Laura Beristain Navarrete entrega millonario contrato a Juan Antonio Fernández Ortiz, ex amigo del ex presidente Vicente Fox Quesada acusado de abuso de poder y desvío de recursos públicos de la federación y saqueador del extinto Seguro Popular.

*Manuel Fernández Gutiérrez es hijo del corrupto empresario y pareja sentimental de la venozolana Ligimel Baroni Rodríguez, dedicada al espionaje de políticos y empresarios para obtener ventajas personales.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Reportaje Especial/ Primera de dos entregas

PLAYA DEL CARMEN.- Refugio de ladrones y botín de saqueadores se ha convertido el gobierno de la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, quien ha entregado contratos por asignación directa a empresarios y funcionarios acusados de abuso de poder y desvío de recursos públicos de la federación.

Juan Antonio Fernández Ortiz, ex cachorro de Vicente Fox acusado de desviar dinero público, es socio mayoritario de la empresa “JMF Actuarios Sociedad Anónima (SA) de Capital Variable (CV) quien desde abril de 2019 recibió un contrato de manos de la alcaldesa Laura Beristain para realizar el servicio de asesoría y asistencia técnica, fiscal y jurídica, para la gestión y tramitación ante las instancias competentes de recursos públicos.

La traducción de este servicio se reduce al jineteo de la nómina de los trabajadores del ayuntamiento, el trazo de las estrategias del terrorismo fiscal desatado por la dirección de Fiscalización, la recuperación de impuestos en el otorgamiento de contratos, entre otros, dinero que por supuesto no ingresa a las arcas municipales sino que lo reparten entre la empresa, los Beristaín y los funcionarios corruptos de las direcciones involucradas.

Cálculos conservadores revelan que por lo menos cada mes se recudan y generan recursos superiores a los tres millones de pesos mismos que se reparten entre la empresa “lavadora de dinero”, los Beristain (porque los tres hermanos reciben su parte) y funcionarios municipales y federales.

LAS PROPIEDADES DE JMF

Los propietarios de la empresa JMF Actuarios SA de CV son Juan Antonio Fernández Ortiz, quien cuenta con el 95 por ciento de las acciones, y su hijo Manuel Fernández Gutiérrez que posee el 5 por ciento, este último actual pareja sentimental de la venozolana Ligimel Baroni Rodríguez, quien es el contacto directo con los hermanos Beristain, especialmente con Laura.

Ligimel Baroni Rodríguez es conocida por servir a varios amos sin importar si son el gobierno joaquinista, de los Beristain, de Mara Lezama, de Tulum, etcétera, lo cierto es que extrae documentos, graba conversaciones comprometedoras de alcaldes, diputados funcionarios para trepar a sus ramas de poder.

Incluso ha sido sorprendida por ex alcaldes de en el momento de que graba conversaciones y ofrece audios de funcionarios de primer nivel de Quintana Roo.

Ese es su trabajo espiar para vender información recientemente le entregó a  los Beristain un audio en el que el gobernador Carlos Joaquín analiza en voz alta el futuro de la alcaldesa Laura Beristain y sus funcionarios corruptos, tema que será abordado en breve.

Por el momento los dueños de la empresa JMF Actuarios SA de CV Juan Antonio Fernández Ortiz, su hijo Manuel Fernández Gutiérrez y su pareja y espía, la venozolana Ligimel Baroni Rodríguez sacan buena ventaja de la codicia de los Beristain, se dice que por lo menos Un millón de pesos cada mes.

En el leonino contrato SER/178/2019 que otorga de manera directa la presidente municipal del Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, queda en claro la ventaja que obtiene la empresa al cobrar un porcentaje de lo recuperado y los montos que maneja.

CLÁUSULAS DEL MUNICIPIO

Una de las cláusulas se señala que “el municipio pagará a la empresa por los servicios señalados en los a, b, y c de la cláusula primera un porcentaje del 28 por ciento más el Impuesto al Valor Agregado, calculado con base en la participación que le sea devuelta por haber aplicado y cumplido con la participación al 100 por ciento de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al artículo 3-B de la ley de coordinación fiscal correspondiente a los recursos del presupuesto asignado para los efectos, generada por las gestiones y trámites fiscales ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de la entrada en vigor del presente contrato y hasta el 31 de diciembre.«

El mismo documento señala que el prestador del servicio se obliga a brindar al municipio el servicio de asesoría y asistencia técnica, fiscal y jurídica para la gestión y tramitación ante las instancias competentes para la aplicación con lo establecido en el artículo 3-B de la ley de coordinación fiscal, el cual será proporcionado durante la vigencia del presente contrato.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

La empresa está obligada a brindar asesoría y asistencia técnica fiscal y jurídica encaminada a la gestión y los trámites que correspondan ante las instancias competentes para aplicar y cumplir con los establecido en el artículo 3-B de la ley de coordinación fiscal, respecto a la participación al 100 por ciento de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere la federación que efectivamente se entere a la federación, correspondiente al salario del personal que se preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Además realiza el análisis del pago correcto y cálculo de retención del impuesto sobre la renta de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

En su caso determinar las diferencias entre el impuesto Sobre la Renta retenido y el Impuesto sobre la renta a Cargo y/o saldos a favor del municipio.

Los servicios profesionales consistentes en asesorar y proporcionar asistencia técnica fiscal a el municipio para llevar a cabo el servicio de certificación fiscal digital de la nómina para el ejercicio fiscal 2019.

