*La falta de brigadistas y dinero para controlar los incendios forestales, la incapacidad de las autoridades para responder a contingencias como la llegada masiva de sargazo a las playas del Caribe mexicano y la elevada contaminación del aire en el centro del país, son muestra de la ineptitud del gobierno del presidente López Obrador para responder ante percances ambientales. La reactivación de plantas termoeléctricas, la construcción de una nueva refinería, el incremento de la extracción de petróleo y la reducción de recursos para mitigar los efectos del cambio climático que imposibilita la ejecución acciones que prohíban proyectos que dañen al ecosistema, contravienen radicalmente la preservación del medio ambiente. El principal “proyecto ecológico” del presidente de México, “Sembrando Vida”, es en realidad un programa de combate a la pobreza con fines electorales (de apoyos económicos a quien participe en la reforestación), que pretende pasar como un programa ambiental engañando una vez más a los mexicanos.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- En Greenpeace existe preocupación por el hecho de que la política energética del presidente López Obrador, contraviene radicalmente la lucha contra el cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París.

En opinión del órgano ambientalista, existe una crisis climática insostenible por una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17 mil personas al año.

Existen instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que señala que las acciones que se venían tomando por gobiernos anteriores para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), han sido borradas por completo para dar paso a energías altamente contaminantes.

Entre las decisiones contrarias al cuidado del medio ambiente se encuentra el plan nacional de refinación -que busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado, junto con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina.

También están la cancelación de la cuarta subasta energética, donde la energía renovable es más competitiva que los combustibles fósiles, el anuncio de la reactivación del sistema de plantas termoeléctricas, el plan de incrementar la extracción de petróleo, y la reducción de recursos asignados para mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en 20 por ciento respecto al 2018.

“Desde Greenpeace reconocemos la importancia de la autosuficiencia energética, así como la necesidad de erradicar la pobreza energética en nuestro país. Es verdad que lograr la soberanía en cuestión de energía es algo prioritario, pero no podemos hablar de soberanía si seguimos anclados y dependiendo de los combustibles fósiles a través de una política que agudice la grave crisis climática global”, señaló Pablo Ramírez, responsable de los temas de calidad del aire de Greenpeace México.

La organización señaló que México está a tiempo de dar un giro y alinear su política económica a la muy necesaria política climática. La actual administración se encuentra en una posición en la que tiene una responsabilidad histórica y única en cuanto a las decisiones climáticas que se adopten.

Greenpeace sostuvo que la política energética del gobierno de López Obrador contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático porque contempla la construcción de una refinería más en Dos Bocas, Tabasco, además de reducir el presupuesto para mitigar los efectos del cambio climático, lo que imposibilita la operación, ejecución, insumos y personal suficiente para no permitir proyectos que dañen el medio ambiente.

La disminución del gasto federal en temas de medio ambiente, que en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasó de 0.38 por ciento en 2014 a 0.12 por ciento en 2019 del Producto Interno Bruto (PIB), traerá consecuencias graves para la conservación del patrimonio natural, como son las costas amenazadas por el arribo cíclico de sargazo y el blanqueo de corales, fenómeno que enfrenta Quintana Roo.

Para el presente año, la Semarnat ejercerá un gasto del orden de los 31 mil 20 millones de pesos, cifra inferior a los 37 mil 580 millones ejercidos durante 2018.

Cabe recordar que inicialmente en el proyecto de presupuesto de egresos 2019 enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, la Semarnat contaba con 26 mil 520 millones de pesos para el presente año, pero las presiones de organismos ambientalistas lograron que fuera incrementado a 31 mil 20 millones.

Los ambientalistas demandaron el incremento al presupuesto, ya que argumentaron que en los últimos tres años ha ido a la baja, lo que limita severamente las acciones de conservación, restauración, gestión y uso sustentable de los recursos naturales del país, que son la base del bienestar de los habitantes.

Fueron un total de 52 organizaciones ambientalistas las que denunciaron que la reducción de 2019 se suma a la de los tres años anteriores y que acumulan un 65 por ciento respecto a 2014.

En un estudio reciente, el economista Enrique Provencio y la bióloga Julia Carabias, señalan que desde 2015 hasta 2019, la protección ambiental se ha marginado del conjunto de políticas públicas.

“Los datos hablan por sí mismos: en el periodo 2015-2019 la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue de 61 por ciento, para la Comisión Nacional Forestal la caída fue de casi 70 por ciento, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua el ajuste alcanzó 60 por ciento”.

Sin embargo, deben aplicarse todas las medidas disponibles para que los presupuestos y la acción gubernamental respondan a la necesidad de enfrentar los procesos que están generando la degradación de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos naturales.

Junto con estas y otras medidas de control del gasto es necesario considerar que no se está invirtiendo lo suficiente en medio ambiente, al contrario, se gasta muy por debajo de lo necesario, con el riesgo creciente de agotar nuestro capital natural y socavar los servicios ambientales, lo que afectará aún más el bienestar social y el potencial económico.

La reducción del presupuesto ambiental no sólo afecta las capacidades operativas y el personal dedicado a la gestión ambiental, sino también, y en ocasiones sobre todo, la realización de obras públicas, de la infraestructura indispensable para la dotación de servicios y el sostenimiento de bienes públicos.

Para 2019 las inversiones físicas, la mayor parte en el sector hidráulico, se reducirán en poco más de 21 por ciento a precios constantes, con un ajuste de casi 30 por ciento en las obras públicas, principalmente las de agua potable y alcantarillado. Más de 70 proyectos de inversión quedaron sin presupuesto asignado para 2019.

