José Sanchez/Sol Quintana Roo

Setenta y siete de los 142 detenidos por el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya están libres.

Su liberación obedeció a que el gobierno de Enrique Peña Nieto  armó mal las acusaciones.

Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, porque fueron mal integradas las indagatorias ¿pero no cuenta el actual régimen con alguna posibilidad para retener en prisión a personajes con evidencias más que suficientes para ser inculpados?

Un caso aberrante es la liberación de Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”; segundo al mando del cártel Guerreros Unidos, que ahora resulta que siquiera existe, según la óptica de Fiscalía General de la República.

Este tipo guardaba en su teléfono fotos de torturados, evidencias de ejecutados, mensajes con subalternos, saldo de muertos por enfrentamientos con Los Rojos.

Pero nada de eso cuenta porque “se violó el debido proceso”, dice el rigoprista juez, como en el caso de la secuestradora francesa, Florence Cassez, que fue liberada no porque era inocente, sino por el indebido proceso.

Y  todo esto, a nueve meses de que Alejandro Encinas Rodríguez quedó a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y a menos de una semana de que se cumplan cinco años de la desaparición de los normalistas, la única conclusión a la que ha llegado es que a los normalistaslos detuvieron, los entregaron a un grupo delincuencial, los asesinaron y los cremaron.

No hay nada nuevo, pese a que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver el problema.

Nada ha cambiado de lo que Jesús Murillo Karam dijo en su «verdad histórica» y no hay otra investigación que desmienta su versión.

El próximo jueves 26, Encinas llegará ante los padres de los normalistas con las manos vacías, excepto la liberación de los indiciados y la promesa de que: “vamos a empezar de cero y llegaremos hasta la verdad”.

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