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DIGNA OCHOA Y PLACIDO

(Segunda parte)

STAFF SOL QUINTANA ROO

Tres personajes se habían hecho cargo de la investigación sobre el suicidio y, a su magistral manera, el reportero Carlos Marín Martínez, explicó la esencia del problema: Renato Sales Heredia -caído ayer de la Fiscalía Especial del caso Digna Ochoa-, es la segunda víctima de quienes medran de cadáveres ‘ilustres’.

En la edición de Milenio Diario, viernes 21 de Junio de 2002, el diarista Carlos Marín añadió que “antes que Renato Sales Heredia, el responsable de Averiguaciones Previas de la PGJDF, Álvaro Arceo Corcuera, fue relevado por suponer que la muerte de la abogada tenía relación con cuestiones pasionales y que el probable homicida merodeaba en el entorno de la ahora occisa”.

El señor Marín cita un excelente trabajo de Blanche Petrich en La Jornada y se permitía reafirmar que el Procurador Bernardo Bátiz estaba sustancialmente convencido de la solidez que tenía la embarazosa, políticamente hablando, conclusión de suicidio.

“Pocas investigaciones se han hecho en México tan cuidadosas  y abiertas”, dijo a Petrich el justiciero Bátiz, quien fue el primero en alarmarse cuando Renato Sales le expresó su convicción de que estaban frente a un suicidio.

Según el columnista Carlos Marín Martínez,  la íntima pero desbordante convicción del procurador, quien calificó a su equipo de “muy profesional y responsable”, no pudo con las presiones que “un licuado nauseabundo de vividores de lo que sea que reditúe políticamente, promotores de mártires, impulsores de una nueva forma de antropofagia y revendedores de despojos, ejerció sobre Bernardo Batiz o sobre el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador”.

Se preguntó Marín: “¿Cómo que un gobierno perredista en plena “Ciudad de la Esperanza” va a salir con la batea de babas de que no fueron Vicente Fox, Ernesto Zedillo, el Cisen, la Secretaría de Gobernación o el Ejército quienes “asesinaron” a la luchadora que, casualmente, dejó durante los últimos 15 años un rastro espeso de mitomanía, inestabilidad emocional, propensión al suicidio, macabras autoamenazas y, para que no hubiera duda de su paranoia, su propio cadáver”?

Con sarcasmo escribió: ¿Qué la “mataron” con su propia pistola? ¡Ah!: es que a los “agentes del  gobierno” o a “los matones de caciques” únicamente se les “olvidó” llevar la herramienta necesaria para cumplir con el encargo…

Agregó: ¿Que inclusive la licenciada escribió a su hermana, (El Universal), de su puño y letra que se mataría? Qué importa: esa propensión no era lo que denotaba en su comportamiento durante los días previos a su muerte.

Y se preguntó: ¿Por qué si Bátiz tenía toda la confianza en Renato Sales, aceptó su “renuncia”? O peor: ¿Andrés Manuel López Obrador exigió la cabeza del fiscal?

Y sin que le interesara mucho la repercusión política por la “renuncia” de su buen equipero Renato Sales Gasque, Bernardo Bátiz dijo a Blanche Petrich—según Carlos Marín—que “estaban dispuestos a que las pruebas periciales que se habían hecho, se revisaran por peritos internacionales”.

La periodista de La Jornada habría escrito que “en un periódico, (Milenio), se afirma que también el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, (Cisen), y la Procuraduría General de la República, han estado investigando y coinciden con la hipótesis del suicidio”.

Lo que se publicó en Milenio fue que “se conocían los datos medulares de la indagación, entre otras razones por el intercambio de información que se tiene entre las distintas instituciones y entidades en los tres niveles de gobierno, sobre todo cuando se trataba de asuntos tan relevantes como el falso “asesinato” de la abogada Digna Ochoa”, aclaró Carlos Marín. Y se refirió severamente a “coadyuvancias” tan inexpertas, parciales, dolosas y culpígenas como la familia de la difunta, que clamaba por un “crimen de Estado”.

