Sol Quintana Roo
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¡BENEFICIA A FOXISTAS!

*Laura Beristain Navarrete contradice las decisiones de López Obrador al dar refugio y beneficios a corruptos del extinto programa social.

*Mientras AMLO da el tiro de gracia al Seguro Popular, Laura Beristain dio contratos a funcionarios y empresarios que saquearon ese programa.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Reportaje Especial/ segunda de dos entregas

Playa del Carmen.- Por ignorancia o desafío, la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete se ha convertido en la alcahuete de los ex funcionarios fueron acusados por la Auditoría Superior de la Federación de abuso de poder y el desvío de recursos públicos de la federación.

Como dimos cuenta en la primera parte del artículo, Laura Beristain Navarrete entregó un millonario contrato a Juan Antonio Fernández Ortiz, examigo del expresidente Vicente Fox acusado de abuso de poder y desvío de recursos públicos de la federación y saqueador del extinto Seguro Popular.

Además, el hijo de este non grato ex funcionario que fue inhabilitado es Manuel Fernández Gutiérrez, y pareja sentimental de la venozolana Ligimel Baroni Rodríguez, dedicada al espionaje de políticos y empresarios para obtener ventajas personales.

Juan Antonio Fernández Ortiz es uno de los principales saqueadores del seguro popular que recientemente canceló el presidente López Obrador, por ser catalogado como la “caja chica” del gobierno foxista, de Calderón y hasta de Peña Nieto en el que los funcionarios se sintieron como “nuevos ricos, llegaron al poder y buscaron hacer toda clase de negocios.

Con el Seguro Popular se armó una infraestructura impresionante con personal en exceso, costos de operación enormes y la inversión es exorbitante. Manejaron los recursos de manera arbitraria.

La historia del fraude se remonta a febrero de 2006 cuando se dio a conocer una serie de investigaciones que evidenciaban el manejo irregular de los recursos públicos en la producción de la tarjeta inteligente “Tu Salud”.

CONVOCATORIA ABIERTA

Mediante convocatoria abierta, el 10 de noviembre de 2005 la CNPSS que encabezaba Juan Antonio Fernández Ortiz otorgó en un amañado proceso, un contrato de 324 millones de pesos a Image Technology para la elaboración de 3.7 millones de tarjetas inteligentes.

Una vez concluido el concurso, las quejas no se hicieron esperar y el fallo de la licitación a favor de Image Technology fue impugnado por otro de los concursantes. Las denuncias presentadas ante la Dirección General de Inconformidades de la SFP señalaban que se habían dado todas las ventajas a la empresa ganadora para dejar fuera a los demás interesados, por lo que se abrió el expediente 779/2005.

Sin embargo, esa investigación no prosperó pues el encargado provisional de la Dirección General de Inconformidades, Mario Alberto Massé Alemán, y la directora de Inconformidades, Martha Cristina Herrera Terrazas, resolvieron que la empresa quejosa carecía de “interés jurídico” y concluyeron que la inconformidad era “infundada” en diciembre de 2005.

No obstante, más tarde se demostró que dos meses antes de que se abriera el concurso para realizar la credencial inteligente Tu Salud, funcionarios del Seguro Popular se reunieron con los representantes de la empresa que resultó ganadora el 1 de diciembre de 2005.

El 13 de Octubre de 2004, Manuel Martínez Olguín, coordinador general del Seguro Popular; Pedro Espinoza Ramos, director área y Rosendo Páramo Ramos, subdirector de área, recibieron en las oficinas de la CNPSS a Víctor Hugo Calleja, gerente de Desarrollo de la empresa Interlogic que representaba a Image Technology; Gabriel Pérez, director Comercial; Marcelo Damián, director de Operaciones de Inbursa; José Samuel Leyva Pérez, líder del proyecto; Juan Meza Iturbide, director y Arturo Castillo, gerente, para coordinar el plan piloto del Seguro Popular que se echó a andar en Colima, lo que demuestra las ventajas que había previas a la convocatoria.

Fuentes del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud confirman que la licitación sólo fue abierta para “formalizar” las negociaciones que se habían dado con antelación y que se había hecho una emisión previa de tarjetas, sin licitación con el grupo financiero Inbursa.

