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LA COLUMNA DEL SOL

STAFF SOL QUINTANA ROO

En ninguna de las administraciones anteriores hayan sido del PRI o del PAN, se llegó a dar la renuncia de dos secretarios de Estado, el titular del MSS, el comisionado de Migración y la directora del Programa de Estancias Infantiles, en tan solo siete meses de gobierno, mucho menos de un titular de Hacienda, dependencia clave en el saneamiento de las finanzas públicas.

Que se hayan registrado relevos en algunas de las principales carteras del gabinete Presidencial es una cosa muy diferente, pues estos cambios generalmente son por instrucción del mismo jefe del Ejecutivo.

Detrás de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, se esconde un problema mucho mayor: el autoritarismo y prepotencia con que gobierna el titular del Ejecutivo, pero también es una señal de alerta que refleja debilidad y división al interior del gobierno.

No hay registros recientes de que un secretario de Hacienda le haya renunciado al Presidente de la República, mucho menos en tan poco tiempo de gobierno. Eso es preocupante.

El problema de fondo en torno a la baja del gabinete no está en la Secretaría de Hacienda, sino en el presidente López Obrador, quien ordena las prioridades presupuestales de su administración.

En una parte de su renuncia, Carlos Urzúa dice: “discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Hasta ahí el párrafo en cuestión.

La tarea fundamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es cuidar el equilibrio fiscal, y si el Presidente le ordena destinarle cierta cantidad de recursos a determinado programa, la dependencia le va a recortar a todo lo demás, sea lo mismo al Seguro Social que a la Semarnat, cuyos titulares Germán Martínez Cázares y Josefa González-Blanco, respectivamente, renunciaron en fecha reciente.

En nuestra opinión, las prioridades en la presente administración parecen ser más que nada electorales.

Lo que pretende el Presidente es crear una base electoral pagada con recursos públicos que le proporcione votos en futuros procesos electorales, por lo que sin importarle nada está sacrificando el gasto de varias áreas que son vitales -incluso para la marcha del funcionamiento de la estructura de gobierno- con tal de financiar sus programas sociales.
La renuncia de Carlos Urzúa denota también falta de coordinación y fortaleza al interior del gabinete y aflora pleitos que empiezan a darse entre sus miembros, a la par que muestra la mano tan drástica del jefe del Ejecutivo para manejar a su antojo el gasto público.

Otra parte de la renuncia así lo dibuja: “Toda política económica debe de realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda”.

El tercer párrafo corrobora nuestra percepción: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
A las dimisiones de Carlos Urzúa (Hacienda), Josefa González-Blanco (Semarnat), Germán Martínez (IMSS), Tonatiuh Guillén (Migración) y Clara Torres (Estancias Infantiles), hay que sumarle que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en más de una ocasión le ha presentado al presidente López Obrador su renuncia, misma que el primer mandatario ha rechazado, pero ello no descarta que en cualquier momento pueda darse. Y esto apenas comienza.

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