo funcionario despedido por el presidente Fox por no intentar salvar a los detectives, hoy tiene la misión de contener y proteger las caravanas de centroamericanos que intentarán, como siempre, internarse legal o ilegalmente en Estados Unidos.

El increíble alud de yerros en torno a los exbraceros, arrastró (voluntariamente o no), lo mismo a la Secretaría de Gobernación, (que débilmente demostró tener razón), que a la Cámara de Diputados, y de manera ilógica, salvo error u omisión, al ahora coordinador de las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Jesús Ramírez Cuevas y el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de Economía de la UNAM, que calculó en 2008 que “el monto de la deuda del gobierno mexicano con los exbraceros ascendía a más de 5 BILLONES DE PESOS, es decir, que a cada trabajador le corresponde en promedio UN MILLON 96 MIL PESOS”.

Parte del relato es que cuando el centroamericano, (protegido por vecinos de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, ciudad de México), se percató de la presencia de una patrulla federal y tres agentes, se puso de acuerdo con una señora conocida como “La Gorda”, también con “Cayetano”, para propalar el rumor de que “los desconocidos estaban fotografiando niños para llevárselos, como sucedió en otros casos de extravío de menores”.

En poco tiempo los padres de familia y principalmente las señoras, que habían ido por sus vástagos a una escuela primaria, corrieron la voz para “proteger a los infantes” y pronto fueron agredidos los agentes federales, quienes inútilmente se identificaron ante la turba.

El sobreviviente de la barbarie en Tláhuac, Edgar Moreno Nolasco, narró en medio de su gravedad que los capturaron unas personas, los revisaron, los colocaron detrás de un vehículo y luego los ataron.

A continuación, los golpearon con crueldad, sus dos compañeros perdieron la conciencia, no así él, después de ello trasladaron a sus amigos hacia un lugar cercano donde los quemaron y a Moreno lo llevaron a un kiosko y justamente en el trayecto fue rescatado por elementos de la Policía Judicial del Distrito.

Varios de los detenidos en “flagrancia”, en el momento de cometer homicidio calificado con ventaja y alevosía contra funcionarios públicos, así como daño en propiedad ajena y robo de armamento en pandilla…en menos de un año recuperaron su libertad.

El 23 de noviembre de 2004, una mujer se metió sin permiso a una parroquia para sonar las campanas y convocar al pueblo a “defender a los niños”. Entre los agresores destacaron los vecinos de la Colonia Peña Alta, a unos 7 kilómetros hacia arriba de San Juan Ixtayopan. Una ancianita dijo que “allá arriba había gente mala”.

En su oportunidad, el párroco José Antonio Ramírez Sánchez, quien bendijo dos cruces pintadas de gris en memoria de Cristóbal Bonilla Marín y Víctor Mireles Barrera, cuyos cuerpos fueron calcinados por la turba dirigida, comentó que la gente “está enferma de violencia, corrupción, búsqueda de poder y anarquía”.

Denunció que guerrerenses y oaxaqueños fracasados abandonaron sus tierras en busca de oportunidades, pero se dedicaron al narcomenudeo en San Juan Ixtayopan.

Lamentable que había policías preventivos en medio del desorden y nada hicieron para proteger la vida de los federales. A lo lejos, en un video, se observaba la presencia de más patrulleros expectantes.

Elementos de la entonces delegación Tláhuac hablaron con los coordinadores de la privación ilegal de la libertad. Emilio Ibáñez, uno de los consignados comienza a atar a los federales. Eduardo Torres y Alicia Zamora Luna se dieron a la fuga, abandonando sus pertenencias. Estaban identificados como presuntos líderes de “movimiento de masas y grupos sociales radicales”.

El jefe policial Gabriel Regino nunca dio órdenes precisas para que sus subordinados intervinieran. Algunos vecinos intentaron salvar a los golpeados, pero nada pudieron hacer, pues cuando llegaron las cámaras de televisión, comenzó la incineración.

El jefe de los federales, exgobernador de Guanajuato y gran amigo de Vicente Fox, Martín Huerta, (había elementos para proceder en su contra), se defendió desmintiendo que hubiera habido errores organizativos, logísticos, de cadena de mando, de Inteligencia, de coordinación, de gestión, de eficacia y de toma de decisiones.

