Sol Quintana Roo
Portada

EL GENERAL DURAZO (Segunda parte)

Julio Villarreal Arreola/Sol Quintana Roo

El 14 de enero de 1982 comenzaron a aparecer cadáveres de seres humanos en el Río Tula, a la altura de la última compuerta del Sistema de Drenaje Profundo, en San José Acoculco, municipio de Atotonilco, Estado de Hidalgo.

Extrañamente, sin que realmente se le pidiera información, el jefe de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, (antes Servicio Secreto), Francisco Sahagún Baca, poeta, compositor, buen guitarrista y excomandante de la Policía Judicial Federal en algunos lugares estratégicos de la República Mexicana, comenzó a explicar que “seguramente se trataba de guerrilleros extranjeros, sacrificados en nuestro territorio por opositores violentos”.

Y que “no se permitiría que las diferencias ideológicas de individuos sudamericanos se dirimieran en México y menos a base de homicidios brutales”.

La mayoría de los sacrificados ostentaba daños como si los verdugos hubiesen deseado que la corrupción de los cuerpos llegara más pronto e hiciera difícil o imposible la identificación legal.

Algunas víctimas aparecían como degolladas, otras perdieron brazos, piernas, dedos y la DIPD seguía intentando desviar las tibias averiguaciones de la Policía Judicial Federal, a base de informes totalmente falsos y no solicitados.

Nunca se imaginaron los homicidas que todo se descubriría cuando la señora Estela Pérez Ortiz, madre del taxista mexicano Armando Mogollán Pérez, buscaba a su hijo “extraviado” y se presentó en el entonces Servicio Médico Forense, donde dramáticamente reconoció los restos del joven.

Las averiguaciones, con todo y los obstáculos “naturales” que se interpusieron a través de la DIPD, avanzaron con rapidez y se comprobó finalmente la plena participación de Francisco Sahagún Baca, con el rumor colateral de que “todo lo había ordenado el jefe de la policía, Arturo Durazo Moreno”.

La masacre se conocía ya como “la matanza del Río Tula”, aunque realmente se perpetró en una de las lumbreras del drenaje profundo, localizadas en el entonces Distrito Federal.

El reportero Pascual Salanueva investigó oportunamente que los ahora occisos eran en su mayoría colombianos y que el taxista mexicano, Armando Mogollán Pérez, los transportaba y facilitaba llegadas y huidas del lugar que asaltaban los extranjeros.

Con razón se hablaba del “crimen organizado”. Los colombianos habían llegado a México, no conocían la ciudad y primero viajaron por diferentes rumbos en el taxi de Armando, hasta que más o menos se familiarizaron con calles y avenidas importantes.

Luego le dieron propinas importantes y lo convencieron de pasarse al “lado oscuro de la calle”, donde podría ganar más dinero “de lo que nunca imaginó”…y comenzaron los asaltos a mano armada. ¿Quién podía creer que los colombianos eran “hospedados” algunas ocasiones en la enfermería del penal de Santa Martha Acatitla”?.

No todos los días cometían atracos y todo se arruinó para ellos cuando un pariente de Armando Mogollán Pérez, aprovechando que pertenecía a la policía, denunció “la misteriosa actividad de su cuñado, quien inesperadamente comenzó a gozar de estabilidad económica”.

Agentes de la DIPD hicieron preguntas en la Colonia donde residía el taxista y pronto comprobaron que manejaba sumas de dinero que nunca hubiera conseguido fácilmente en su oficio. Alguna ocasión llevó a su casa un millón de pesos y pronto se descubrió el sistema utilizado por los colombianos, la DIPD se puso de acuerdo con las autoridades de Santa Martha Acatitla y los  extranjeros comenzaron a “trabajar” para Francisco Sahagún Baca y Arturo Durazo Moreno.

LEER TAMBIÉN: EL GENERAL DURAZO (Primera Parte)

Resultado de imagen para la matanza del rio tula

En cuestión de poco tiempo se iniciaron las protestas, porque los asaltantes tenían que entregar casi todo el botín a los policías, y como nunca falta alguien que se cree enterado de sus “derechos”, se amenazó a la DIPD con denunciar todo “de alguna manera”.

