Sol Quintana Roo
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DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO

(Primera Parte)

Julio Villarreal Arreola/STAFF SOL QUINTANA ROO

El intento incesante de convertir en “crímenes de Estado” todas las muertes sospechosas que se puedan atribuir al gobierno en México, se manifestó nuevamente al morir la activista Digna Ochoa, a consecuencia de un disparo en el cráneo.

La confusión surgió desde que el Procurador Bernardo Bátiz se equivocó al considerar que un recado amenazador estaba dirigido al PRD, (Partido de la Revolución Democrática), cuando que se refería al PRO, un centro de Derechos Humanos.

El arma que disparó el proyectil mortal estaba debajo del cuerpo de la señora Ochoa, es una pistola checoslovaca de la Primera Guerra Mundial, según comentaron algunos conocedores.

Ese detalle significante provocó enormes dudas sobre la improbable comisión de “un crimen”, aparte de que algunos recados “amenazadores” contra Digna Ochoa, estaban confeccionados con recortes de un ejemplar del diario La Jornada…que se encontró precisamente en la oficina de la activista.

No había indecisión sobre el origen de esos mensajes cortos: Digna Ochoa los elaboró para hacer creer que “su vida estaba en peligro”…como acostumbraba propalar de vez en cuando.

Pericialmente se comprobó que los recortes ajustaban con precisión al diario tijereteado, lo que prácticamente alejaba la sospecha de que algún desconocido hubiese entrado a la oficina, sin que la señora Ochoa hubiese gritado en demanda de auxilio.

Ese individuo en todo caso no habría tenido tiempo de callar sin violencia a la licenciada, de obligarla a entregar la vieja pistola checoslovaca, de hacer tres disparos, (uno hacia una pierna de la activista, el segundo a un sillón y el tercero a la cabeza de Digna Ochoa), de levantar el cuerpo para ocultar abajo el arma y darse a la fuga, todo sin despertar alarma.

La profesionista esparció harina de trigo en su lugar de trabajo y se comprobó que fue poco ANTES de recibir los disparos, de calibre .22, tenía puesto un guante de látex y los criminalistas dedujeron, desde el inicio de las investigaciones, que la señora caminó hacia su escritorio, (según las huellas del calzado), allí se dio un tiro en la pierna, se desplazó en seguida hacia un sillón y quizá se desplomó por el dolor, se recargó en un sillón, tomó la pistola con la otra mano y la volteó con el cargador hacia arriba, luego se dio un tiro en la cabeza y el proyectil quedó incrustado al otro lado, sin potencia para romper nuevamente el área ósea.

Así terminó la existencia de la señora Ochoa, antigua monja que parecía tener obsesión por demostrar que las fuerzas militares abusaban siempre de “los débiles”, y que los guerrilleros del momento tenían razones válidas para enfrentar al gobierno.

La licenciada llegó a defender a varios  hermanos de apellido Cerezo, considerados presuntos responsables de colocar explosivos en bancos y comercios de la ciudad de México.

También defendió a campesinos acusados de  oponerse al poderío de “talamontes”, a uno de los cuales se buscaba porque la activista sospechaba de él como autor intelectual de agresiones en su contra.

Al principio de las averiguaciones se creía que Digna Ochoa pudo ser víctima de alguno de esos “enemigos”, incluso se justificaba la posesión de la anticuada pistola que alguien le hizo llegar “para que la utilizara en defensa propia”.

Entonces no se sabía mucho de su vida. Se ignoraba que en una ocasión acusó a un grupo de oficiales de policía estatales que “la secuestraron en X fecha  y la mantuvieron sometida a torturas y violación”. La realidad fue diferente: la señora Ochoa estaba refugiada en un convento yucateco, en la misma fecha que mencionó oficialmente como el lapso en que fue plagiada y ofendida.

El carácter de Digna Ochoa tampoco le ayudaba mucho, pues en el centro de Derechos Humanos, “Miguel Agustín Pro”, comenzó a exagerar las “persecuciones de militares” o de enemigos gratuitos que la “amenazaban de muerte” por sus actividades de defensoría.

El gobierno llegó a proporcionarle custodios, pero le advirtió que debía justificar siempre sus temores, entonces se molestó y dejó de ser protegida, por lo que se fue a Estados Unidos, donde alguna organización la tenía becada.

Por motivos no explicados aún también perdió la beca y tuvo que regresar a México, en la época en que recordó que era dueña de una pistola checoslovaca y decidió “inventar” su asesinato.

En México se recuerda todavía el caso del exmagistrado Abraham Antonio Polo Uscanga, también se quitó la vida luego preparar cuidadosamente la escena del “crimen”: su oficina. Obviamente, no hubo ninguna ejecución, pero casi todo hacía suponer que había sido asesinado “por instrucciones de algún político encumbrado”. En ese caso se culpó injustamente al titular del Tribunal Superior de Justicia.