Al retirarse misteriosamente Renato Sales Gasque de la polémica averiguación sobre la extinción de Digna Ochoa, tomó posesión de la Fiscalía respectiva la licenciada Margarita María Guerra y Tejada. En acto privado ante Bernardo Bátiz, el subprocurador Renato Sales Heredia entregó a Guerra y Tejada el expediente de las indagatorias realizadas por la Procuraduría.

El expediente contenía la declaración de alrededor de 200 testigos, 175 dictámenes periciales en Balística, Genética Forense, Química, Patología, Grafoscopía, Documentoscopia, Informática, Dactiloscopia y otras. Aparecían también investigaciones del Ministerio Público y de Policía Judicial, tanto en el entonces Distrito Federal, como en los Estados de Guerrero, Veracruz, Yucatán y Tabasco.

Cabe citar que por alguna razón no aclarada, la licenciada Margarita María Guerra y Tejada fue propuesta como titular de la Fiscalía multimencionada por el maestro y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien en paz descanse.

El famoso diarista sabía que la abogada había fallado terriblemente en el caso de su excolega Abraham Antonio Polo Uscanga, quien a través de sus casi inigualables conocimientos sobre asesinatos y muertes voluntarias, logró engañar a miles de personas, cuando, por meses, se dedicó a divulgar, coincidentemente, que por no sancionar a los hermanos Cerezo “como se decía que merecían”, fue obligado a “renunciar” tras oponerse a las consignas del titular del Tribunal Superior de Justicia, Saturnino Agüero, institución donde también trabajaba…Margarita María Guerra y Tejada.

La talentosa publicación de sus desdichas laborales convenció a cientos de miles de incautos, quienes creyeron “por lógica” que Polo Uscanga estaba casi “sentenciado a muerte” por deslealtad a la política nacional, y una tarde lluviosa, se despidió por teléfono de su progenitora, le encargó a tres niños que le había regalado una pareja sentimental, le pidió que se comunicara con una secretaria de confianza, (quien tenía en su poder varias cartas póstumas), y que le diera su bendición, “porque iba a un viaje del que no sabía la fecha de retorno”.

En seguida el exmagistrado, (quien se consideraba traicionado por Margarita Guerra y Tejada, al declarar ella que “Saturnino Agüero nunca pronunció consigna alguna”, aunque sabía que las consignas las recibían de Roberto Cerón, secretario particular del alto funcionario), subió a su polvosa oficina, se despojó de su saco, lo acomodó en un mueble, sacó su revólver Taurus, calibre .38 y se dio un tiro en la cabeza. El arma quedó muy cerca del cuerpo de Polo Uscanga.

En la oficina polvosa no había más huellas de calzado que las de Polo Uscanga al arribar. ¿Quién pudo matarlo sin dejar otras huellas en el polvoso sitio? Hay fotografías periciales que demuestran lo anterior. Nadie más estaba en la oficina a la hora del disparo mortal realizado por el exmagistrado.

La bala que le arrebató la vida salió precisamente del revólver Taurus, adquirido por Polo Uscanga, “para su protección”, en el mercado de Tepito.

Hasta un aprendiz de criminalista se habría dado cuenta que se trataba de un suicidio, una muerte de las llamadas “voluntarias” aunque, en el caso de Polo, no lo fue tanto porque estaba endeudado de manera escandalosa y sólo el dinero que pagaron algunas aseguradoras pudo librar hasta las hipotecas que se vencían contra la familia del ahora occiso.

Ese dinero quizá no hubiera llegado a los inocentes familiares de Polo Uscanga, de no ser porque Margarita María Guerra y Tejada insistió en que aquello “había sido un brutal asesinato”. Parecía obvio que las aseguradoras no iban a regalar su dinero a la familia de un suicida. Pero esas especulaciones quedan como siempre a consideración de nuestros respetables lectores.