La advertencia se revirtió contra los atracadores y “alguien” ordenó que fuesen desaparecidos para evitar indiscreciones.

Por ser el jefe de la policía capitalina, el “crédito” de la mortal orden se dio al general Arturo Durazo Moreno, aunque es muy posible que la ambición haya provocado tal decisión macabra en el titular de la DIPD, Francisco Sahagún Baca.

Una noche de enero de 1982, un grupo de agentes conocido como “Jaguares”, (no confundirlo con el que asesinó a jóvenes de la Colonia Buenos Aires, en la ciudad de México), se presentó con camionetas oscuras y se llevó al taxista mexicano Armando Mogollán Pérez y a los colombianos “con rumbo desconocido”.

A una de las lumbreras se le dejó sin vigilancia armada por parte de la Policía Preventiva, y sobre enormes lonas, se colocó a los asaltabancos y al manejador que los ayudaba.

Los mejores tiradores entre los “Jaguares” se encargaron de abatir con pistolas y metralletas a los inconformes con la repartición de botines. Los cuerpos fueron arrojados al drenaje profundo, (se calcularon 70 metros de caída libre), y es muy posible que en el viaje hacia el Estado de Hidalgo, los restos hayan sufrido rasgaduras que hicieron pensar en “torturas previas”.

Todas las víctimas flotaron varios días después de la matanza y fueron rescatadas para su envío, previo acuerdo legal, al entonces Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Francisco Sahagún Baca fue el primero que decidió escapar del país, con un pasaporte en el que no se disimuló mucho su rostro y un gran número de amigos, serviles y serviciales otros, que tenía en la ciudad de México, se encargó de tender una fantasiosa “cortina de humo”  atizada por todo género de rumores y mitos, en especial una leyenda preferida: “Murió en un enfrentamiento con la policía y fue sepultado en un lugar no localizado aún”. Un periodista popular y famoso se encargó de afirmar que, “de acuerdo con sus fuentes de información, (a veces muy confiables), Francisco Sahagún Baca fue visto salir, con los pies por delante, (muerto), de las mazmorras de la Policía Judicial Federal”.

Jamás se confirmó su deceso y menos los chismes de que “fue visto en su tierra natal”. En julio de 1989, el reportero Miguel Cabildo, de Proceso, escribió que luego de siete años y seis meses del descubrimiento de cadáveres en el Estado de Hidalgo, “se capturó finalmente al autor intelectual de la matanza, Francisco Sahagún Baca, brazo ejecutor del exjefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno”.

El exdirector de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, y comandante del grupo “Jaguares”, que fue grupo paramilitar que sustituyó a la conocida “Brigada Blanca”, fue capturado por agentes federales el miércoles 5 de julio de 1989, en Sahuayo, Michoacán, escribió Miguel Cabildo, “no sólo como responsable del múltiple homicidio del Río Tula, sino por sus nexos con el narcotráfico”.

La noticia de la captura, explicaba Cabildo, “no fue confirmada oficialmente, sin embargo, fuentes bien informadas revelaron que Sahagún Baca estaba siendo interrogado por autoridades federales”.

Responsable directo de la matanza del Río Tula, en el que cayeron muchas personas cuyos cadáveres fueron descubiertos el 14 de enero de 1982, arrojados en Hidalgo por la corriente de la lumbrera número 8, del Emisor Central del Sistema de Drenaje Profundo, Sahagún Baca se había mantenido prófugo de la justicia desde el 15 de julio de 1984, “fecha en que los judiciales Arturo Sánchez Carrillo y Luis González Cruz fueron aprehendidos y confesaron su participación en los sucesos del Río Tula”. En ese momento,  informó Miguel Cabildo, “se puso al descubierto la participación directa de los Jaguares”.

Según el reportero la pista que sirvió para aclarar el caso Tula “fue el tráfico de cocaína que se realizaba en los centros nocturnos de la ciudad de México, en el que eran utilizados como distribuidores de la droga, choferes de taxi y algunos extranjeros”.

