*La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo indaga a la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Aylín Fernández Piña, y a su administración por posibles «inconsistencias» en su cuenta pública, desvíos económicos y fraude.

*Sol Quintana Roo denunció públicamente, en su momento, cómo utilizó empresas fantasmas para adjudicarse predios invadidos que entregó a Félix González y Roberto Borge, respectivamente, a cambio de obtener la candidatura.

*Contrata empresas «amigas», a quienes les paga millones de pesos para ejecutar obra pública y/o suministro de gasolina, mismas que le regresan en efectivo o en especie el famoso «diezmo» que despilfarra en sus viajes de placer.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Puerto Morelos.- Las aguas comienzan a tomar su cauce y nivel en el Estado, y quienes durante años han hecho del erario público su negocio privado o familiar están siendo detenido en seco. Este es el caso de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Aylín Fernández Piña, quien luego de tres años al frente de dicho Ayuntamiento está a punto de tener que rendir cuentas reales.

La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, ante diversas denuncias públicas y en proceso inició una minuciosa investigación a la primera edil por posibles «inconsistencias», desvíos económicos y fraude, entre otros posibles delitos.

Como se recordará, en el mes de marzo de 2018, Sol Quintana Roo denunció públicamente, con pruebas documentadas, como Fernández Piña con una empresa ficticia pretendió regularizar las invasiones realizadas en «Tierra Nueva» y «La Fe», trabajando coordinadamente con la Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., la cual no cuenta con domicilio fiscal ante el SAT, ni ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Con esa empresa «fantasma», Laura Fernández abrió la puerta a la comercialización de 460 lotes ocupados por familias de paracaidistas; el negocio que fraguó la alcaldesa ante los ojos de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía, ascendió a 73 millones 600 mil pesos.

Este medio informativo fue el primero en hacerlo público, en su momento, así como utilizó las empresas fantasmas para adjudicarse de predios invadidos que entregó, en su mayoría, a Félix González Canto y Roberto Borge Angulo como pagó por obtener de nuevo la candidatura que fue negociada en lo «obscurito» y quienes a su vez regalaron en el pasado sexenio.

En junio de ese mismo año, investigaciones realizadas por Sol Quintana Roo revelaron que por instrucciones de Fernández Piña, su socio, el diputado Tirso Esquivel Ávila ejecutó las falsificaciones para fraguar el fraude de los predios invadidos propiedad de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib, respectivamente, otorgados por la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje luego de haber ganado el alegato laboral 610/2010 en contra de la empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.

El plan del despojo lo desarrolló Tirso Esquivel Ávila junto con el ex director del departamento de reserva territorial del IPAE de Quintana Roo, Simeón Zapata Pisté, ambos con amplio conocimiento en la falsificación de documentos para adueñarse de las tierras ajenas.

En ese entonces, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Puerto Morelos inconformes aseguraron que ambos personajes (Tirso y Simeón) falsificaron no sólo documentación del predio donde están asentadas las colonias «La Fe» y «Tierra Nueva», sino que por los menos otros tres predios de alta plusvalía.

Laura Fernández, con la ayuda de sus cómplices y empresas «amigas» -a quienes les paga millones de pesos para ejecutar obra pública y/o suministro de gasolina- no sólo se apoderó de los terrenos, sino que además hasta recibió dinero en efectivo y/o especie por incluirlos en el plan de saqueo, dinero que despilfarra en sus viajes de placer a Europa, como sucedió hace unas semanas luego de que ordenó disminuir el sueldo a sus burócratas.

De hecho, la presidenta municipal de Puerto Morelos, en su momento, también se repartió el botín de su municipio con su ex homólogo Remberto Estrada Barba, con quien dividió las ganancias obtenidas en Alfredo V. Bonfil y las zonas colindantes con Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Manipuló dependencias e instituciones para despojar de las tierras y defraudar a los invasores, y de esa forma hacer las cosas «legales», para ella. El historial ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del folio mercantil 160761 correspondiente al predio donde están asentadas las colonias irregulares «La Fe» y «Tierra Nueva», descubre el contubernio de las autoridades estatales y municipales con delincuentes de «cuello blanco».

En investigación realizada por Sol Quintana Roo sobre el despojo y fraude de tierras se exhibió la clara participación de autoridades estales de la pasada y actual administraciones, específicamente de funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje y del Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo.