Marcelo Ebrard fue protegido por el entonces titular del DDF, Andrés Manuel López Obrador, “yo voy a esperar a que concluyan las investigaciones, (o sea años). dijo y más tarde comentó que “el rumor de la renuncia de Marcelo Ebrard no es cierto, es una volada”…

El presidente Fox ordenó el 6 de diciembre de 2004 la destitución de Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública de la capital, quien calificó de “arbitraria” la medida. Fox también cesó a José Luis Figueroa Cuevas,

comisionado de la Policía Federal Preventiva, ya que supuestamente habían tardado casi cuatro horas en llegar a San Juan Ixtayopan, dos horas después que la prensa.

El miércoles 1 de diciembre de 2004, el Procurador Bernardo Bátiz dijo que vecinos denunciaron que por lo menos tres personas “participaron directamente en el linchamiento, La Gorda, Cayetano y el centroamericano, quien llevaba camisa blanca y usa bigote”.

El presidente Fox dio instrucciones a su gran amigo Martín Huerta para que “levantara la moral de los federales” y lo primero que hizo fue declarar que “no mandó helicópteros con apoyo porque se los hubieran derribado a pedradas”.

El 21 de septiembre de 2005, Martín Huerta falleció al estrellarse un helicóptero Bell 412-EP, matrícula XC-PFI, en el que se dirigía a abanderar a los nuevos custodios del penal de máxima seguridad “La Palma”, (antes Almoloya), la nave cayó en el paraje montañoso Llano Largo, La Cima o Cumbres las Peñas, cerca de San Miguel Mimiapan, municipio mexiquense de Xonacatlán.

El informe pericial sobre el accidente fue clasificado por el gobierno federal como información reservada por 12 años, lo cual provocó las sospechas generalizadas de que podría tratarse de un atentado perpetrado por grupos criminales. También se dijo que el piloto Habacuc de León Galicia, no tenía la calificación necesaria para pilotear el helicóptero, capaz de emitir automáticamente señales de alerta hacia la torre de control más cercana.

El Presidente Fox fue tan criticado como siempre, pues llamó “héroes” a los caídos, Huerta, Tomás Valencia y otros siete pasajeros. Dijo que todos fallecieron en el cumplimiento de su deber, “velando por la tranquilidad de nuestras familias”.

Nadie podía imaginar en aquellos tiempos que el funcionario cesado, Marcelo Ebrard, habría de enfrentar la compleja tarea de velar por centroamericanos y, en lugar de encarcelar a algunos de ellos por integrarse a las mafias mexicanas, tendría que tratarlos como a los hippies norteamericanos, a base de “amor y paz”.

Al ser nombrado como titular de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard no pudo contradecir al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, sin hacer caso de consejeros, invitó a centroamericanos a transitar libremente por nuestro territorio, a sabiendas de que no hay que molestar al verdadero tigre norteamericano, una de cuyas banderas políticas electorales es precisamente el rechazo a la migración, vaya de donde vaya.

Algunas personas comentan que “inesperadamente” se le vino el mundo encima al Jefe de la Nación, pues de una migración más o menos normal, llegaron a la frontera norte 144,000 individuos que fueron rechazados casi en su totalidad.

El Presidente Trump advirtió a su manera que desataría una guerra de aranceles contra México, si no reducía drásticamente la cantidad de aspirantes al “asilo político” en tierras norteamericanas. Y como de rayo fueron enviados seis mil elementos de la Guardia Nacional y muchos empleados de Migración, con la idea de detener las caravanas que parten de El Salvador, Guatemala u Honduras.