Habrá que imaginarse la inconformidad de mucha gente, en especial de la que Carlos Marín calificó de “vividora y carroñera”, el viernes 21 de julio de 2002, como puede confirmarse en alguna hemeroteca.

Nadie pudo imaginar probablemente que con el caso de Digna Ochoa, la abogada Guerra y Tejada pudo consagrarse, (sin lograrlo por el ataque de los escépticos), como gran líder de investigadores y, en cambio, fue blanco directo de los medios de información, quienes aprobaban o satanizaban cualquier dato oficial, según lo estimaran conveniente.

El periódico La Prensa informó el 4 de diciembre de 2002, que la defensora de derechos humanos, licenciada Digna Ochoa y Plácido fue “asesinada” en su despacho de la Colonia Roma y que presentaba “golpes contusos”, además de lesiones que le fueron ocasionadas con arma de fuego”.

Alrededor de las 21 horas del viernes, 19 de octubre de 2001, fue descubierto el cadáver en un lugar “aparentemente en desorden”, por lo que se presumía que LOS CRIMINALES buscaban algo, además de que se supuso que eran conocidos de la víctima, pues las cerraduras no estaban forzadas.

Golpes contusos…que no existieron. Lugar en “aparente desorden”, que no hubo. “Criminales” que buscan algo, cerraduras no forzadas. ¿Quién iba a creer posteriormente que los hechos no sucedieron así?

El Procurador Bernardo Bátiz, buen político pero no investigador, colmó la confusión al calificar el asunto de la licenciada Digna Ochoa como “ASESINATO CON TINTES POLITICOS”.

El “asesino”—según el grave error de Bátiz—dejó un recado ofensivo para el PRD. En realidad, la abogada escribió mal un recado para el centro de derechos humanos PRO y podía leerse “PRD”. La Procuraduría trató de enmendar por la tarde la terrible falla de interpretación por parte de Bátiz, pero ya había prendido “la duda razonable” en la mente de miles de ciudadanos.

¿Cómo pudo atreverse Bátiz a señalar un “asesinato”, cuando ni siquiera sabía de quién era el arma antigua encontrada en el lugar de los hechos?

La ahora extinta tenía colocados unos guantes de látex rojo y por el piso había esparcido harina de trigo. En la harina no había huellas de algún “presunto criminal” y la pistola vieja fue propiedad de Digna Ochoa.

Lo único que pudo añadir Bátiz fue que el arma es checoslovaca, calibre .22, (los asesinos profesionales casi nunca utilizan calibres tan pequeños), larga y no es muy común, “difícil de conseguir actualmente”, dijo.

Al parecer, un pariente de la señora se la regaló para su protección, pues “no hacía mucho tiempo alguien la había secuestrado”…lo que no fue cierto, Digna inventó el secuestro y su violación, en realidad estaba en Yucatán, donde pidió asilo “porque su esposo, (inexistente), quería dañarla”.

Además, ¿por qué algún mercenario homicida iba a utilizar un arma de la que no sabía su existencia, en un lugar donde había muchos libros y archivos que no fueron tocados y tampoco se denunció el robo de algún objeto de valor?

Las investigaciones tuvieron que dar un extraño giro: no pudo comprobarse un “crimen de Estado”, y en cambio, la configuración de un suicidio se asomaba en las averiguaciones.

Se expresó que la CNDH, la Red Mexicana de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro, se pronunciaron porque fuera la PGJDF la que se hiciera cargo del caso y rechazaron la intervención de la PGR, “pues no logró avances en las denuncias que había presentado la ahora occisa de amenazas, hostigamiento y hasta secuestro”.

Y se afirmó que por instrucciones de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación apoyaría a la PGJDF en las investigaciones relacionadas al “asesinato” de Digna Ochoa y Plácido, para que “el crimen” no quedara impune, toda vez que fue considerado “un agravio para el gobierno federal”.