La que algunos criminalistas inexpertos calificaron como “el arma homicida”, también apareció junto al cadáver del suicida, no tenía huellas digitales aprovechables y las manos de Polo Uscanga no se mancharon de residuos de pólvora, porque utilizó papel desechable para manipular  el revólver, calibre .38, de la fábrica Taurus de Brasil.

Esa ocasión surgió la misma pregunta entre criminalistas: ¿Por qué un asesino, profesional o no, había de abandonar su arma? La respuesta era simple: no hubo ningún criminal, Polo Uscanga era propietario del revólver Taurus, lo había comprado en Tepito.  Pero otro Procurador mediocre distorsionó las averiguaciones: envió el arma al FBI, (tenía borrada la matrícula), “para intentar saber a quién pertenecía” (¿?).

En el asunto de Digna Ochoa, se repitieron circunstancias: en el piso había harina de trigo donde estaban marcadas únicamente las pisadas de Digna Ochoa, ninguna huella extraña. Por lo tanto, ella se quitó la vida.  En la oficina de Polo Uscanga, había polvo, mucho polvo y las únicas pisadas que encontró impresas un chofer al ubicar el cadáver de su jefe, eran  precisamente las del exmagistrado, quedaba descartada automáticamente toda posibilidad de un “crimen de Estado”.

Pero, como la oposición al gobierno siempre aprovecha  cualquier coyuntura “lógica” para acusar a las autoridades de “crimen de Estado”, en la tragedia de Digna Ochoa también metió su “mano negra”, (como lo ha hecho desde hace cincuenta años), y escandalizó en los medios que, de por sí, eran finos para engañar a la sociedad.

No era difícil “convencer” a miles de lectores de que, efectivamente, Digna Ochoa fue “victimada”. Simplemente, en los pies de fotos periciales, se aseguraba, (dos años antes de llegar a la conclusión del suicidio), que “así fue la trayectoria DE LAS BALAS ASESINAS”.

Y desde que se encontró el cuerpo sin vida de la licenciada Ochoa, hubo “declaracionitis” contra el o los victimarios, que no podían menos que ocultarse “en las sombras” porque había sido, “evidentemente”, un crimen de Estado.

La verdad se abrió paso con lentitud porque los parientes de la licenciada inmediatamente se colocaron del lado de los escépticos, nadie los convencería de que Digna Ochoa no fue ejecutada por sus defensorías antigubernamentales.

Y menos se abrirían ante la posibilidad de que se demostrase el suicidio, porque se habrían tenido que devolver los cuarenta o cincuenta mil dólares de un seguro de vida, cobrado por una de las hermanas de la señora.

Wikipedia hace saber en Internet que Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964, al paso del tiempo asistió a la Facultad de Derecho en Casa Ricardo Xalapa, Veracruz en 1984 y empezó a trabajar a tiempo parcial en la oficina del Procurador de Veracruz en 1986. El 16 de agosto de 1988, comprometida políticamente con grupos de oposición y después de advertir a su familia que había encontrado una “lista negra” de activistas políticos en la Procuraduría, “fue secuestrada en Xalapa por oficiales de policía estatales y que fue violada”. No hubo ninguna investigación sobre sus alegaciones.

En  1991 entró en el convento dominicano de la Palabra Encarnada donde estudió hasta 1999, dejó el convento sin tomar los votos.

En 1996 Amnistía Internacional alerta sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la abogada Pilar Noriega, a quienes buscaban intimidar por su participación en la defensa de supuestos zapatistas, “considerados prisiones de conciencia”.

En 1999 Digna Ochoa fue secuestrada en su propio domicilio por desconocidos, quienes la interrogaron sobre sus actividades en el centro de derechos humanos, “Miguel Agustín Pro”, respecto a la defensa de presos y sobre casas de seguridad de los movimientos armados en México. También recibió “mensajes anónimos con amenazas de muerte en las oficinas del centro”. El 17 de noviembre de ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas provisionales para “proteger la vida y la integridad física de Digna Ochoa y demás miembros del PRODH”.  Para resguardar su integridad, en 2000 se traslada a Estados Unidos, en 2001 decide regresar a México, (¿Ya no había peligro?), y se encarga del caso de los hermanos Cerezo Contreras, estudiantes universitarios detenidos el 13 de agosto de 2001, acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex de la ciudad de México y también se ocupa del caso de campesinos ecologistas presos en el Estado de Guerrero.

El 19 de octubre de 2001 murió de manera violenta. “Si bien los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue UN HOMICIDIO (¿?), la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal difundió “una compleja tesis de suicidio y se dio por cerrado el caso”.

