Sol Quintana Roo
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LA COLUMNA POLÍTICA DEL SOL


 
STAFF SOL QUINTANA ROO

Días después de haber ganado las elecciones, ya como presidente electo, López Obrador anunció con bombo y platillo que una vez iniciada su administración se comenzaría con las mudanzas de las secretarías de Turismo y del Medio Ambiente y Recursos Naturales a Quintana Roo y Yucatán, respectivamente, como parte de su ambicioso programa de descentralización gubernamental.


Según lo planeado, más de 30 dependencias de gobierno y entidades públicas serían trasladadas a diversos estados de la República; sin embargo, a un año de distancia, el proyecto descentralizador parece dormir el sueño de los justos.


Y es que ya como presidente, López Obrador ha hecho de la austeridad el eje central de su administración y solo ve como beneficio para su gobierno los recursos que destina a sus programas sociales, pues solo éstos le garantizan capital electoral con miras a los comicios del 2021 en que se renovarán la Cámara de Diputados y 13 gubernaturas.


No hay dinero para los hospitales públicos, ni para medicinas, ni para las estancias infantiles, ni para los científicos e investigadores, y menos aún para los deportistas que ponen en alto el nombre de México, pero si para los “ninis” y sus proyectos del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, bueno, hasta para regalarle a El Salvador para mitigar los flujos migratorios.


El secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco Marqués, ya dijo que no esperen que lo que no se hizo en 20 años, se pueda lograr en seis meses, en clara referencia al proyecto descentralizador del gobierno de AMLO y que la mayoría de los mexicanos ve sumamente difícil que pueda lograrlo, sobre todo porque Hacienda suelta el dinero  cuenta gotas y solamente para aquellos rubros que el inquilino de Palacio Nacional considera importantes para sus fines electorales.


Parece que las cuentas no le han salido del todo bien al presidente de México, a pesar de haber cancelado proyectos como el aeropuerto de Texcoco y las Zonas Económicas Especiales.
Una más de la infinidad de promesas incumplidas.


 
Desde los pasillos del Congreso de la Unión
 
El diputado Gerardo Fernández Noroña denuncio que trabajadores del ISSSTE fueron despedidos injustamente y sin indemnización y que les habían dicho que hicieran lo que quisieran. Señalo también que había integrantes del sindicato del Colegio de Bachilleres y del Sindicato independiente del ISSSTE  los que no dejan entrar, pues les pidieron un oficio, por lo que la Mesa Dir se puso burocrática. Finalmente si pudieron entrar. Señalo que en el ISSSTE han despedido a trabajadores sindicalizados con casi 30 años dd antigüedad, lo que es una injusticia. Señalo que esta con el Presidente, pero que siempre denunciara estas practicas neoliberales.


 La diputada Ana Lilia Herrera, de Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que el Congreso abusó del Parlamento Abierto para simular una consulta al pueblo, pero no se tomó en cuenta ninguna de las observaciones hechas al Plan Nacional de Desarrollo. En tanto que el diputado Alan Falomir de Movimiento Ciudadano, expresó que el gobierno federal está sin rumbo, empecinado en convertir todos sus planes y acciones de gobierno en entrega de dádivas en efectivo para aceitar su maquinara electoral de 2021. 


La senadora Joséfina Vázquez Mota señaló la necesidad de analizar el tema del envejecimiento poblacional que enfrenta el país, con el fin de hacerlo visible para comprenderlo, porque sería imperdonable desperdiciar su sabiduría: la gente grande trabaja, sabe, convive, lucha y está presente, apuntó. Expuso que los adultos mayores enfrentan retos no resueltos, como la diabetes, donde siete de cada 10 pacientes son de 60 años o más. También retos en materia de vivienda, de salud, de pensiones. “Tenemos que entrar al estudio de las nuevas tecnologías para entender mejor el futuro, porque cuando vemos que hay personas con más de 90 años, ya no se habla de la tecera edad, sino de la cuarta edad”, declaró.

 VAN POR ELÍAS BELTRÁN

Su sucesor, ahora Fiscal General de la República, va por él… El ex titular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltran, es investigado por su sucesor en la ahora Fiscalía General de la Nación, el doctor Alejandro Gertz Manero, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, cuyo monto es de 100 millones de pesos, aproximadamente.


Según las indagatorias, Elías Beltrán recibió depósitos millonarios de varios despachos de abogados, entre ellos el del ex también ex procurador panista, Fernando Antonio Lozano Gracia.


Al dejar el puesto de encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán fundó la firma MCRELL Consultores Jurídicos, conformado por Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez, también ex servidores públicos de la institución federal.


De inmediato, recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de la empresa Kuchle y Asociados, propiedad de su esposa, a quien corresponde el 99% y el 1% restante a María Elena Beltrán Ferrara, madre de Elías Beltrán que entonces se desempeñaba como director de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.


Las pesquisas revelan que también otros despachos hicieron depósitos, entre ellos uno del bufete Lozano Gracia Abogados, por 5.56 millones de pesos y otro de PDEA Abogados que le transfirió 7.28 millones de pesos.


Los recursos provinieron de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V., ubicada en Sonora, entidad gobernada por el panista Guillermo Padrés, cuyo abogado, Lozano Gracia, logró que saliera de prisión para enfrentar en libertad su proceso, gracias a la no impugnación de un amparo de primera instancia que debió realizar la PGR a cargo entonces de Elías Beltrán.


¿La batida llegará hasta ahí, Lozoya y Beltrán? ¿O de veras alcanzará al ex presidente Enrique Peña Nieto, toda vez que se habla de que esos dineros fueron algunos de los que financiaron su campaña a la Presidencia?

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