16 DE AGOSTO

Pablo Cabañas Díaz/Sol Quintana Roo

El 16 de agosto,  la protesta feminista puso en la agenda política,  las denuncias y exigencias de protocolos frente a casos de  violación, acoso sexual y feminicidios. Se exige al Gobierno de la Ciudad de México,  una respuesta  pública en donde  las mujeres afectadas sean sujetos y no objetos de las políticas públicas. Hay muchos agravios contra las mujeres. En  los  medios  de  comunicación  es común   observar las  formas en que se asume y “normaliza” la violencia física más extrema hacia las mujeres, también se han tratado con desdén las tomas y las marchas feministas, dándole tribuna  a quienes se burlan, pontifican o condenan las transgresiones de las jóvenes que marcharon el pasado 16 de agosto, cuestionando su derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas.

Cuando se realizan cuestionamientos a conductas a  las  que  estamos  habituados,  las  certezas  tienden  a  derrumbarse  y  el  terreno  se  torna amenazante. Es lo que ha ocurrido en los últimos días , cuando determinadas prácticas  sexistas  y  conductas  violentas  hacia  las  mujeres  en  espacios  laborales,  en  las  aulas  de  clases  fueron  cuestionadas  a  partir  de  denuncias  de  acoso  y  abuso  sexual,  al  igual  que  las  conductas  machistas  de  profesores ,estudiantes, jefes y compañeros de trabajo que menoscaban la dignidad de  las  mujeres,  constituyendo  parte  de  las  violencias  de  género  recurrentes  pero  invisibilizadas  -esas  “pequeñas  humillaciones  diarias.

La  impunidad alrededor  de  violaciones  y  feminicidios  ha  llevado  a  las víctimas   y   los   familiares   a   la   búsqueda   de   justicia mediante   la   denuncia   hacia   las   autoridades   y   la identificación  pública  de  los  agresores.  La  exhibición pública   y   la   presión   mediática   han   mantenido   e incrementado  la  discusión  sobre  la  violencia  de  género en las redes. De las denuncias de los delitos de violación y feminicidio se ha pasado a una discusión pública de la re-victimización  y  la criminalización. La  acción  colectiva  feminista en  México  se  ha organizado  en  torno  a  la  exigencia  de  que  se  aplique  el marco  normativo  de  castigo  al  acoso,  la  violación  y  los feminicidios. 

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