Luego de dar carpetazo a una primera investigación, seis funcionarios de la SFP reabren los expedientes del Seguro Popular para investigar a Juan Antonio Fernández Ortiz y a sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, prácticas de nepotismo, captación de votos y lavado de dinero, entre otras irregularidades.

A través del acuerdo 12/1.0.3.2.1 del OIC de la Secretaría Salud que los funcionarios inician la auditoría 15/06 CNPSS, al amparo de la orden 12/10321/051/06 emitida el 18 de abril de 2006.

El documento, fechado el 27 de junio de 2006, señala que fueron solicitados todos los registros, informes, facturas, libros principales y auxiliares, reportes, documentos y correspondencia que se estimen necesarios, a todas las empresas que han otorgado servicios al Seguro Popular y a las que concursaron en la licitación.

LA CONVOCATORIA

Según la convocatoria 12161001-004-05 Image Technology presentó un costo unitario de 86.59 pesos por tarjeta, lo que derivó en un importe total sin IVA de 320 millones 399 mil 650 pesos, aunque versiones de algunos participantes aseguran que su costo real asciende apenas a los 20 pesos.

Pese a las claras especificaciones de la licitación, el contrato firmado por Juan Antonio Fernández Ortiz, titular del Seguro Popular; Manuel Martínez Olguín, asesor de procesos de credencialización, y Gilberto Pérez Ramírez, representante legal de Image Technology, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, detalla que se erogaron 368 mil 460 millones de pesos y no los 320 millones que se tenían presupuestados.

Otro de los funcionarios investigados por la SFP, entonces encabezada por Eduardo Romero Ramos, es el director general de Gestión de Servicios, Ángel Giovanni de Luna Loyola –colaborador y amigo de Fernández Ortiz, desde que ambos laboraron en Secretaría de Agricultura– por supuesto lavado de dinero.

Funcionarios de la Función Pública encontraron en el Registro Público de la Propiedad que De Luna Noyola es, además de funcionario de gobierno, rector y representante legal del Organismo Mundial de Investigación, Sociedad Civil, así como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México, organización que impulsó hace seis años la candidatura de Vicente Fox.


Además de las diversas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la credencialización del Seguro Popular, hay evidencias de que el gobierno de Vicente Fox utilizó el programa en plena campaña electoral para allegar de votos a su partido.
El 21 de mayo, Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia formal ante la Función Pública en contra de la CNPSS, “por probable daño patrimonial a la hacienda pública estimado en más de 368 millones de pesos”.

Señaló que hay muestras del uso electoral que se le dio al programa, como la entrega a los beneficiarios de las credenciales, junto con una carta firmada por Vicente Fox, en la que invita a los afiliados a seguir trabajando juntos.

Con el sello de la Presidencia de la República, la misiva fechada en marzo de 2006, felicita a los beneficiarios de este programa por contar con la tarjeta Tu Salud.

“Sé que para ti y tu familia es importante tener atención médica oportuna. Por eso, diseñamos el Seguro Popular, que les brinda servicios de salud de calidad y protege el patrimonio familiar (…) Trabajando juntos y, con responsabilidad, continuaremos construyendo un México más fuerte y con más oportunidades para todos”, reza la propaganda.

Maricela Contreras, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, expresa que esta es una evidencia más de que Vicente Fox utilizó este programa como un mecanismo de coerción para el proceso electoral.

“Este es un elemento más para mostrar a la ciudadanía la acción concertada del gobierno con el fin de apoyar, fuera de los marcos legales, a Calderón para que llegara a la presidencia de la República. Indudablemente esa carta es un elemento importante de denuncia”, dice la legisladora perredista.

En su momento el entonces encargado del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, negó haber incurrido en el manejo irregular de los recursos y en un amañado proceso de credencialización.

El ex coordinador de campaña de los “Amigos de Fox” rechazó las acusaciones que se habían hecho en su contra y dijo que las quejas presentadas ante Función Pública por la empresa concursante Técnica Comercial Vilsa habían sido por dolo.