El funcionario Santiago Creel Miranda declaró que “el atentado” era una afrenta “a todos los que deseamos vivir en paz, se debe indagar a quienes tenían a su cargo la custodia de la abogada por recomendación internacional y que finalmente se descuidó”.

El llamado líder moral del PRD, licenciado Cuauhtémoc Cárdenas, aseveró que el “crimen” confirmaba que “en México no hay garantías para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

La CNDH, ajonjolí de todos los moles “inexplicables” en cuestión de derechos humanos, iba a solicitar formalmente a Gobernación “seguridad para sus defensores”, luego de que el “asesinato” de Digna Ochoa pusiera en duda las garantías para su labor.

Y como hace cincuenta años, desde el síndrome del 68, comenzó a mencionarse a los militares, pues Digna Ochoa “defendía a campesinos ecologistas de Guerrero, detenidos por fuerzas castrenses”.

Bernardo Bátiz demostró que Digna Ochoa había renunciado a su escolta, luego de un viaje a Estados Unidos. El Senado pidió una investigación rigurosa del caso, guardó un minuto de silencio en memoria de Digna Ochoa y Diego Fernández de Ceballos aseguró que “todo crimen es repudiable, fue un asesinato cobarde, artero, que nos debe indignar a todos y por eso la sociedad exige castigo para los asesinos materiales e intelectuales” (¿?).

Hasta el embajador norteamericano Jeffrey Davidow se unió a las voces que condenaban el “asesinato” de la activista de derechos humanos Digna Ochoa y confió en que se realizaría una investigación exhaustiva del “artero crimen”, porque fue un acto atroz y vil.

El licenciado Francisco Labastida Ochoa dijo que el prestigio de instituciones como el Ejército Mexicano está más allá de los lodazales y no puede quedar en entredicho, “el Ejército es pieza clave de nuestra estabilidad, no se puede insinuar su autoría sin pruebas”.

La subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, aclaró que el gobierno mexicano a través de la cancillería no solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni a la Comisión que retirara la protección a Digna Ochoa, “sino que considerara la pertinencia, que valorara la posibilidad en virtud de que las amenazas habían cesado”.

El enojo de los familiares de Digna Ochoa era comprensible. Colateralmente, no iba a devolver cuarenta o cincuenta mil dólares que cobraron por un seguro de vida que contrató la abogada. Ellos, los parientes, fueron acosados por las críticas escépticas de “asesinato artero”, “crimen cobarde”, “asesinato político”, “crimen de Estado”, “homicidio repudiable”, “asesinos materiales e intelectuales”.

En ese clima, ¿quién no siente calor al escuchar que puede no haber ni asesinato artero, ni crimen cobarde, tampoco asesinato político y por consiguiente ningunos autores intelectuales y materiales, que se habrían tomado el trabajo de regar harina de trigo, evitar dejar sus huellas marcadas en el piso, recargar a Digna Ochoa en un sillón, dispararle con un arma extraña y antigua, de pequeño calibre y de su propiedad, aparte de colocarle guantes rojos, en una oficina pequeñísima?

El sábado, 28 de diciembre de 2002, el reportero Lemic Madrid, Milenio, informó que la abogada Margarita María Guerra y Tejada aseguró tener después de un año de investigaciones, indicios que podrían revelar las verdaderas causas sobre la muere de Digna Ochoa.

Unos cinco meses atrás recibió la licenciada 22 tomos sobre la muerte de Digna Ochoa, en 2002 eran 35 tomos, se realizaron 50 declaraciones que no se tenían contempladas y se repitieron aproximadamente 20 peritajes.

El dictamen final de Criminalística estaba bien fundado, por lo que sería prácticamente irrefutable, sin interesar el costo político que pudiera acarrear el dar a conocer las verdaderas causas sobre el deceso de Ochoa.

 “No estoy jugando a nada ni aspiro a nada, yo voy de salida, no me interesa lo que digan de mí, tengo mi conciencia tranquila y después de esto yo me retiro a otras cosas, como la enseñanza a nivel superior”, comentó.