Documentos filtrados y en poder de este medio informativo, muestran la ruta crítica que fue torciendo la legalidad del predio a partir del 12 de agosto de 2005, cuando se realizó la primer subdivisión de 99 mil 916.71 metros cuadrados y nace la escritura 17-36-1-07, pasando por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), quien realiza el traslado de dominio a la empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.», el 4 de octubre de 2006.

Lo más grosero del caso se da en 2017, cuando con documentos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje ordenan al Registro Público de la Propiedad y el Comercio anular los embargos y las órdenes de remate derivadas de laudos laborales sin haber recibido sus respectivas indemnizaciones.

Hay que tomar en cuenta que con la ayuda del terrateniente yucateco Luis Felipe Castillo Campos, su súper asesor y cómplice, planeó apoderarse de vastas extensiones en el municipio más joven de Quintana Roo.

Su primer golpe fue la simulación de una supuesta compra-venta de 500 lotes de las colonias irregulares «La Fe» y «Tierra Nueva», pero van por más, pues entre ambos se apoderaron de la Comisaría Ejidal, que tiene reservas territoriales de alta plusvalía.

Además de los fraudes de tierras, Laura Fernández Piña hizo y hace negocios con el enemigo para beneficiarse directamente con sus acciones y evitar, totalmente, a la justicia federal y estatal. Lo mismo invierte 22 millones de pesos en recolecta de basura, que 5 millones de pesos para la adquisición de combustible en un municipio sin garantías.

La astucia y «benevolencia» de la Presidenta municipal se ha convertido en un verdadero ícono de la traición y el resurgimiento, es decir, su manera de mentir y conseguir sus metas, al precio que sean, le han dado resultado.

Forjada por las más altas temperaturas de la corrupción, la alumna más avanzada de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo ha sabido jugar con ellos. Los puso a sus pies y en el momento exacto los traicionó. Adquirió de ellos toda la sabiduría de la maldad y la conexión de los saqueos; es por eso, que durante varios años jugó junto ellos, como lo hizo de nuevo en las pasadas elecciones de 2018.

En su primera fase de presidenta municipal hizo dos grandes robos y farsas bien montadas: Contrató en 22 millones de pesos a la empresa Transportes Especializados Ruga S.A. de C.V., para encargarse de la recolección, transportación y disposición final de los residuos sólidos. Aunque el municipio siempre estuvo sucio y pestilente.

Contrató suministro, administración y control de combustibles a través del Sistema de Tarjetas Electrónicas a la empresa Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V., a quien le compró 5 millones 300 mil pesos para el suministro de un municipio que apenas cuenta con un parque vehicular minoritario.

Y para rematar, basta con mencionar que su administración erogó más de 20 millones de pesos en la construcción de domos deportivos, cuando en todo el municipio sólo existen TRES, y cada uno, según el «Gobierno del Cambio» tiene un costo superior a los 2 millones de pesos… ¿Y los demás 14 millones?

Todo lo anterior denunciado públicamente por Sol Quintana Roo con documentos y pruebas fehacientes de las informaciones plasmadas en nuestras páginas digitales y nuestro periódico impreso.

Dicho contrato lo celebró con la empresa Sistema Inteligente de Administración del Sureste S.A. de C.V., mejor conocida en Quintana Roo como Grupo Gas, a quien le adquirió Tarjetas Electrónicas, de acuerdo con el MPM/OM/LRP/ADQ/001/2018 para el óptimo desempeño de las labores que se realizan en las diversas áreas del ayuntamiento de Puerto Morelos.

El contrato destacaba por la forma en que fue formulado, que en las cláusulas sólo se menciona la cantidad de combustible adquirido, pero en ninguna de ellas plasmadas en el contrato, así como tampoco se menciona cada cuando se pagará dicha cantidad.

Es decir, Laura Fernández Piña gobierna con un comportamiento similar al realizado en la administración de Roberto Borge Angulo, donde el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, realizó contratos similares (chuecos), de los cuales salieron beneficiados.

La desesperación y falta de empatía para con los puerto-morelenses está causando desesperación y temor a la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, porque ahora sí siente pasos en la azotea y sabe que pronto podría terminar su reinado de perversidad, despojo e ignominia.