Antes que nada se le advirtió al Presidente, mediante trascendentes artículos de prensa en El Heraldo de México, (amparados por la sabiduría de la profesora Guadalupe Correa-Cabrera y el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Alan Bersin), que los activistas promigrantes (como el activista religioso Solalinde), que incluyen a grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos, “no sólo aparentan no darse cuenta de las violaciones a la ley, sino que de manera sistemática han ampliado sus redes de apoyo y credibilidad hacia los migrantes que son

traficados, así como a quienes los trafican, considerándolos como unos “Robin Hoods”. Hoy en día, aseguran la maestra Correa y Bersin, grupos criminales en la frontera son responsables de extorsiones, secuestros, violaciones y asaltos a los migrantes que realizan el arduo viaje hacia el norte. En este contexto y en tiempos de caravanas, a las organizaciones de derechos humanos y a los grupos religiosos promigrantes les debería resultar imposible negar de manera creíble estos abusos.

La caravana de finales del año pasado ilustró patrones preocupantes e intereses oscuros, “iniciada por organizadores comunitarios en Honduras, esta caravana creció aparentemente de manera orgánica y espontánea. Sin embargo, cuando llegó a México algunos grupos que se autodenominan defensores de migrantes, particularmente “Pueblo sin Fronteras”, asumieron un rol protagonista en la organización del movimiento, GESTION DE FONDOS y manejo de logística para transportar a unos 10,000 migrantes a la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México”. Sufriendo una notable transformación, los activistas y defensores de migrantes se convirtieron, en cierta forma, en traficantes de personas que guiaron “a víctimas de miseria y violencia hacia el callejón sin salida de la ilegalidad y la desesperación”.

La confrontación en el cruce fronterizo de San Ysidro colocó a la administración de López Obrador en una posición insostenible, pues se ha convertido México en una zona de tránsito y pronto será un lugar de destino para ciudadanos de Centroamérica que supuestamente huyen de la violencia y la pobreza. Tal vez se presente una oportunidad para un cálculo que reconsidere la alianza impía y tácita que ha existido entre los traficantes de personas y los defensores de derechos humanos y de migrantes, concluyeron los expertos Guadalupe Correa –Cabrera y Alan Bersin en El Heraldo de México.

NO SALEN LAS CUENTAS

Como no queriendo darle todo el crédito al periodista Jesús Ramírez Cuevas, Regeneración publicó que “Braceros en EU (1942-1966) exigen pago de ahorros” y comentó que “son ancianos o sus viudas, que fueron braceros en Estados Unidos, “se les descontó 10 por ciento de su sueldo y a la fecha el gobierno mexicano no se los ha pagado”.

Y añadió Regeneración que el 14 de agosto de 2005, el p eriodista Jesús Ramírez Cuevas, publicó en La Jornada un artículo “donde se demuestra documentalmente que los exbraceros sí aportaron el 10 por ciento de su salario para un fondo de ahorro y que el gobierno, a la fecha se niega a pagarles”.

El joven Ramírez redactó que entre 1942 y 1966 el gobierno mexicano recibió millones de dólares procedentes de Estados Unidos como parte del Fondo de Ahorro descontado a trabajadores migrantes y que nunca les fue devuelto como se acordó en el convenio binacional.

El Ejecutivo alegaba que no había documentos oficiales que acreditaran la recepción y destino del dinero. En 2005 el Congreso creó un fideicomiso con 298.5 millones de pesos para darles “ayuda social” en lugar de sus ahorros. Un bracero entrevistado por Ramírez dijo que “hallaron pruebas que podían servirles en un juicio legal para obtener el pago íntegro del fondo de ahorro más los intereses”.

O sea, dedujo Ramírez, que el gobierno mexicano sí recibió millones de dólares del fondo de ahorro de “los soldados del surco, 10 por ciento de sus ingresos obtenidos en Estados Unidos entre 1942 y 1966 y que más de 50 años después les siguen adeudando”.

Para demostrarlo redactó que hay oficios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 1945 que dan cuenta de depósitos por 30 millones de dólares de los braceros, hay otros de diversos bancos que en 1952 también recibieron remesas, “es apenas la punta del iceberg”.

Este “hallazgo” podría dar un giro al asunto de los exbraceros. A lo largo de 24 años “Estados Unidos otorgó unos cinco millones de contratos a mexicanos para trabajar del otro lado y descontó ahorros que les devolverían al regresar a sus lugares de origen. El monto de la deuda, según algunos investigadores, RONDARIA ENTRE 750 MILLONES Y 1,000 MILLONES DE DOLARES, contando la deuda más los intereses generados”.

