Sol Quintana Roo
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CAPOS Y SICARIOS, SIN DERECHO A LA AMNISTÍA

Ricardo Ravelo/ Sol Quintana Roo

La iniciativa para que el Congreso legisle respecto de la amnistía para criminales, como había propuesto Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, sufrió algunos cambios considerables que en nada se parece a la ofrecida inicialmente.

            Recibida por la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, la iniciativa presidencial sólo beneficiará a jóvenes relacionados con delitos contra la salud que incurrieron en algún ilícitos debido al consumo de drogas, como por ejemplo el narcomenudeo.

            También tendrán beneficios, establece la propuesta, las personas que estén en prisión por haber incurrido en robo simple sin violencia; mujeres criminalizadas por haber decidido abortar y médicos y parteras acusados de asistir esta práctica. Tienen derecho a la amnistía personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa durante el desarrollo de sus procesos legales y presos políticos de conciencia que hayan resultado acusados de algún delito.

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            Según la iniciativa presidencial, en ningún caso alcanzarán este beneficio las personas acusadas de delitos graves, los que hayan causado daños graves a las personas ni los que estén sentenciados por homicidio, lesiones, secuestros o que hayan utilizado armas de fuego.

            En resumen, los miembros de la delincuencia organizada no tienen derecho a la amnistía, entiéndase capos o sicarios.

            Cabe recordar que durante su campaña presidencial López Obrador ofreció amnistía y en este derecho incluyó al crimen organizado, pues consideró que la medida debía aplicarse como una forma de explorar otras alternativas contra el crimen y frenar así la violencia generada por los cárteles de la droga

            La propuesta –me refiero a la de campaña –derivó en fuertes críticas para López Obrador, pues se le cuestionó que, lejos de combatir al crimen con la fuerza del Estado, los perdonaría no obstante las matanzas y los elevados niveles de violencia que sacudían al país.

            Durante un foro sobre seguridad organizado en abril de 2018 por El Colegio de México Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, lanzó una pregunta: ¿Vamos a meter a los niños halcones a la cárcel o les vamos a dar oportunidades de desarrollo?

            El funcionario se refería entonces a los menores de edad que son utilizados como vigías por los grupos de la delincuencia organizada. En ese entonces, el equipo de López Obrador consideraba que la amnistía no sería un decreto sino una ley que fuera producto de una reflexión social:

            “Lo haremos en un marco de legalidad –explicaba Durazo en abril de 2018 –y de respecto a los derechos humanos, en particular a los derechos de las víctimas.

            También explicaba que los tratados internacionales que México ha signado con otros Estados y organismos acotan la posibilidad de la amnistía e indultos propuestos por López Obrador.

            “Entre otros están las violaciones graves de derechos humanos, extorsión, secuestro y actos de naturaleza violenta. No hay forma de que el Congreso pase una ley de amnistía en contradicción con ese tratado que México ha firmado en materia de derechos humanos”.

            En aquella charla en El Colegio de México Durazo ofreció que el compromiso del gobierno de López Obrador será entregar un país en paz en el año 2024. Hasta ahora, cuando han transcurrido nueve meses de gobierno, la inseguridad sigue disparada: un total de catorce cárteles –con sus respectivos ramajes criminales –siguen generando violencia de alto impacto en más de 80 por ciento del territorio nacional, lo que inhibe las inversiones extranjeras, tan necesarias, por cierto, en estos momentos de emergencia económica.

            Negociaciones con el crimen

            Lo que sí está llevando a cabo el gobierno de López Obrador son rondas de pláticas con grupos del crimen organizado a fin de alcanzar la pacificación del país en territorios como Michoacán y Tamaulipas.

            Sin embargo, todo indica que para el presidente López Obrador no es muy agradable que estas acciones se hagan públicas. Hay que recordar que en días pasados desmintió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando habló de esta estrategia, en la que resaltó que había avances en las negociaciones a tal grado que los grupos armados –dijo –ya están cansados de la violencia y quieren soltar sus armas.