Lo anterior quedó asentado en un informe que recibió el 29 de julio de 1984, el entonces director de la Policía Judicial Federal, Manuel Ibarra Herrera. Paradójicamente, el informe en cuestión fue firmado por el entonces primer comandante de esa corporación y jefe de la Interpol en México, Miguel Aldana Ibarra, quien también fue enviado a prisión en 1989.

El avanzado estado de descomposición de los cadáveres del Río Tula, así como desfiguraciones corporales que sufrieron los restos, impidieron el pronto reconocimiento. Entre las víctimas estaba el taxista mexicano, Armando Mogollán Pérez.

La señora Estela Pérez Ortiz declaró que Armando era una persona seria y dedicada a su trabajo, pero se empezó a preocupar su progenitora cuando su vástago comenzó a llegar con televisores, cámaras y otros objetos caros a la casa. Cuando le preguntó la procedencia, le dijo que se los daban unos amigos colombianos, quienes lo habían contratado por tiempo indefinido.

El l8 de junio de 1981, explicó Miguel Cabildo, Armando Mogollán Pérez fue visto por última vez por su madre. Cuatro días más tarde, cuatro agentes de la DIPD, Luis Gamboa, Roberto Carvente Carreto, Arturo Sánchez Carrillo y Fernando Durruti Castillo, alias “El Flaco” y “El Lápiz”, se presentaron en el domicilio de la señora Pérez Ortiz y catearon la casa del taxista desaparecido.

El operativo fue dirigido por el comandante Rodolfo Reséndiz Rodríguez, alias “El Rudy”. Con la desaparición de la DIPD los nombres de Reséndiz y Durruti salieron a relucir, “El Flaco” relacionado con la muerte a tiros de José Luis  Ochoa Alonso, “El Chocorrol”, presunto asesino del famoso periodista Manuel Buendía Téllezgirón.

Una vez identificado el cadáver del taxista, Francisco Sahagún Baca habló con la madre del hoy occiso y le pagó los funerales. Se decía que había un símil en común entre José Antonio Zorrilla Pérez y Sahagún Baca: ambos policías “cubrían los gastos fúnebres de sus víctimas”.

Sólo ocho de los cuerpos flotantes del Río Tula fueron identificados finalmente: el del taxista Armando Mogollán Pérez y los de Jesús Ledezma Martínez, Raúl García Galaviz, Artemio Morales Cardoso, Javier Antonio Infante Salazar, José Hernández, Tito Rodríguez y Carlos Hernández.

Resultado de imagen para matanza del rio tula
Masacre en el río Tula

El escándalo era mayúsculo pero nada pasó. Dos años después de descubiertos los cadáveres del Río Tula, tras de un hecho aparentemente aislado, Sahagún Baca fue citado a comparecer, el 29 de marzo de 1984, ante el Juez Sexto Penal del fuero común. Tenía que rendir testimonio sobre el presunto robo de cinco millones de pesos que cuatro exmayores de la DIPD, bajo su mando, quitaron a unos asaltantes en 1981.

Los exmayores de la DIPD José Luis Licona, Rosendo Páramo Aguilar, Heriberto Nah Esparza y Carlos Bosque Zarazúa se habían quedado con 5 de los 10 millones de pesos que habían recuperado tras la detención de los asaltantes que robaron la sucursal 62 del Banco de Comercio, en Polanco, el 6 de agosto de 1981.

De esa primera entrevista con la justicia, Francisco Sahagún Baca salió bien librado. Pero, el 15 de julio de 1982, con la detención de los exagentes Arturo Sánchez Carrillo y Luis González Cruz, dos de los presuntos autores materiales de la matanza del Río Tula, los implicados se multiplicaron.

De las 26 órdenes de aprehensión que libró el juez 17 Penal, Roberto Villaseñor, se cumplieron 16, Sahagún encabezaba la lista pero pudo burlar a la justicia.