El fraude llegó hasta la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que posee el expediente penal en contra del actuario Juan Antonio Fernández, extitular del Seguro Popular, por el supuesto fraude contra el erario, que supera los mil millones de pesos.
Se le buscará cuadrar el delito de peculado: según las evidencias, en poder de las autoridades federales, el examigo de Vicente Fox transfirió recursos públicos a cuentas bancarias personales y familiares, radicadas en el extranjero.

Fernández Ortiz también podría estar involucrado en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, abuso de autoridad y tráfico de influencias, revelaron las investigaciones que siguen estancadas en la hoy Fiscalía General de la República y en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

Las averiguaciones presumen que en el millonario desfalco al erario están involucrados, además de Fernández, sus colaboradores cercanos. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo resolvió inhabilitar a Fernández Ortiz por 10 años, al encontrarlo responsable de un daño económico al erario de apenas 227 mil 264 pesos.
El 31 de mayo pasado, la SFP determinó que el actuario realizó un viaje injustificado a las playas de Honolulu, Hawai, del 10 al 12 de febrero de 2006.

Investigadores de la FGR aseguran que las irregularidades no se ciñen a viajes injustificados, sino que se comprueban desvíos de recursos y adjudicaciones de contratos improcedentes durante el proceso de credencialización del Seguro Popular. Agregan que también hubo pagos irregulares de consultorías externas, enrolamiento de beneficiarios y nómina.

Además, el expediente involucra a varios empresarios: Roberto Isaac Rodríguez, encargado del Fondo de Infraestructura de Medios de Pago Electrónicos (FIMPE); Enrique y Gabriel Pérez, directivos de Image Technology; Meyer Guerrero, de la empresa E. Siglo, y Alfonso Franco, de Grupo Infra.

LA CREDENCIALIZACIÓN

Sobre el proceso de credencialización, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) asegura que la información, solicitada a través de la Ley de Transparencia, es “inexistente”, por formar parte de la auditoría 15/06.

La CNPSS –encargada de operar el Seguro Popular– indica que el 20 de febrero de 2007 entregó la documentación original que ampara el contrato CNPSS/S/LP/020/2005 a la directora de Auditoría a Programas Federales y Especiales del OIC, en la Secretaría de Salud, Georgina Uranga Barri.

De acuerdo con dicho convenio, otorgado a Image Tecnology y a sus socias E Siglo y Oracle de México y al que tuvo acceso Fortuna, las empresas debían elaborar la credencial con chip Tu Salud. Por este producto, actualmente inservible, la institución pagó 368 millones de pesos.

Ese no es el único caso. Otro contrato por 742 millones de pesos celebrado con Image Tecnology, Cosmocolor (de Jorge Kahwagi), Engenico y Gemplus se encuentra impugnado por la SFP. Dichas empresas llevaron a cabo diversas operaciones de avance tecnológico dentro del programa.

LA NEGOCIACIÓN

En la negociación de éste, además, se encuentran implicados los funcionarios José Antonio González Pérez, director general de Financiamiento; Martha Evelia Dávalos, directora administrativa del Seguro Popular; y María Eugenia Galván Antillón, del OIC de la Secretaría de Salud, quien dio carpetazo a la queja interpuesta por la empresa Técnica Comercial Vilsa, luego de detectar irregularidades en el proceso de licitación 12161001-004-05.

En estas anomalías también podrían estar implicados Giovanni de Luna Noyola, exdirector general de Gestión de Servicios de Salud, y Rocío Herrera, coordinadora general del Proceso de Credencialización del Seguro Popular e hijastra de Juan Antonio Fernández.
El Resumen de pagos realizados durante el ejercicio 2005 especifica en su apartado de “irregularidades” que fueron erogados 389 millones 431 mil 342 pesos, por el pago de diversas aplicaciones tecnológicas.
A detalle, la auditoría muestra que fueron entregados 17 millones 703 mil 469 pesos por el pago de un servidor central de la marca IBM a la empresa Qualita, con el registro LPI-1216001-003-05, y que no fue solicitado a la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Con el pedido 029/05 se pagó un millón 104 mil pesos a Impresora Profesional, para la elaboración de porta tarjetas; 373 mil 351 pesos para el soporte del servidor a Sixsigma Networs México; y 1 millón 790 mil 521 pesos, por el pago de asesorías a diversos consultores.