Carabias y Provencio sostienen que este nuevo retroceso presupuestal en 2019 agrava la afectación de las capacidades de inspección y vigilancia, de regulación ambiental, de evaluación de impactos y riesgos, de generación y actualización de normas, de investigación aplicada y dirigida a mejorar las políticas, de seguimiento y cumplimiento de los tratados internacionales, entre muchas otras.

Tren Maya, el más dañino al medio ambiente

Existe una gran decepción incluso de quienes votaron por López Obrador por la poca importancia que le ha dado al tema del medio ambiente.

”Su visión energética del país es un modelo que vuelve a los años 70, basada en el carbón y el petróleo. Solo la construcción de la refinería de Dos bocas ha supuesto talar 300 hectáreas de selva y manglares de forma ilegal y sin la realización de ningún estudio de impacto ambiental”, denunció Alejandra Rabasa, abogada ambientalista y miembro de Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba).

Para los ambientalistas, la construcción más dañina será el Tren Maya, un proyecto de 1.500 kilómetros de tren que recorrerá la Península de Yucatán. El tren atravesará una de las regiones más visitadas del mundo, entra las que están Cancún y Playa del Carmen o importantes zonas mayas como Tulum, Palenque, Chichén Itzá, Bacalar, Campeche o Mérida.

Aunque el gobierno federal insiste en que no tirará ni un solo árbol, el ferrocarril se construirá bajo un esquema en el que operadores privados explotarán los hoteles y centros comerciales en los alrededores de cada estación.

El principal “proyecto ecológico” del presidente López Obrador, el programa “Sembrando Vida”, por el que se plantarán solo en Chiapas más de un millón de hectáreas de árboles frutales, es severamente criticado por los grupos ambientalistas.

«Sembrando Vida” es en realidad un programa de combate a la pobreza (de subvenciones a quien participe en la reforestación) que pasa por un programa ecológico», añade Alejandra Rabasa al señalar que «López Obrador tiene una visión utilitaria del medio ambiente».

Contaminación atmosférica

Desde febrero pasado, los recortes presupuestales y el despido de personal, dejaron a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sin su titular, funcionario indispensable para la toma de decisiones y adopción de políticas en los asuntos ambientales de los estados que la conforman: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los altos niveles de contaminación por ozono y partículas PM2.5 en el Valle de México derivada de los incendios forestales, obligaron a implementar a mediados de mayo la contingencia ambiental extraordinaria, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones educativas, suspendieron clases por tres días consecutivos.

Luego del análisis realizado por la comunidad científica se observaron vientos predominantes hacia la Ciudad de México, cargados con partículas contaminantes debido a los incendios forestales registrados en otras entidades.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica), el Real-Time Air Quality Index y autoridades locales, once estados rebasaron los límites del Índice de Calidad del Aire, afectados por la presencia de incendios forestales, y en dos de ellos fue decretada por primera vez una contingencia ambiental.

Los estados con más altos niveles de contaminación fueron Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila y Veracruz.

La subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, informó que el programa de empleo temporal de brigadistas fue suspendido por el recorte presupuestal.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos económicos extraordinarios para atender la emergencia de los incendios forestales.

Se hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fortalezca las medidas de prevención y combate a los incendios forestales.

Legisladores de oposición responsabilizaron al gobierno federal de los incendios forestales por el recorte presupuestal en la Semarnat y la Conafor.

Diputados y senadores coincidieron en que se hizo un recorte presupuestal que afectó áreas neurálgicas que tienen que ver no sólo con la eficacia de la gobernanza en el país, sino que afectan a zonas sensibles de la administración pública como la Secretaría del Medio Ambiente, que sufrió un recorte sin precedentes.

El recorte en Semarnat fue de 20 por ciento, poco más de seis mil millones de pesos; en el caso de Conafor, fue del 15 por ciento, por lo que la situación de emergencia que se vivió con los 215 incendios forestales en 18 estados, puso en evidencia la negligencia del gobierno del presidente López Obrador al desatender el tema ambiental en el presupuesto para este año.

Sargazo en el Caribe mexicano

Desde enero pasado, la Universidad de Florida, Estados Unidos, pronosticó la llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano. Si la situación es similar a la de 2018, los daños al ecosistema y a la industria turística serán muy severos.

Los expertos no tienen idea de la capacidad de resiliencia del entorno ecológico ante este tipo de eventos.

Los reportes mensuales de la Universidad de Florida, basados en masas flotantes en océano abierto, son a gran escala, por lo que sólo indican la probabilidad de que llegará a las playas de Quintana Roo, sin especificar si será a Chetumal, Tulum o Cancún.

El sargazo es un tipo de macroalgas marinas pardas o cafés que flotan y crecen en el océano, y se acumulan por montones en las playas del Caribe, afectando gravemente a ese ecosistema y sus especies, causando mal olor y estragos al paisaje de una de las zonas más bellas del país.

Incrementa con la creciente contaminación del Caribe; aumenta hasta cien veces los daños causados por el aporte de contaminantes resultado de la actividad humana en las costas caribeñas en donde hay asentamientos irregulares y tratamientos inadecuados de aguas negras y grises.

Los expertos vaticinan que el arribo del sargazo a las playas del Caribe este año será 300 por ciento mayor al del 2018. Este año se estima que el sargazo que llegará a Quintana Roo superará los 24 millones de metros cúbicos, equivalentes a tres mil canchas de fútbol con un metro de altura de sargazo.

Los anteriores son solamente unos ejemplos de la negligencia del gobierno de López Obrador para atender la problemática ecológica, aunque a ello hay que agregarle que la reducción del gasto en medio ambiente incrementa las posibilidades de que México incumpla con los derechos ambientales contemplados en nuestra Constitución y con los tratados internacionales de la ONU, en particular el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención sobre Patrimonio Mundial de la Unesco y la Agenda sobre Desarrollo 2030.

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