El gobierno de Vicente Fox, que prometió pagarles, dijo que no hay documentos que prueben la recepción, montos y destino del dinero. En privado, los legisladores y funcionarios consideran impagable la deuda y optaron por crear un fideicomiso para darles a los exbraceros “ayuda social” y aclaran que “no es compensación, indemnización o retribución”. El Congreso para ello aprobó 298.5 millones de pesos, pero la partida fue congelada por el Presidente. Tampoco se había constituido el comité técnico del fideicomiso ni elaborado las reglas de operación para distribuir los recursos.

La Secretaría de Gobernación, según Ramírez tiene un padrón de más de cien mil braceros y sólo quería pagar a 5 por ciento de quienes trabajaron de 1942 y 1946. El Movimiento Nacional de Adultos Mayores ante Braceroproa demandaba una ayuda de 100 mil pesos por exbracero, en total más de 10,000 millones de pesos.

La STPS mostró datos del Banco del Ahorro Nacional sobre el dinero que recibió de los braceros entre 1943 y 1945. Esos primeros años del Programa Bracero, el gobierno mexicano recibió 16 millones 601 mil dólares, unos 80 millones de pesos de entonces. También da cuenta del dinero que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos remitió al Banco Nacional de Crédito Rural, 14 millones 788 mil 733 dólares, casi 70 millones de pesos. Y aclara que esa institución estadunidense informa que en un plazo de 30 días después de la repatriación de los trabajadores, el monto de su 10 por ciento de ahorros ha sido ya remitido a México.

Uno de los documentos más reveladores es un balance de la sucursal Alameda del Banco Nacional de México, fechado el 20 de diciembre de 1952, de la cuenta “Caja de Trabajadores Mexicanos Migratorios” que rinde al director de Asuntos de Trabajadores Mexicanos Migratorios. Esa sucursal tuvo depósitos por 112 mil 311. 42 dólares del fondo de ahorro.

Los oficios son importantes, dijo Ramírez, porque “la Secretaría de Gobernación alega que no hay pruebas después de 1946. Con ellos, los exbraceros podrían iniciar un juicio para que pague el adeudo”.

Por su parte, Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario Morena, sometió a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los antecedentes y consideraciones relativas a los trabajadores migratorios exbraceros del período 1942-1964. Nótese que difiere del dato consignado por Ramírez Cuevas: 1942-1966.

Explicó que el 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el convenio internacional de trabajadores temporales. El propósito de ese acuerdo fue que trabajadores mexicanos cubrieran el déficit de mano de obra en aquel país, causado por la participación de los estadunidenses en la Segunda Guerra Mundial. El trabajo mexicano se canalizó a la producción de alimentos agrícolas y a la construcción de vías férreas, es decir, participó activamente en dos sectores que fueron clave en el desarrollo económico de aquel país en un momento crítico. Se calcula que durante el período que abarcó el acuerdo, 1942-1964, alrededor de 4.6 millones de mexicanos trabajaron como braceros en Estados Unidos, amparado por el acuerdo.

Como parte importante del Convenio se estableció, en su cláusula quinta—tal vez quiso escribir vigésimaquinta—que el gobierno de Estados Unidos haría una deducción del 10 por ciento en los salarios de los trabajadores mexicanos con objeto de crear el Fondo de Ahorro Campesino, “el cual les sería devuelto a los braceros una vez que regresaran a su país”.

¿Qué se entiende? Que a los 4.6 millones de trabajadores que trabajaron amparados por el acuerdo, les descontaron 10 por ciento de sus ingresos desde 1942 a 1964…lo que es ABSOLUTAMENTE FALSO.

Añadió el de Morena que “sin embargo, como es lamentablemente conocido, aun cuando el gobierno estadounidense envió los recursos del Fondo, en tiempo y forma (¿?), al gobierno mexicano, éste no lo ha entregado a los exbraceros, junto con los intereses bancarios y ajustes inflacionarios correspondientes a 76 años que han transcurrido desde el inicio del Programa Bracero. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM calculó en 2008 que el monto de la deuda del gobierno mexicano con los exbraceros ascendía a más de CINCO BILLONES DE PESOS, es decir, que a cada trabajador le corresponde en promedio un millón 96,000 pesos”.