Ninguno de estos desembolsos fueron dictaminados ni autorizados debidamente por las autoridades competentes, y a ello se suma el derroche por 368 millones 460 mil pesos que significó el contrato CNPSS/S/LP/020/2005, otorgado a la empresa Image Tecnology y sus socias E Siglo y Oracle de México.

Entre las consultorías pagadas se encuentran las de Patricia de la Concepción Noriega Hurtado, para el “establecimiento de objetivos y estrategias de organización del manejo de los recursos humanos”, con el contrato CNPSS/S/AD/004/2005, por 190 mil pesos.
También participó Leopoldo Domínguez González en la elaboración del plan de trabajo mediante el cual se establecería la “estrategia organizacional del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, con el contrato CNPSS/S/Ad/007/2005, por 110 mil pesos.
RFID México brindó el servicio de consultoría para la definición de alcance y arquitectura de la tarjeta de identificación (tecnología RFID 13.56 mhz), con el contrato CNPSS/S/AD/011/2005, por 356 mil 500 pesos.

OPERACIONES EN EL SEGURO POPULAR

Ernesto Rocha Santoyo, excolaborador de Juan Antonio Fernández Ortiz cuando estuvo en la Secretaría de Agricultura, también obtuvo el contrato CNPSS/S/AD/012/2005, por 206 mil 521 pesos, para llevar a cabo el establecimiento del macro modelo de medicamentos dentro de la operación del Seguro Popular, a través de la tarjeta electrónica.

Silvia Franco Figueroa obtuvo el contrato CNPSS/S/AD/016/2005, por 285 mil pesos, para la elaboración del libro Política de medicamentos. Erika León Ledesma redactó otro texto titulado Seguro Popular, por el que recibió 275 mil pesos, bajo el contrato CNPSS/S/AD/016/2005.

SPONTY (contrato CNPSS/S/AD/016/2005) obtuvo 345 mil pesos por la elaboración del Manual de comunicación; Lourdes Rivera Ugalde consiguió otros 322 mil pesos por el título Documentación chip.

Todas estas evidencias permanecen reservadas y en poder de la dirección de Auditoría a Programas Federales y Especiales del OIC de la Secretaría de Salud. Se encuentran en observación para proseguir con las acciones penales y administrativas en contra de Juan Antonio Fernández Ortiz y sus colaboradores más cercanos.

INHABILITAN A FUNCIONARIO

Información entregada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestra la inhabilitación a Juan Antonio Fernández Ortiz y a su excolaboradora e hijastra Rocío Herrera. Ambos exservidores públicos violaron las leyes y normatividad presupuestal y cometieron abuso de autoridad.

En una versión pública, la SFP señala que el excolaborador de los Amigos de Fox “no cumplió” con el servicio encomendado como Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, luego de hacer los trámites correspondientes para el pago de viáticos y pasajes internacionales a Hong Kong, Singapure y Tokio en compañía de Rocío Herrera Herrera.

El motivo que supuestamente justificaba la salida de los exfuncionarios fue “Conocer la planta e instalaciones de Gemplus Industrial, S.A. de C.V., lugar donde se está realizando el proceso de fabricación de la tarjeta Tu Salud Familiar y supervisar la entrega de la primera tarjeta y sus características”.

Esto implicó, dice la SFP, un daño económico al erario de 227 mil 264 pesos, pues el viaje no redituó en beneficio alguno para la operación del Seguro Popular. Sin embargo, sí permitió que los exfuncionarios conocieran las playas de Honolulu, Hawai, del 10 al 12 de febrero del 2006.

Luego de detectar dichas irregularidades, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP multó a Fernández Ortiz con 454 mil 528 pesos y 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Su excolaboradora, Rocío Herrera Herrera, fue sancionada con 2 mil 480 pesos y un año de inhabilitación por haber justificado la estancia en Tokio, Japón, en compañía de su madre Rocío Herrera Villagrán, señala el expediente 15/2007 Bis de la Secretaría de la Función Pública.

A la fecha, la administración de Laura Beristain ha otorgado contratos al empresario y ex funcionario público Juan Antonio Fernández Ortiz, a su hijo Manuel Fernández Gutiérrez y la venozolana Ligimel Baroni Rodríguez, dedicada al espionaje de políticos y empresarios para obtener ventajas personales.

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