Tiempo atrás el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro había dicho que aceptaría los resultados de las investigaciones que realizaría la Procuraduría, si estuvieran sólidamente sustentadas en pruebas técnicas.

Milenio Diario, primera plana, publicó una información de Lemic Madrid, (miércoles 12 de Junio de 2002), que Digna Ochoa “inventó su asesinato, pero que por razones políticas, se mantenían en reserva las conclusiones”.

Es decir, Digna Ochoa se suicidó y las amenazas de muerte en su contra fueron hechas por ella misma.

Las hipótesis distintas se diluyeron en generalidades e imprecisiones y ninguna fue tan convincente, como la de muerte por mano propia, contraria al “crimen de Estado” que reclamaban algunas instituciones y agrupaciones.

Autoridades federales y locales de la capital del país y el Estado de Veracruz, así como sus servicios de inteligencia (gobierno federal panista, priista de Veracruz y perredista del entonces Distrito Federal), no tenían la menor duda de que la señora Ochoa se quitó la vida con su propia pistola y de que fabricó todas las amenazas de muerte que empezó a denunciar desde 1996.

Informes, reportes, peritajes, declaraciones ministeriales, y análisis abundantes, desmoronaron la hipótesis de un crimen de Estado y “ahora el reto de Bernardo Bátiz es cómo informar la verdad jurídica, sin exponerse a sufrir las consecuencias de parecer políticamente incorrecto”, concluyó Lemic Madrid.

El domingo 20 de julio de 2003, el reportero Leonardo Cortés, de La Prensa, informó que “con una pistola de su propiedad, la cual había mostrado a su hermano Ismael Ochoa, exmilitar, días antes de su muerte, Digna Ochoa se disparó en el muslo izquierdo y en la cabeza para quitarse la vida; antes preparó la escena para disimular el suicidio, y para ello elaboró un mensaje amenazante hacia el centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, en el que trabajó, con LETRAS RECORTADAS DE UN PERIODICO ENCONTRADO EN EL DESPACHO DONDE OCURRIERON LOS HECHOS y hasta polvo blanco para manos se colocó poco antes de consumar su propio deceso”.

Durante la conferencia de prensa donde la fiscal Margarita María Guerra y Tejeda dio a conocer su conclusión sobre el caso, el perito en Criminalística Oscar Lozano y Andrade, (nieto del médico forense Alberto Lozano, quien dibujó el croquis polémico sobre una autopsia inexistente que aparentemente demostraba que el general Álvaro Obregón recibió “diecinueve balazos” el 17 de julio de 1928, en La Bombilla), detalló cómo ocurrió la muerte de Digna Ochoa y Plácido, conforme las evidencias encontradas y preservadas en la pequeña sala del despacho donde había un buró, un librero y dos sillones, ubicado en la calle Zacatecas, Colonia Roma, el viernes 19 de octubre entre diez y once de la mañana.

En el lugar de los hechos no se observaron señales de violencia o lucha, pues la puerta y cerradura de la entrada al despacho no presentaban huellas de fractura o forzadura recientes.

Añadió que los recortes del periódico encontrados en el lugar de los hechos, fueron tomados de un ejemplar de La Jornada, del 29 de agosto de 2001, hallado en el mismo inmueble.

En la escena del supuesto crimen, explicó Lozano, se encontró polvo blanco, (harina de trigo), tirado en diversas partes y también fue hallada una bolsa de material sintético transparente, etiquetada con una leyenda escrita por Digna Ochoa, leyenda que rezaba: “Polvo Blanco para Manos”.

Una huella de pisada en el pasillo de entrada, donde había muestra del polvo blanco, reveló que la hoy occisa estuvo de pie en aquel sitio, donde tiró su diadema y el polvo cayó sobre los zapatos y el piso.

 CONTINUARÁ…

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