Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

—El congelamiento de 84 millones de dólares a Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto, ordenado por autoridades de Andorra, podría ser la punta de una gran madeja de corrupción del más alto nivel que implique al expresidente Peña en delitos graves, independientes de los presuntos desvíos de recursos de Pemex para su campaña presidencial en 2012.

La situación legal del abogado Juan Collado, defensor del expresidente Enrique Peña Nieto, se agrava: autoridades judiciales de España ordenaron el congelamiento de 83 millones de dólares registrados a su nombre en la ciudad de Andorra.

Se asegura que las investigaciones por lavado de dinero en su contra se iniciaron en el país ibérico días antes de su captura, el 9 de julio pasado, en un restaurante del sur de la capital, cuando el también exdefensor de Raúl Salinas de Gortari realizó una transferencia de 12 millones de dólares de una cuenta de Andorra a otra de BBVA en Madrid.

Cabe señalar que el expresidente Enrique Peña Nieto –quien ahora también está denunciado de recibir sobornos de Petróleos Mexicanos desde el año 2012 para su campaña política –es cliente de Juan Collado y se encuentra viviendo en Madrid, España, desde que concluyó su administración, el 1 de diciembre de 2018.

Collado, preso actualmente en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, fue detenido a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser denunciado del despojo de propiedades en Querétaro, inmueble que ocupa actualmente la caja de ahorro La Libertad, cuyo capital, de acuerdo con las denuncias, son atribuidas por un testigo a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas.

Corresponde a la FGR demostrar si Collado y sus socios son los verdaderos dueños de los fondos de la caja La Libertad o bien fungen como testaferros de los expresidentes, quienes hasta ahora no han sido citados a declarar en este caso ni en ninguna de las investigaciones que tienen que ver con los desfalcos a Pemex, el robo de combustible, entre otros.

Ahora, las investigaciones se amplían hasta Europaa Andorra –donde la juez Canólic Mignorance embargó los fondos del abogado Juan Collado y solicitó a la FGR copia de las carpetas de investigación que se siguen en México y que lo vinculan con delitos relacionados con la delincuencia organizada y el lavado de dinero.

En España quieren saber a qué políticos mexicanos ha estado vinculado, qué ligas criminales tiene y de dónde ha obtenido la fortuna que le ha sido asegurada tanto en México como en España y que forma parte de los escándalos políticos actuales que desahoga la FGR.

Además de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña, Collado ha defendido a Mario Villanueva Madrid, actualmente preso en Quintana Roo bajo cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Al momento de su captura, en julio pasado, era defensor del dirigente del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschapms, quien actualmente es investigado por la FGR por presuntos actos de corrupción y robo de hidrocarburos en perjuicio de la paraestatal.

En la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “Hay denuncias en contra de Carlos Romero, lo mejor es que renuncie”.

El mes pasado, la FGR informó de la detención de dos presuntos cómplices de Collado. Se trata de José “R” y José “V”, quienes fueron aprehendidos en Matehuala y se les acusa de formar parte de la red de complicidades que tejió el abogado con el objeto de lavar dinero y cuya procedencia no se ha acreditado.

Durante el gobierno de Carlos Salinas la caja de financiamiento La Libertad fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante el intento de declararse en quiebra.

El caso se concluyó en el sexenio de Vicente Fox. Fue entonces cuando se supo que le habían pagado sus ahorros a algunos clientes, sin embargo, dicha empresa se mantuvo operando en la opacidad. En aquel momento no se supo si los accionistas perdieron sus derechos y, en tal caso, quienes los sustituyeron. Todo fue un misterio.

Tras la captura del abogado Juan Collado, en julio pasado, se dio a conocer que uno de los clientes de caja La Libertad –Hugo Bustamante Figueroa –, dueño de la empresa Operadora de Inmuebles, fue quien presentó la denuncia en contra del abogado penalista: lo acusa de haber armado una trama para defraudarlo.

En todo este embrollo se han mencionado a diversos personajes tanto de la política como del medio empresarial, entre otros, Javier y Óscar Rodríguez Borgio, además de Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Todos ellos, de acuerdo con las denuncias, eran contratistas de Oceanografía, que tuvo millonarios contratos con Pemex. Después, coincidieron en caja La Libertad como socios.

En el historial de caja La Libertad aparece que en 2015 se fusionó con la cadena de casas de empeño Prenda Oro. Fue entonces cuando apareció el abogado Juan Collado.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de Hugo Bustamante, principal acusador de Juan Collado, los verdaderos dueños de la caja La Libertad son los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto; además, en el negocio también está implicado, según el denunciante, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín.

La empresa tiene 58 años de operación. Caja Popular La Libertad ha ido creciendo a través de los años en medio de turbulentas acusaciones por lavado de activos; luego la razón social fue cambiada por Sociedad Financiera Popular bajo el nombre de Libertad, Servicios Financieros.

En una de sus últimas acciones, emprendidas antes del aseguramiento millonario ordenado por el gobierno de España, Juan Collado había interpuesto un amparo a fin de que caja La Libertad no fuera asegurada por la FGR.

Sin embargo, el amparo le fue negado, por lo que la FGR intervino la empresa a fin de revisar la información que lleve a esclarecer los hechos y a conocer el origen del capital con que ha venido operando en los últimos años.

Con el aseguramiento de los 83 millones de dólares que se realizó en Andorra, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la gran oportunidad de iniciar un verdadero Maxiproceso para comenzar el desmantelamiento patrimonial de los expresidentes Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Este golpe implicaría empezar a demoler la estructura mafiosa que él mismo denunció como candidato presidencial y que está conformada por políticos y empresarios relacionados con el saqueo que por décadas se efectuó en Pemex y en otras empresas del gobierno.

Sería la primera vez que en México se procedería en contra de un presidente, sobre todo ahora es el momento, pues están saliendo a la luz pública toda la madeja de corrupción que por años se tejió en Los Pinos y que han sumido al país en una crisis de inseguridad y corrupción en menoscabo de la economía y por ende de la sociedad.

De no hacerse, López Obrador pasaría a la historia como un presidente que denunció la corrupción sin encarcelar a ningún político de peso completo, lo que robustecería la hipótesis de que la transición de 2018 fue pactada.

Hasta ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene en prisión a Rosario Robles –acusada de malversación de recursos públicos durante su paso por Sedesol y Sedatu –; al abogado Juan Collado, defensor de Enrique Peña Nieto y es muy probable que muy pronto caiga Carlos Romero Deschamps, quien ya está denunciado en la FGR por fraudes y robo de combustibles, el llamado “huachicoleo”.

Anuncios

Dejar respuesta