En su cuerpo había dos heridas de bala de calibre  .22, una en la pierna izquierda y la mortal en la cabeza, del lado izquierdo. En el año 2005, a petición de sus familiares, el cadáver fue exhumado, ya que consideraban “improbable” que se tratara de un suicidio. Sin prueba alguna, Wikipedia informa que “algunas indagaciones, (¿cuáles?), indican que tras EL PRESUNTO ASESINATO de Digna Ochoa se encuentran caciques y militares, (¿Cuándo no se culpará al Ejército Mexicano?), “afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía”.

El 15 de marzo de 2007, en la sierra de Petatlán, Guerrero, “un campesino” da a conocer información que señalaba al ganadero y expresidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, “como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada”.

La reportera Sofía Viramontes informó el 13 de octubre de 2018, que el 19 de octubre del 2001, Digna Ochoa y Plácido “FUE ASESINADA” en su despacho de la Colonia Roma, en el número 31-A, de la calle Zacatecas. Sin embargo, el 19 de julio de 2002, la Procuraduría General de Justicia dijo que Digna Ochoa había cometido un “suicidio disimulado”. Margarita Guerra y Tejada, fiscal encargada de la investigación que duró casi 11 meses, dijo que esta declaración estaba sustendada en más de 50 análisis periciales, 30 de los cuales eran considerados “hechos irrefutables”.

Como se comprende, Sofía Viramontes está convencida de que Digna Ochoa fue victimada y sus jefes ordenaron “cabecear” su nota así: “Digna Ochoa, emblema de la impunidad mexicana. Fue ASESINADA por defender a los más débiles y su caso sigue IMPUNE”.

Sin embargo, añadió que Guerra y Tejada dijo ese año que uno de los hechos más contundentes para confirmar el suicidio fueron un diario íntimo y correos electrónicos que le enviaba a sus amigos: “Ella hablaba de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de un especialista, pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que fue lo que pasó”.

Cuatro años después de su muerte y de que el gobierno diera por cierto que la defensora de los derechos humanos se había suicidado, la familia Ochoa y Plácido pidió que el cuerpo fuera exhumado y se reabriera la investigación. Esta vez, la indagatoria concluyó que “NO ERA POSIBLE DESCARTAR EL ASESINATO”. Sin embargo, no se culpó ni procesó a nadie.

Por su parte, oportunamente, el reportero Lemic Madrid, de Milenio, informó que la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, desconocía cómo ingresó al país al extraña arma con que se perpetró el HOMICIDIO de la abogada Digna Ochoa y Plácido.

El maestro Bernardo Bátiz, titular de la dependencia, reveló que ninguna autoridad federal tenía registro alguno de la pistola semiautomática, calibre .22, de origen checoslovaco y que era propiedad de la defensora de los derechos humanos.

Al término de una reunión del gabinete de Gobierno y Seguridad, indicó el maestro Bátiz que para descubrir la ruta de ingreso se solicitó la colaboración del país de origen del arma, entre otros, pero la respuesta fue la misma.

“Nosotros solicitamos a la Secretaría de la Defensa Nacional que nos informara si había un registro del arma y la respuesta es que no. Asimismo, a otras oficinas del extranjero, Estados Unidos, especialmente, si había un registro del arma para ver si sabían cómo había llegado al país, y todas esas pesquisas han sido negativas”, explicó.

El maestro Bernardo Bátiz Vázquez agregó que el grupo especial encargado de las investigaciones, no había logrado establecer la ruta específica de cómo la abogada obtuvo el arma fabricada en los años cincuenta y tampoco si sabía cómo manejarla o si contaba con alguna licencia,  “sobre el asunto ya les dije, que el arma es de ella y nada más”.

Aclaró que por tratarse de un homicidio de un ciudadano que no tenía vínculos con el Poder Federal y un arma de calibre pequeño CON LA QUE SE COMETIÓ EL ASESINATO, (¿Eso diría Bátiz?), el caso continuaría bajo su responsabilidad, “vamos a mantenerlo, es un DELITO del orden común”.

Si eso dijo el Procurador, con razón fracasaron las averiguaciones. Por esas mismas fechas, el entonces presidente de la Comisión Nacional de  Derechos Humanos, José Luis Soberanes, “exigió” a la Procuraduría capitalina agotar las líneas de investigación en el caso de Digna Ochoa, “porque lo que la sociedad quiere es conocer la verdad”.

Agregó que habían pasado muchos meses del “crimen” y la población reclamaba resultados, porque “se agotaba la fe en la procuración de justicia”.

Advirtió el entonces funcionario que “por el momento dejarían que fuese la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, la que siguiera atenta a ese asunto, pero que si no se veían resultados pronto, “tendremos que intervenir en el caso Digna Ochoa, porque ya  hay un expediente por amenazas”.