Los 16 detenidos fueron identificados como miembros  del grupo  “Jaguares” y uno de ellos, Héctor Fuentes, conocido como “El Patas Verdes”, (quien murió durante el proceso judicial), poco antes de enfermar gravemente hizo declaraciones que implicaron directamente a Sahagún Baca en el caso Tula. Ante el agente del Ministerio Público, Eduardo Figueroa Alonso, Fuentes declaró que “fue a finales de 1981, cuando escuché que Francisco Sahagún Baca le dijo a Reséndiz que, por instrucciones de Arturo Durazo Moreno, debían concentrarse en la investigación de una banda de asaltabancos que estaba compuesta casi en su mayoría por colombianos. Luego de esas instrucciones fueron reunidos 20 individuos aproximadamente, que fueron trasladados al batallón de Balbuena. La lista de los nombres fue destruida por instrucciones de Rodolfo Reséndiz Rodríguez. Posteriormente, los colombianos fueron trasladados al penal de Santa Martha Acatitla y vigilados mediante turnos de 24 horas. De los 20 que llevaron, algunos obtuvieron su libertad a cambio de dinero y droga”.

Y con base en las confesiones y testimonios presentados durante el proceso a los “Jaguares”, el agente del Ministerio Público, Juan Miranda Collado, comisionado especial de la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal en el caso del Río Tula, pidió para algunos de los detenidos e implicados, incluido Francisco Sahagún Baca, la pena máxima corporal: 40 años de prisión, concluyó el reportero Miguel Cabildo.

LEER TAMBIÉN: DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO (PRIMERA PARTE)

El cronista Luis del Valle, revista Impacto 1885, explicó el 17 de abril de 1986, que el más famoso de los prófugos involucrados en el caso del Río Tula, Arturo Durazo Moreno, inició la huida el 20 de enero de 1984, cuando la PGR lo acusó por evasión al fisco por más de 80 millones de pesos, posesión ilegal de armas y contrabando. Ya no se le había visto en la escena pública desde el primero de diciembre de 1982. Al siguiente año, el gobierno le confiscó tres residencias: una en Zihuatanejo conocida como “El Partenón” y dos más en las faldas del Ajusco en la ahora ciudad de México.

Una semana después del 20 de enero de 1984, el juez Fortino Valencia Sandoval dictó dos órdenes de aprehensión contra el considerado “general de división”, grado jamás reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

(Las autoridades norteamericanas, como es sabido, acusaron de “evasión de impuestos” a Al Capone, aunque estaban seguras de que era responsable de gran número de crímenes. Al “Negro” Durazo le acusaron nuestras autoridades de un delito similar y le agregaron acopio de armas y amenazas cumplidas en la modalidad de extorsión).

La persecución contra Durazo se inició el 18 de junio de 1984, dijo Luis del Valle, “cuando fue visto en Brasil, de ahí pasó a Puerto Rico y lo capturó el FBI, para presentarlo el 5 de julio del mismo año en Los Ángeles, California, cansado, notablemente más delgado y sin bigote”.

El 21 de agosto de 1984, por conducto de la embajada de México en Estados Unidos, el gobierno mexicano presentó formal petición de extradición. En su azarosa huida Durazo recorrió casi toda Europa y trató infructuosamente de obtener la ciudadanía canadiense, en Canadá compró otra fastuosa residencia. La búsqueda se extendió a lo largo de 144 países. Mientras tanto, en México, añadió Luis del Valle, la juez María de Jesús Medel citó a declarar a los principales colaboradores de Durazo, quienes reconocieron que el general había asignado a todos sus subalternos cuotas fijas, en dólares o Centenarios de oro.

“Soy inocente”, dijo Durazo Moreno al descender del avión que lo trajo de Tijuana con una escala técnica en Hermosillo, en medio de un gran dispositivo de seguridad y fue finalmente trasladado al Reclusorio Oriente para que rindiera su declaración preparatoria. Eran las 2.25 horas de la madrugada del miércoles 2 de abril de 1986…

Adiós al "Partenón": Familia de "El Negro" Durazo pierde la mansión ante la SCJN

Entrevistado en su domicilio por Guillermo A. Ledezma, José González González, autor de “Lo Negro del “Negro” Durazo”—se vendieron como dos millones de ejemplares–, dijo que después del Presidente de la República, el hombre que tuvo más poder en el sexenio anterior, “fue Durazo y no hice la denuncia entonces, porque esa denuncia no hubiera tenido validez, y además, me hubieran matado y también a mi familia”.

