Sol Quintana Roo
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CRIMEN Y VACÍO DE ESTADO

Ricardo Ravelo/ Sol Quintana Roo

En diversos estados del país han surgido grupos armados que se autodenominan miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que a través de las redes sociales envían mensajes desafiando al Estado mexicano.

En sus mensajes de guerra piden al gobierno de Michoacán y de Tamaulipas que se hagan a un lado porque ellos llegaron al territorio para poner orden frente a la violencia que otros cárteles están generando.

Se trata de una ocupación territorial violenta, pocas veces vista en otros tiempos, pero que se está convirtiendo en parte de la normalidad en México.

En Uruapan, Michoacán, por ejemplo, el CJNG irrumpió hace poco más de un mes para declararle la guerra a los cárteles que operan en ese estado: La Familia michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y el reducto que todavía queda de los hermanos Valencia.

En las redes sociales, el grupo armado envió un mansaje que desafió al gobierno estatal: dijeron que iban a limpiar el territorio, que no se iban a meter con la población y que iban a ejecutar a los criminales que están desequilibrando la vida pública.

Lo mismo ocurrió en Tamaulipas, donde otro grupo armado, presuntamente miembros del CJNG que encabeza Nemesio Oseguera, El Mencho, irrumpió en ese estado. Pidieron al gobierno estatal que se hiciera a un lado porque ellos iban a poner orden en el territorio.

Fue evidente que este grupo paramilitar le declaraba la guerra a los cárteles del Golfo y Los Zetas –amos de la plaza considerada “la joya de la corona” –quienes llevan varias décadas de dominación en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país donde todo huele a criminalidad.

Recientemente, en ese estado se denunció que la policía estatal, una de las más contaminadas del país, cometió una ejecución extrajudicial. Varios agentes secuestraron a unos cinco civiles a quienes les exigieron ponerse ropa militar, luego se los llevaron y fueron ejecutados.

Es posible que los agentes estatales, quienes están prófugos de la justicia, hayan acordado con un cártel de la droga el asesinato de algunos rivales, pero en lugar de ellos echaron mano de personas ajenas al crimen organizado para hacerlas pasar como criminales.

Esto es lo que acreditan, hasta ahora, las investigaciones de este caso que hizo recordar otra ejecución sumaria –el caso Tlatlaya –donde varios militares fusilaron a personas que estaban secuestradas en una casa de seguridad del estado de México. Las víctimas estaban desarmadas, según confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como se ha explicado en este espacio, en México operan unos 14 cárteles de la droga, cuyas ramificaciones se extienden por todo el territorio nacional.

Estos grupos criminales no sólo operan con el tráfico de drogas sino con una veintena de tipologías delictivas, entre otras, el secuestro, la piratería, la trata de personas, el tráfico humano, la venta de protección, el despojo de propiedades, entre otras.

También han dado rienda suelta a las extorsiones, uno de los delitos que más han afectado a la sociedad en todo el país, pues se trata de un cobro mensual de lo que se conoce como “derecho de piso” que se impone por la fuerza a todo tipo de comercios.

También obligan a los restauranteros a vender droga. Cuando los dueños se oponen enseguida vienen las amenazas, los crímenes y las balaceras.

Otra modalidad que se ha sido muy socorrida recientemente en Coatzacoalcos, Veracruz, es el incendio de comercios. Así como el bar “El Caballo Blanco” fue quemado, de esa forma otros veinte negocios han sido incendiados por el crimen organizado debido a que los propietarios se niegan a pagar el derecho de piso.

La sociedad de Coatzacoalcos exige al gobierno del estado y a la federación que haya orden y seguridad en esa zona petrolera, en otro tiempo una de las más boyantes del país.

Sin embargo, la situación no mejora, por el contrario, se agrava cada día más. Cabe decir que en esa región, particularmente en el municipio de Minatitlán, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha las operaciones de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la seguridad no mejoró, al contrario, ha empeorado. Todos los días ocurren crímenes, secuestros, levantones, extorsiones e incendio de restaurantes, bares y cantinas.

La región sur de Veracruz entró en severa crisis de seguridad desde hace poco más de diez años. En esa etapa se afincó en esa región el cártel del Golfo, luego se posicionaron Los Zetas y desde hace unos cinco años se instaló en esa zona el CJNG.

Desde entonces comenzó una guerra sin tregua por control de la plaza, lo que ha generado una violencia extrema que terminó con la vida nocturna. La gente ahora suele ponerse a resguardo a temprana hora, por lo que después de las seis de la tarde las calles se muestran desoladas.

Esta situación, que alcanzó un elevado climax en Michoacán y Tamaulipas provocó la aparición de grupos paramilitares que ofrecían a la sociedad respeto pero que le declaraban la guerra a otros cárteles de la droga.

Se trata de grupos como “los Mata-Zetas” que aparecieron en 2010 en Veracruz; otro grupo se autodenomina Cártel de Jalisco, y ya hizo su irrupción en Tamaulipas debido a la violencia extrema que priva en esa entidad.

Es claro que ningún estado del país tiene capacidad de poner orden a través de sus estructuras de seguridad. Todas las policías si bien no están infiltradas sí operan abiertamente para el crimen organizado.

Este fenómeno ha ocasionado que más del 80 por ciento de las policías municipales estén al servicio de los cárteles y esto también explica la elevada corrupción que existe en buena parte de la clase política.

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