En el marco del 15 aniversario luctuoso de Digna Ochoa y Plácido, en Aristegui Noticias, la abogada Pilar Noriega García dijo que su lucha se debe recordar y mantener vigente ante “las acciones que impulsan autoridades, para denostar a periodistas (¿?), defensoras y defensores de derechos humanos, a partir de supuestos y especulaciones”.

“Intentaron tildar a Digna Ochoa de loca, incluso dijeron que fue un suicidio (¿?), pero todas y cada una de las pruebas se han desvanecido sobre sus  causas, orígenes, incluso de tipo emocional y pasional que no convencen a nadie. Lo que sí se demostró fueron las agresiones físicas de que fue objeto Digna en el momento de su muerte”…

Vecinos del despacho IDENTIFICARON a “hombres con corte militar merodeando el lugar días antes de su homicidio, según Cencos”, dijo la abogada.

(¿Entonces fueron elementos de las fuerzas armadas los que planearon ASESINAR a una mujer con una pistola aparentemente de la Primera Guerra Mundial y lograron victimar a Digna en su oficina, sin hacer ruido y SIN DEJAR HUELLAS en la harina que había derramado la señora, para finamente ocultar el arma bajo el cadáver?).

Por otro lado, Lorena Ochoa, del centro de derechos humanos “Digna Ochoa y Plácido” dijo que la lucha de la abogada, enfilada hacia el amparo de los desprotegidos, INDISCUTIBLEMENTE FUE MAL VISTA POR LA ELITE GUBERNAMENTAL (¿?), por lo que padeció “amenazas y agresiones”.

A su vez, la redacción de la revista Proceso, expresó el 18 de julio de 2003, que el dictamen final con el que se dan por concluidas las investigaciones sobre la muerte de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, determinó que por la trayectoria del disparó que la mató, la entrada en el cráneo y la posición en que se encontró el cadáver, se trató de un suicidio y no de un asesinato, como sostenían los familiares de la abogada.

-No existen elementos que permitan demostrar que otra persona produjo las lesiones por disparo de arma de fuego que presenta el cuerpo de Digna Ochoa y Plácido-dice la resolución presentada por la fiscal especial para el caso, Margarita Guerra y Tejeda.

Luego de dos años de investigación sobre la muerte de Digna Ochoa, acaecida el 19 de octubre de 2001, informó Proceso, “la fiscalía determinó que existen hechos incontrovertibles que apoyan la teoría que a los ojos de  familiares de la ombudsman, investigadores y organizaciones nacionales e internacionales resulta inverosímil”.

Así, el dictamen que se daría a conocer ese fin de semana, señaló entre otros aspectos que “no cabe una persona entre el costado izquierdo del cuerpo de Digna Ochoa y el buró, adosado al librero del muro oriente, único espacio que permitiría a una persona disparar su arma de fuego en la región temporal izquierda de Digna con el mismo trayecto del proyectil descrito en el informe de la Facultad de Medicina de la UNAM”.

El documento, que el Procurador Bernardo Bátiz preveía como controvertido e incómodo, (no se calificó a sí mismo igual cuando dijo que había un recado agresivo contra el PRD, confundiéndose con el centro de derechos humanos PRO), detallaba que la defensora de los derechos humanos era “fantasiosa y tenía problemas psíquicos definidos como neurosis conversiva”, un estado de ansiedad neurótica, que le provocaba angustia y ansiedad, según el expediente 444/987, radicado en un juzgado de primera instancia de Rancho Viejo, un distrito de Jalapa, Veracruz.

La afirmación se apoyaba también en las averiguaciones que se hicieron a más de 50 personas que tuvieron algún contacto con Digna Ochoa y que concluyeron en que Digna tenía una personalidad esquizofrénica. De ese modo se indicó que los acontecimientos fueron un “suicidio simulado” y que la víctima arregló la escena del crimen poco antes de quitarse la vida.

Según el informe, los hechos se dieron así: Digna probó el arma poniendo la boca del cañón en uno de los sillones, lo que le sirvió también para observar si algún vecino acudía. El segundo disparo lo hizo contra su muslo izquierdo y luego se levantó para caer hincada y, con la mano izquierda, en una posición atípica, se disparó en la cabeza.

Proceso reveló también que existen dos cartas en las que Digna determina la distribución de sus bienes y revela un estado de ánimo que tiende al suicidio. En 1987 la abogada escribió: “Sé del dolor tan grande que les causo, pero soy

tan cobarde que no quiero enfrentar la realidad”. Por otro lado se advierte que en el ejercicio profesional de Digna, “no participó en algún caso que pusiera en peligro su vida”. CONTINUARA.

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