DISMINUYE SUELDO A LOS TRABAJADORES

Mientras cientos de trabajadores del municipio de Puerto Morelos están en contra de las acciones tomadas por su presidenta municipal, ésta disfruta de la vida viajando por algunos destinos del Caribe americano y otros países que están dentro del itinerario de su tour de placer que realizó hace unos días.

Antes de abandonar Puerto Morelos dejó un encarguito a sus «achichincles»: Disminuir el sueldo a sus trabajadores. Es decir, Laura Lynn Fernández Piña, sin decir «agua va» le tumbó de un plumazo a sus burócratas de entre el 20 y 40 por ciento en el salario nominal.

Su viaje saldrá gratis, gracias al «regalo» anticipado que les dieron sus trabajadores a quienes les descontó, al que menos, 500 pesos quincenales con que se pagará su tour.
La reducción de la percepción salarial se hizo efectiva ayer en general, es decir, los trabajadores se dieron cuenta al momento de revisar sus pagos quincenales. Este se hizo desde jefes hasta «barrenderos».

De acuerdo con algunos trabajadores, no hubo razón lógica para aplicar el descuento o la «austeridad», puesto que apenas se ejercerá el presupuesto 2019 y el Ayuntamiento cuenta con todo el dinero recaudado del predial y el efectivo que recibió al través del Estado por parte de la Federación que en esta ocasión hasta incrementó.

ALCALDESA MULTIMILLONARIA

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, demuestra que el negocio de la política en Quintana Roo deja jugosas ganancias, pues en tan solo 15 años ha amasado una fortuna que supera los cien millones de pesos.

Además, la alcaldesa cuenta con tres propiedades millonarias, cinco cuentas bancarias nacionales y extranjeras, vehículos de lujo, entre otros bienes, además de que tiene un ingreso que supera los 800 mil pesos mensuales.

En un acto por demás reprobable y de cobardía ante lo que no puede ocultar, Fernández Piña decidió bajar del portal 3de3 su declaración patrimonial.
Hace apenas 48 horas este medio tuvo acceso al portal en donde se pudo consultar y extraer los archivos con los que la alcaldesa con licencia exponía al escrutinio público su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su opinión positiva de Secretaría de Administración Tributaria (SAT).

Esta lamentable decisión no solo pone en tela de juicio a la puertomorelense sino que también a la institución encargada del portal de transparencia en donde se publica la riqueza de los políticos.

En documentos que presenta Sol Quintana Roo sobre la declaración patrimonial de Laura Fernández Piña, se muestra que la presidenta municipal de Puerto Morelos que deja una huella de corrupción tiene un ingreso de 892 mil pesos, desglosado en dos partes: 480 mil pesos por actividades empresariales; y 412 mil pesos por salario.

En el mismo documento se informa que compró una casa de contado en 2004 con una superficie de 360 metros cuadrados, por un monto de 2 millones 500 mil pesos; además adquirió un terreno de 264 metros cuadrados en 671 mil pesos en 2008; y un terreno en Puerto Morelos de 84 mil 249.75 metros, es decir cerca de nueve hectáreas adquirido hace apenas un año, 2017.

En el documento de 3 de 3 dice textualmente que se requieren ver aclaraciones en la sección de donde se inscribe el monto del dinero. Se anota en aclaraciones que es un terreno ejidal, por lo que no tiene escrituras. «No se establece el valor del inmueble conforme a escritura pública ya que el terreno es un inmueble ejidal», se precisó.

Sobre las cuentas bancarias, el documento señala tiene una en Wells Fargo Estados Unidos por un monto igual o superior a los 500 mil dólares; y las otras cuatro las tiene en Banorte, Bancomer, Santander y otra de HSBC, por un monto superior o igual 500 mil pesos cada una de ellas.

Los documentos que aquí presentamos, señalan que posee un automóvil Honda 2016 que le costó 685 mil pesos y un menaje de casa por 500 mil pesos.

Laura Fernández, en dos años ha incrementado ostensiblemente su fortuna, lo que despertado el interés de las autoridades judiciales y fiscales pues ahora es terrateniente y millonaria.

Sin embargo, la fortuna de Fernández Piña está más que maquillada, pues se sabe que también es socia de la empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V., compañía encargada de comercializar más de 500 lotes en los predios «Tierra Nueva» y «La Fe», además de vastas extensiones de tierra con vista al mar.

