Sol Quintana Roo
Locales

MÁS ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE ROBERTO BORGE

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal. – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción busca que Roberto Borge, ex Gobernador del Estado, pague por los daños ocasionados a la entidad, luego de que un Juez Federal suspendiera los juicios de amparo 1895/2017 y 1897/2017, tras comprobarse la falsedad de sus firmas en dichos documentos.

El Juez Federal dio instrucciones a la Fiscalía Especializada para llamar a comparecer a Roberto Borge respecto a las carpetas de investigación que tiene pendientes en Quintana Roo, a través de nuevas órdenes de aprehensión. Al parecer, se formularán las imputaciones correspondientes hasta lograr una sentencia condenatoria. De igual manera se busca abrir investigaciones en contra de los abogados del ex Gobernador por mentir al órgano federal.

En la audiencia celebrada se expusieron los respectivos incidentes de objeción por falsedad de documento, promovidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de peritos en grafoscopia. De acuerdo al Juez Federal, la firma en la demanda de amparo no fue escrita por Borge, aunque el nombre del mismo aparece en el escrito inicial, así como en el apartado respectivo.

El Juez de Distrito estimó fundado el incidente de objeción de dicho documento, efectuado en tiempo y forma por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que no existió motivo de manifestación de voluntad y aceptación con el contenido de dicho escrito.

Debido a que dicho amparo no fue firmado directamente por Borge, se validó en la audiencia que no existió el cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, debido a que no se encuentra plasmada la voluntad del acusado en el procedimiento.

Al finalizar la audiencia el Juez decidió revocar los juicios de amparo antes citados, sin necesidad de estudiar el acto reclamado, por lo que solicitó la protección de la justicia para que se concreten las órdenes de aprehensión libradas en su contra.

HISTORIAL

Roberto Borge encarcelado inicialmente en el penal “El Renacer”, una de las cárceles panameñas, pero al conocerse su intención de fugarse, lo cambiaron a la prisión de la sede de la Policía Nacional de Panamá, de donde finalmente fue extraditado el jueves 4 de enero de 2018.

El delito de lavado de dinero que la Fiscalía General de la República le imputa, es por 900 millones de pesos, en el ámbito federal, y de ser encontrado culpable purgaría una pena que iría de los 5 a los 15 años, cuyo término aritmético promedio sería de 10 años, por lo que no alcanzaría libertad bajo fianza, aunque el delito no se considere grave.

Además de ese proceso, existen también otras tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces de Quintana Roo, por los delitos de peculado, cuyo monto supera los 3 mil millones de pesos; además de ejercicio indebido del servicio público y abuso de poder

La extensa red de complicidades que tejió Borge Angulo, entre familiares y amigos, jueces, notarios, miembros de su gabinete, servidores públicos y empresarios, nacionales y extranjeros y hasta sus propios padres, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales causando un multimillonario quebranto a la entidad, resultando más voraz que sus antecesores.

Esa labor depredatoria, originó 17 denuncias ante la Fiscalía General de Quintana Roo y cuatro en la entonces Procuraduría General de la República, un total de 21 carpetas de investigación, a la fecha solamente ha sido detenida media docena de ex colaboradores del ex mandatario quintanarroense y de ellos, solamente uno permanece encarcelado.

Entre los fugitivos considerados como los más importantes y contra los que ya hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Eliézer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico Hacendario, funcionarios de primer nivel en la administración borgista que le manejaban los dineros.

Otra ruta para la estafa fue la naviera “Barcos Caribe”, cuyos principales accionistas y prestanombres de Borge Angulo fueron María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria de su padre Roberto Borge Martín y el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

Se estima que a través de dicha empresa, llevaron a cabo el blanqueo de 4 millones 500 mil dólares americanos y 14 millones 290 mil dólares australianos, para lo que simularon juicios laborales y despojaron a sus legítimos dueños de 44 hoteles y 19 predios en Tulum, Cancún y Playa del Carmen.

Entre los ex colaboradores de Borge que han sido detenidos, figura Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en base a una orden de aprehensión emitida por un juez de Control de Chetumal.

El ex secretario, es acusado de haber otorgado subsidios hasta de un 75 por ciento para la compra de terrenos, sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado por 39 millones de pesos. Empero, al aceptar su culpabilidad y declararse copartícipe, junto con Borge Angulo, obtuvo su libertad mediante el pago de 19 millones de pesos y dejar en garantía varias de sus propiedades.

Patricia García Achach, ex titular de SEDUVI, también fue detenida pero pudo quedar libre, al depositar como garantía los títulos de propiedad de seis inmuebles, y la factura de un auto de lujo.

José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación; Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente; Saúl Badillo Perry, ex director de los Servicios de Salud y Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, son otros de los involucrados en el megafraude.

También aparecen Marilyn Rodríguez Marrufo, hermana de Mauricio; Gabriela Medrano Galindo, ex diputada por el Partido Verde Ecologista; Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal y Édgar Manuel Méndez Montoya, considerado el principal prestanombres de Borge Angulo.

Pero no nada más está implicado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también es investigado por la Fiscalía Especial de Atención para Delitos Electorales por el desvío de más de 200 millones de pesos, a través del financiamiento ilícito de campañas electorales en el pasado proceso electoral de Quintana Roo del 2016.

Desde el año pasado el ex mandatario fue ingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

Related posts

PRODUCTORES DE PIÑA BLOQUEAN LA SADER EN CHETUMAL

Información

DENUNCIAN PRESUNTA OLEADA DE DESPIDOS EN AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

Información

ENCUENTRAN A UN HOMBRE APUÑALADO EN LA SUPERMANZANA 23 DE CANCÚN

Información

Leave a Comment

Ir a la barra de herramientas