Pero como a Ramírez Cuevas, al de Morena “se le olvidó consignar” que el objetivo del Fondo de Ahorro era PARA INVERTIRSE EN LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y QUE ESTOS PUDIERAN SER LLEVADOS POR LOS TRABAJADORES AL MOMENTO DE REPATRIARSE. Y tampoco dijo el de Morena que en el primer acuerdo NO SE ESPECIFICABA EL MONTO QUE HABRIA DE DESCONTARSE A CADA TRABAJADOR, según afirmó Mauricio Dardón Velásquez, asesor del área de relaciones internacionales del GPPRD.

El 26 de abril de 1943, México y EUA modificaron el primer convenio, se especificó que la agencia de los EU debería transferir las cantidades con que contribuían los trabajadores mexicanos para la formación del fondo de ahorro campesino al Wells Fargo Bank and Trust Company, de San Francisco, el cual, a su vez, las traspasaría al Banco de Crédito Agrícola de México, para que éste último asumiera la responsabilidad por el depósito, guarda y aplicación o en su defecto devolución de dichas cantidades. Y que el Banco Mexicano DEBERIA CUIDAR QUE LOS AHORROS SE INVIRTIERAN EN LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA QUE PUDIERAN SER TRAIDOS POR LOS TRABAJADORES AL REPATRIARSE.

Tres días más tarde los gobiernos celebraron otro acuerdo para reglamentar la contratación de trabajadores no agrícolas migratorios mexicanos. Las cantidades con que contribuyeran los trabajadores mexicanos para su fondo de ahorro, las cuidaría la Comisión de Mano de Obra para la Guerra, hasta que fueran acreditadas al Banco de México para, a su vez, traspasar las sumas al Banco del Ahorro Nacional.

El 15 de noviembre de 1946, se dio por terminado el arreglo del 29 de abril de 1943 sobre el envío de trabajadores agrícolas. Y fue hasta el 21 de febrero de 1948, cuando se estableció que el patrón retendría periódicamente el 10 por ciento del salario del trabajador, ENTREGANDOLE CONSTANCIA DE LOS DESCUENTOS QUE SE LE HICIERAN EN CADA DIA DE RAYA.

También se estableció que todos los salarios descontados SERIAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR MEDIANTE CHEQUE BANCARIO CERTIFICADO A SU NOMBRE, QUE LLEVARIA EL SELLO DEL SERVICIO DE INMIGRACION Y NATURALIZACION DE ESTADOS UNIDOS, QUE SERIA IMPUESTO EN EL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR CRUZARA LA FRONTERA DE REGRESO A MEXICO.

En otras palabras, el bracero debía recibir su cheque EN PRESENCIA DEL CONSUL DE SU PAIS, para asegurar que recibía su fondo de ahorro PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS y, lo más importante, para que cumpliera una cláusula que se les repetía una y otra vez a los braceros para que no se pasaran de listos: LOS CONTRATOS ERAN CUANDO MUCHO POR SEIS MESES, QUIEN SE QUEDARA EN ESTADOS UNIDOS AL TERMINO DEL LAPSO LEGAL, AUTOMATICAMENTE PERDERIA DERECHOS.

Y no solo eso: sería perseguido para su inmediata deportación y jamás se le volvería a dar permiso de trabajar en territorio norteamericano. Lamentablemente, como expresaron en sus Informes los Presidentes mexicanos en turno, desde 1942 hasta 1964, (cuando terminaron los convenios), de cada cien mil braceros, más de setenta mil RENUNCIABAN

IMPLICITAMENTE A SU FONDO DE AHORRO, y a nueva oportunidad de empleo en Estados Unidos y se internaban en aquellas tierras, atraídos por falsas promesas de prosperidad y ofrecimientos de mejor paga en billetes verdes. De hecho, ni siquiera les importó a los desertores que México había comenzado a protegerlos a través del IMSS…para el que se les descontaba alguna cantidad de su sueldo, como en la actualidad a los trabajadores en general. CONTINUARÁ

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