Sol Quintana Roo
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OTRAS INQUISICIONES, AYOTZINAPA: DESAPARICIÓN Y DESPONSABILIDADES

Pablo Cabañas Díaz/Sol Quintana Roo

Enrique Peña Nieto pretendió restringir el caso Ayotzinapa a un asunto local, y fue el río de manifestaciones en todo el país y fuera de él con el grito “fue el Estado” lo que lo llevó a asumir la investigación a través de la PGR, el 27 de noviembre del 2014.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue adoptada en Belem do Pará el 9 de junio de 1994. México la ratificó el 9 de abril de 2002; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002. En 2009, el Grupo de trabajo sobre Desapariciones forzadas e Involuntarias de la ONU, creado el 29 de febrero de 1980, remitió al gobierno de México diez casos, entre ellos el de Edmundo Reyes Amaya y Raúl Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR y desaparecidos por secuestro el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.

En la sentencia sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), solicitó a México que se ajustara a la normativa internacional. Por su parte, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas el 18 de marzo de 2008, y todavía no acepta la competencia del comité contra la desaparición forzada. Ninguno de estos elementos fue abordado en la propuesta que Enrique Peña Nieto dio a conocer el 28 de noviembre de 2014, y así mostró una clara coherencia con la decisión de eludir la responsabilidad del Estado. El ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam   rechazó que se tratara de un crimen de Estado, señalando que Iguala no es el Estado mexicano.

En esa misma lógica, Tlatelolco no era el Estado mexicano en 1968; la masacre de Acteal, Chiapas no es el Estado mexicano; la muerte de 50 infantes en la guardería ABC de Sonora no es el Estado mexicano; los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua no es el Estado mexicano; la matanza de Salvácar en Ciudad Juárez no es el Estado mexicano… sólo por señalar algunos ejemplos de crímenes de lesa humanidad cuya dimensión es rechazada.

La CIDH ha publicado el informe “Derecho a la verdad”, en él concluye que en el ámbito del sistema interamericano, el derecho a la verdad se vinculó inicialmente con el fenómeno extendido de la desaparición forzada. Tanto la Comisión como la Corte han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado que afecta una pluralidad de derechos: el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica. De esta forma se ha indicado que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la consecuente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos. En suma, ambos órganos han sostenido que la práctica de la desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano de derechos humanos.

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