Y si de por sí resultan excesivos los ingresos y las propiedades que ha adquirido Laura Fernández Piña en los últimos años, resultan más escandalosas las acciones que ha realizado con su prestanombres el hoy diputado estatal y ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Puerto Morelos, Tirso Esquivel Ávila.

Para todos es conocido que Esquivel Ávila es el brazo ejecutor de la falsificación y alteración de documentos ante el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) y el Registro Público de la Propiedad para apropiarse de los predios donde se encuentran las colonias Irregulares «La Fe» y «Tierra Nueva».

LAURA, MITÓMANA

La presidenta municipal, Laura Fernández Piña vuelve a mentir. Su declaración patrimonial no corresponde a sus propiedades registradas ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo.

Y por mitómana, los ejidatarios del municipio le echan por los suelos su solicitud de donación de un terreno de 10 hectáreas que hizo hace unos días ante el Ejido, pues al no presentar un proyecto bien definido ni justificación para la instalación de una planta de tratamiento de aguas le cierran el paso a su codicia por acumular predios.

Resulta que las tres propiedades que se atrevió a manifestar en su declaración patrimonial Tres de Tres, Laura Fernández Piña no coinciden en dimensiones ni en precio ni en fechas, haciendo un comparativo con el Registro Público de la Propiedad.

La plataforma Tres de Tres fue creada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), junto con Transparencia Mexicana, ambas organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, es por ello el grado de compromiso es muy alto para tan baja calidad moral de muchos funcionarios públicos, como es el caso de Fernández Piña.

En una investigación de Sol Quintana Roo, se observó que en su declaración 3 de 3, la alcaldesa con licencia, dio a conocer oficialmente un ingreso de 892 mil pesos de 2016 a mediados de 2017, así como de 480 mil pesos por actividades empresariales y 412 mil pesos por salario. Todo ello desde que tomó posesión como edil de Puerto Morelos en octubre de 2016, gracias al respaldo de su protector y maestro el ex gobernador Roberto Borge, ahora preso por desvío de recursos públicos.

Hasta allí quizá hay ingresos poco comprobables, pues no aclaró qué tipo de actividades empresariales. Sin embargo, en su declaración de bienes inmuebles reportó una casa comprada de contado en 2004 con una superficie de 360 metros cuadrados, por un monto de 2 millones 500 mil pesos.

Además, un terreno de 264 metros cuadrados adquirido en 671 mil pesos en 2008 y un terreno de «84249.75»; es de decir casi nueve hectáreas, superficie adquirida en Puerto Morelos en 2017 supuestamente «a crédito», pero que le ha servido para amafiarse con invasores de predios profesionales.

Asimismo, la alcaldesa se hizo terrateniente al ser nombrada ‘avecindada’ del Ejido de Puerto Morelos, según lo confirma su declaración patrimonial, donde anota que entre 2016 y 2017, adquirió más de siete mil hectáreas en ese municipio donde es acusada de actuar en presunta complicidad con invasores de terrenos para después venderlos.

Sin embargo, ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo declaró poseer una propiedad en el Ejido Alfredo V Bonfil que adquirió el terreno de mil 885 metros cuadrados, ubicado en lote 5, de la calle Ciricote, manzana 31, súpermanzana 211 del municipio de Benito Juárez.

La propiedad mencionada se la compró en 2003 a Gabriel Pérez Escamilla Cámara por la cantidad de 99 mil 999 pesos, dinero que fue pagado al Ejido de la delegación de Alfredo V. Bonfil ante el Notario Público Jorge Alberto Rodríguez Carrillo.

Como se puede notar, esta propiedad no la declaró ante la plataforma Tres de Tres.

Pero esto no para allí, pues ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, también dice ser la dueña del predio de 299 metros cuadrados, ubicado en el lote 18-04, de la calle Holbox en la manzana 5, Súpermanzana 11 municipio de Benito Juárez.

El vendedor fue Luis Jorge García Llaguno y la transacción se realizó en 2014 por 671 mil 650 pesos. Es evidente que está propiedad tampoco la declaro en la Plataforma Tres de Tres, por lo que en esta omisión hay dolo por parte de la alcaldesa.

Otra propiedad es la que adquirió en la exclusiva zona residencial de Cancún, pues está el compromiso de compra-venta de una propiedad ubicada en la calles Fonatur lote 3, manzana 6, súpermanzana 11 del municipio de Benito Juárez.