El servicio prestado no solo competerá en el timbrado de la nómina sino también en la regularización de la misma siempre que esto sea necesario.

Para los afectos del presente contrato se entienden por servicios profesionales de asistencia y asesoría técnica fiscal entre otros anuencia y no limitativamente los siguientes. Realizar el correcto timbrado del CFDI de nómina.

Otra de las responsabilidades es la de validar los registros federales de contribuyentes del personal de nómina (RFC) y el monto aplicable en relación con el pago del ISR por sueldos.

Actualizar el formato de facturas electrónicas conforme los establezca la autoridad fiscal en las disposiciones fiscales que para tal efecto emita. En general, cualquier otra actividad que se esté destinada al cumplimiento del presente contrato.

COSTOS DEL CONTRATO

El monto del contrato que el municipio pagara a la empresa por los servicios señalados en los a, b, y c de la clausula primera un porcentaje del 28 por ciento más el impuesto al valor agregado, calculado con base en la participación que le sea devuelta por haber aplicado y cumplido con la participación al 100 por ciento de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta correspondiente al artículo 3-B de la ley de coordinación fiscal correspondiente a los recursos del presupuesto asignado para los efectos, generada por las gestiones y trámites fiscales ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de la entrada en vigor del presente contrato y hasta el 31 de diciembre.

El contrato entró en vigor a partir del 09 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019 sin prejuicio de ninguna de las partes o cuando el objeto del mismo.

También en el documento se exhibe que la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, otorgó de manera directa un contrato JMF Actuarios SA de CV para realizar el servicio de Asesoría y Asistencia Técnica, Fiscal y Jurídica, para la gestión y tramitación ante las instancias competentes para la aplicación.

  Otra de las principales anomalías es que el contrato le fue otorgado a Juan Antonio Fernández Ortiz acusado por la Secretaría de la Función Pública federal de incurrir en irregularidades cometidas cuando estuvo al frente del programa estrella del gobierno foxista, el Seguro Popular. El funcionario fue encontrado responsable de abuso de poder y desvío de recursos públicos en el proceso de credencialización en el que participaron Grupo Inbursa e Image Technology.

 La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que el ex titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, incurrió en diversas irregularidades en el proceso de credencialización de este sistema de salud, que costó al erario público más de 368 millones de pesos.

 Ante tales anomalías, la dependencia que encabeza Germán Martínez Cázares resolvió, el 31 de mayo de 2006, que Fernández Ortiz quedaba inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, al encontrarse responsable de “abuso de autoridad”, según el expediente 15/2007-BIS.

 El negociador de la compra de 3.7 millones de tarjetas inteligentes a la empresa Image Technology, por la cual se inició una investigación en su contra, también fue sancionado a pagar 454 mil 528 pesos, según muestran datos oficiales.

 Sin embargo, la operación que otorgó el contrato millonario a Image Technology no fue el único convenio que hizo Juan Antonio Fernández para la elaboración de tarjetas inservibles y que tuvieron un cargo a las finanzas públicas.

LICITACIÓN PÚBLICA

 Previa convocatoria a la licitación pública 12161001–004–05, el ex coordinador de campaña de los “Amigos de Fox”, convino la entrega de 161 mil 281 tarjetas electrónicas con altos directivos de Grupo Inbursa, con un cargo superior a los 14 millones de pesos, según consta en la auditoría 15/06  que se anexa en el expediente del ahora ex funcionario público.

 En el documento “Resumen de reuniones de trabajo que tuvieron las empresas que licitaron el servicio de credencialización”, se consigna el informe de actividades del 16 al 23 de diciembre de 2004 en el que se evidencia que la base de datos de los afiliados al Seguro Popular fue entregada a Inbursa –filial financiera del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim–, “quienes ya están informados para proceder a la elaboración de las credenciales”.

“METAS” DEL PROGRAMA

 Según muestra la auditoría 15/06, el 4 de marzo de 2005, el coordinador general de Procesos de Credencialización, Manuel Martínez Olguín, gira el oficio  CGPC/046/2005 al subdirector técnico operativo de Tarjeta Inteligente Banco Inbursa, Armando Magaña Aguado, para realizar la “preimpresión” de tarjeta inteligente,  y así “alcanzar las metas del programa de credencialización del Seguro Popular”.

 Un mes más tarde (20 de abril del 2005) Martínez Olguín envía al mismo directivo de Inbursa 17  discos compactos con los registros de los afiliados al sistema en Chihuahua, para realizar la impresión de las credenciales correspondientes.

 Luego, el 7 de Julio de 2005, a cinco meses de haberse hecho público el concurso de credencialización, el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Fernández Ortiz, solicita al subdirector Técnico Operativo de Inbursa la instrumentación de un plan de enrolamiento para generar 15 mil credenciales que serían distribuidas entre los afiliados al Seguro Popular en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal, según consta en el oficio CNPSS/233/2005.

 Ese mismo día, Fernández Ortiz envía el oficio CNPSS/234/2005 a Magaña Aguado para la elaboración de otras 150 mil credenciales, de personas enroladas en Aguascalientes, Colima y Chihuahua.

 Toda esta operación significó para el erario público la erogación de 14 millones 313 mil 334 pesos, con un costo unitario por tarjeta de más de 86 pesos, mismas que en diciembre de 2005 se pretendieron sustituir con un nuevo sistema de credencialización que echaría a andar Image Tecnology.

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