            Tras estos comentarios, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no negocia con criminales porque el Estado tiene la obligación legal de garantizar la seguridad pública en todo el país.

            Como lo hemos afirmado en este espacio informativo, entablar negociaciones con el crimen organizado para pacificar el territorio no debe ser visto como una afrenta, por el contrario, es una medida que otros países han puesto en marcha con el objeto de lograr la paz y desactivar el poder pernicioso de los criminales.

            Ahí está el caso del gobierno de Colombia. Allá se tuvieron que sentar a dialogar funcionarios gubernamentales y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo armado que comenzó como un movimiento guerrillero y luego devino en un cártel.

            En resumen, el gobierno colombiano negoció la paz de Colombia con un cártel de la droga. Y hubo avances porque los miembros de las FARC depusieron sus armas.

            Lo mismo pasó en España con el grupo terrotorista ETA, cuando las negociaciones terminaron con la entrega de las armas a una comisión del gobierno francés.

            En Italia –donde la mafia dominó en los años ochenta y noventa –se instrumentaron legislaciones con el propósito de que los cárteles o grupos mafiosos se pasaran del lado de la legalidad: de alguna forma hubo una suerte de amnistía o indulto con el objeto de pacificar el territorio, pues la guerra contra la mafia dejó miles de muertos.

            En México, como se ha visto a lo largo de muchos años, la guerra contra los cárteles del narcotráfico no ha podido desactivar ni el tráfico de drogas ni la violencia.

            Es un hecho que la fuerza del Estado ha resultado fallida. El más reciente de los ejemplos del fracaso quedó claro durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012): durante seis años se implementó una guerra contra el narco utilizando a las Fuerzas Armadas.

            Lejos de alcanzar un resultado, el crimen organizado se internacionalizó: la presencia militar y policiaca en todo el país, aumentada con los llamados Operativos Conjuntos, desplazó al narcotráfico hacia Guatemala, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Colombia y otros países de Centro y Sudamérica.

            De buenas a primeras, cárteles como Sinaloa, Zetas, Familia Michoacana y/o Cártel de Jalisco –por citar sólo algunos –se afincaron en esos países y comenzaron a lavar sus activos en todo tipo de negocios. No sólo eso: los cárteles mexicanos terminaron desplazando a los colombianos: les arrebataron el transporte para mover sus cargamentos hacia México, trampolín para llegar a Estados Unidos.

            De esta forma, México se convirtió, durante la guerra de Felipe Calderón, en un país exportador de violencia e inestabilidad. Y el problema del narcotráfico ni el de la violencia pudo resolverse. La razón: los cárteles terminaron asociados, se internacionalizaron y mantuvieron su poder armado y económico. De esa forma corrompieron a altos funcionarios del gobierno e incluso se infiltraron hasta la embajada de Estados Unidos en México.

            Un ejemplo de esta elevada corrupción quedó claro con la llamada “Operación Limpieza”, una investigación que puso al descubierto cómo los tentáculos del crimen cooptaron a militares, funcionarios de la PGR, agentes de la Interpol y altos funcionarios de las aduanas.

            Lo peor de esta investigación es que todos los implicados salieron de prisión por falta de pruebas. La batalla legal también la perdió Felipe Calderón en los tribunales, donde no pudo demostrar muchas acusaciones que se instrumentaron en la PGR, pues con el paso del tiempo también se demostró que la PGR fue convertida en una maquinaria para enderezar acusaciones, encarcelar a funcionarios temporalmente –como pasó con varios alcaldes michoacanos acusados de tener vínculos con el narco –para que después fueran liberados por falta de pruebas.

            En fin, toda esta guerra –la armada y la legal –como ha quedado claro con el paso del tiempo, resultó un verdadero fiasco.

            El narcotráfico ahí sigue –impune –y generando violencia por todas partes.

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