Y si bien el compromiso de adquisición no se manifiesta, según expertos el contrato debe ser millonario, pues la zona residencial lo amerita, según se muestra en los documentos ingresados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Cancún.

El colmo de los males es que la presidenta municipal está inmiscuida en diversas denuncias por invasión y venta de lotes en Puerto Morelos, pues se le señala de ser cómplice en invasiones de por lo menos siete mil hectáreas.

La falta de congruencia que raya en la mentira, incitó a los ejidatarios que el pasado fin de semana realizaron una asamblea en la que, entre otras cosas, se abordó la solicitud de Fernández Piña de una donación de 10 hectáreas mismas que le fueron negadas, por considerarse un exceso de tierra para la instalación de una planta de tratamiento de agua.

Y es que aprovechando el manejo de información privilegiada en torno al Tren Maya y a la construcción del Parque Logístico «Puerto Morelos Park», la presidenta municipal Laura Fernández Piña ingresó la solicitud al Ejido de la demarcación la donación de 10 hectáreas bajo el supuesto de la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Y si bien la responsabilidad de adquirir las tierras para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales es la multimillonaria empresa mexicana Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S. A. de C. V. (DHC) mejor conocida como Aguakán, la muy acomedida alcaldesa Fernández Piña se inmiscuyó con fines de interés personal.

Fuentes de Aguakan revelaron que ellos requieren como máximo dos hectáreas para la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que desconoce cuál será el fin de las restantes 18 hectáreas que solicitó la presidenta municipal Laura Fernández Piña, con el respaldo de su secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina Cuevas, ambos personajes cuentan con estrechos vínculos al ex gobernador Félix González Canto.

El interés Fernández Piña era el de obtener totalmente gratis el predio de 10 hectáreas pues se cree cerca del predio solicitado se construirá la estación del Tren Maya en Puerto Morelos, por lo que en poco tiempo la plusvalía de la zona se irá por lo cielos.

En la solicitud de donación que presentó la presidencia municipal de Puerto Morelos al Ejido local no cuenta con un proyecto detallado en donde se especifique cómo se construirá la planta de tratamiento de agua ni los candados específicos para impedir que pase a manos privadas la propiedad.

Además, cerca del mismo predio que solicita en donación, está el parque logístico «Puerto Morelos Park», proyecto que detonará la economía del municipio ya que constituye el centro estratégico de apoyo ideal para el desarrollo empresarial y turístico del Sureste del país, consolidándose como centro de acopio y distribución.

La construcción del Puerto Morelos Park está proyectado en su primera etapa sobre 39 hectáreas de lo que hace algún tiempo fue el Parque Industrial de Puerto Morelos, que pretende posicionarse como un punto concentrador de la oferta de producción local, regional y nacional, para abastecer la industria hotelera del corredor Riviera Maya desde Cancún hasta Tulum, mediante el manejo, transformación y almacenaje de mercancías.

El proyecto que en un principio se llamaría Centro Logístico del Sureste, hoy se llama Puerto Morelos Park, y cuenta con 93 mil 825 m2 para la operación de CEDIS, áreas de frigoríficos, y naves desde 500 m2 y estará ubicado sobre la carretera Cancún-Tulum, entre el kilómetro 317 y 320.

La segunda etapa consistirá en un centro de exportaciones marítimas que aproveche el muelle de Puerto Morelos para exportar hacia diversas partes del continente, aunque el muelle local no reúne las condiciones necesarias como sería un puerto de altura, pero de alguna manera satisface a los inversionistas que buscan generar fuentes de empleo con la instalación de múltiples empresas.

Sin duda para hacer realidad el proyecto de manera integral implica servicios básicos como el agua y la luz, transporte y vialidades, lo que se debe de gestionar. Sin duda el tema de las plantas de tratamiento de agua es competencia y responsabilidad de la empresa privada Aguakan no de la presidencia.

Por todo ello, los ejidatarios de Puerto Morelos decidieron negarle las 10 hectáreas y solo garantizaron dos hectáreas que estarán sujetas a la presentación de un proyecto mismo que deberá entregar antes de que concluya el año, se lo contrario se cancelará la solicitud.

La negación por parte de los ejidatarios y los conflictos en algunas invasiones han creado entre la sociedad un vacío de engaños y mentiras por parte de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña.

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