Desgraciadamente, expresó, “aquí no se le puede juzgar más que por lo que lo extraditaron de Estados Unidos. Allá le quitaron el delito de contrabando porque ese delito no existe allá. De hecho, Durazo está a un paso de su libertad, porque no le pueden aumentar cargos. Ya tiene  años detenido y la máxima pena que le podrán aplicar es de trece años. En México pagamos dos días de cárcel por uno de buena conducta. Cuando se pagan las dos terceras partes de la condena, tiene uno el derecho de pedir la libertad bajo fianza. Es decir, aquí le irá mejor que allá. La pena que le apliquen es pequeña en relación al demasiado mal que hizo. Le quitaron las casas. Y eso es como quitarle un pelo a un gato”.

Lo primero que hizo Durazo “fue presionar a los viejos y buenos policías para sacarlos. En el Servicio Secreto no se conocía la cocaína. Cuando él llegó jaló a la gente de la Judicial Federal que siempre había estado en las drogas y en la onda chueca. De inmediato se propagó la droga. Quitó primero a Rocha Cordero, luego a Udave, cuando los sacó metió a Sahagún Baca y su banda de drogadictos”.

Antes, era un triunfo capturar un kilo de cocaína. Cuando lo aprehendió el FBI, inmediatamente cayeron riatazos de 500, 1,000, 3,500 kilos de cocaína y 800 toneladas de mariguana, “¿qué casualidad que de repente se enteraron de todo, verdad?”, comentó José González González.

En conclusión, indicó que con la presencia de Durazo el autor del libro “volvió a ser noticia” y consideró que su libro fue el detonador para la detención del exjefe de la policía capitalina y que la sentencia es injusta porque “merecía mucho más tiempo en prisión, dado todo el daño que causó”.

Por su parte, en exclusiva para la revista Impacto, el juez Juan Silva Meza narró detalles en torno al auto de formal prisión que decretó contra el general Durazo.

De lo más lamentable e impresionante, en esos días, fue que el otrora popular jefe policial, dejó de ser el “gran cuaderno” de los  periodistas y editores de periódicos, directores de radio y televisión.

Una inmensa mayoría a la que benefició con casas, dinero, mujeres, autos, etcétera, comenzó a inventarle cargos terribles y lo convirtió en el enemigo número uno de la ciudad de México.

Muchos de sus acusadores gratuitos procuraban desprestigiarlo, A decía que B era “ladrón y asesino”, C repetía lo que aseguraba A, pero en el Juzgado Penal, ni A, B ni C demostraron las afirmaciones, la mayoría de las cuales eran rumores más o menos creíbles, pero no pruebas válidas en el juicio.

Sin que les importara mucho a los críticos, se hacía saber como en una clase de periodismo que “en un caso de homicidio, un hombre a quien se busca para interrogarle sobre la muerte, no es, automáticamente, sospechoso de asesinato. Un individuo arrestado bajo acusación de homicidio no es necesariamente un asesino. Un  hombre procesado por haber dado muerte a un tercero, no está necesariamente acusado de asesinato. Un hombre que se confiesa autor de un asesinato no es necesariamente un criminal y un hombre convicto de asesinato no es necesariamente un asesino”.

En relato de las actuaciones se leía que a Durazo se le decomisaron 42 armas de fuego, de las que según el peritaje oficial 14 son de colección y 19 de uso exclusivo del Ejército. Y que no se encontraron pruebas de que el inculpado tuviera los permisos correspondientes para uso y posesión. Mientras, muchas personas se maravillaban ante la descripción de los palacetes decomisados.

CONTINUARÁ…

Related posts

MONITOREO DE LUJO… PAGÓ IEQROO 2.4 MDP

Información

¡NUEVE MESES… Y NADA AÚN!

Información

SE INTEGRA RICARDO RAVELO A LOS PERIÓDICOS DEL GRUPO SOL

Información

Leave a Comment