Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

El presidente prefiere seguir repartiendo dinero en las comunidades pobres para desactivar, según él, al crimen por la vía pacífica, aunque esta labor también signifique la construcción de una base electoral que seguramente pretende tener bien aceitada para la elección intermedia del 2021 y la de 2024, cuando termine su sexenio. 

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se mostró optimista durante la primera reunión de trabajo de la Reforma con y para el Poder Judicial: dijo que el caso Ovidio Guzmán no quedará impune, que se le detendrá. También comentó que el exlíder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps, ya suma siete denuncias, provenientes de la disidencia, que exigen transparencia en ese organismo. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, dijo muy temprano que si la Fiscalía lo requiere, comparecerá para explicar las razones por las que fue liberado el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el jueves pasado en Culiacán

El mandatario no parece estar dispuesto a realizar un cambio de estrategia para enfrentar a la delincuencia, pues dijo que no habrá violencia contra los cárteles, que Ovidio Guzmán será capturado cuando haya condiciones y no se ponga en riesgo a la gente ni al Ejército, pues reiteró que de haberse capturado se habría puesto en riesgo el proyecto de nación. 

Ante estas declaraciones queda más que claro que los cárteles de la droga seguirán haciendo de las suyas en todo el territorio nacional, pues a diez meses de gobierno el presidente López Obrador, como es evidente, no ha puesto en marcha ninguna estrategia contra el crimen organizado. 

Su política de pacificación está basada en mover dinero en las comunidades pobres, sobre todo las paupérrimas, porque en su opinión la pobreza detona a la delincuencia organizada. Esto es una visión errónea, pero el mandatario está empeñado en ello, aunque sepa que no es cierto, porque el fondo de esta tarea “social” es construir la base electoral que necesita para garantizar la continuidad de su proyecto político después del 2024. 

Esta base electoral –que se edifica bajo el argumento de que los pobres fueron abandonados y necesitan apoyos –es fundamental para retener el poder en la elección intermedia del 2021 y después con miras a la elección presidencial, cuatro años después. 

Es por ello que el presidente no quiere poner en marcha ningún operativo contra el crimen, pues de hacerlo, en efecto, se generaría más violencia y para él es importante que la gente esté tranquila, aunque el crimen organizado siga enquistado en las gubernaturas, alcaldías, legislaturas y estructuras policiacas. 

Lo que por el momento está haciendo es movilizar a efectivos militares. Desde el fin de semana, por ejemplo, arribaron a Culiacán 250 elementos del Ejército para reforzar la seguridad en ese estado después del tiroteo que desató la detención provisional de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El ChapoGuzmán que está al frente del cártel de Sinaloa

Durazo, el perdedor 

A quien le han llovido las críticas, después del evento del jueves pasado, es al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. 

No sólo se exhibió como un funcionario sin habilidad en las tareas que desempeña sino que –se asegura –podría perder la candidatura que tanto 

anhela de ser gobernador de Sonora, su tierra natal, la misma que vio nacer a Luis Donaldo Colosio, de quien fue amigo y colaborador. 

Y en efecto, Durazo no es un policía y lo demostró cuando Andrés Manuel López Obrador lo nombró secretario de Seguridad: de inmediato el sonorense se dio a la tarea de consultar a muchos personajes conocedores del tema de la seguridad, a quienes solicitó orientación sobre qué hacer en el país en materia de seguridad. 

Durazo recibió un amplio diagnóstico del territorio: se le dijo que el país estaba, desde hace más de una década, en manos de los criminales, que tenían poder y mucha presencia en casi todos los municipios del país, en las legislaturas, gubernaturas y empresas privadas y que era necesario que el gobierno hiciera una limpia a fondo. 

Que era urgente que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzara a realizar el mapeo del patrimonio que posee el crimen organizado, a fin de que se tuviera en claro dónde y quienes tienen, usufructúan y utilizan los activos del crimen para corromper a funcionarios públicos con el fin de seguir debilitando a las instituciones. 

En el diagnóstico que se le aportó, con base en datos, expedientes y evidencias, se le expuso también que se necesitaba una política que debilitara el nervio financiero del crimen organizado, que se encarcelara a políticos y empresarios ligados a las actividades delincuenciales, pues sólo de esta forma se empezaría a construir un verdadero Estado de derecho. 

Era claro, en junio de 2018, que Durazo no tenía muy claro en dónde estaba parado al conocer los pormenores del control que ejerce el crimen en la vida pública y empresarial del país. 

Se le dijo que el 80 por ciento de los municipios están controlados por la criminalidad y que los alcaldes, en buena medida, forman parte de esta red; que las policías municipales ya no responden, desde hace más de una década, a la exigencia social de seguridad: todas, sin excepción, están al servicio de los cárteles. 

El diagnóstico incluyó una amplia explicación sobre el número de cárteles que operan en México y el poder que tienen en el país, quienes son sus jefes, sus socios y cómplices y qué territorios ocupan. 

Imposible que desde entonces –o incluso desde antes –no conociera el tamaño de empresa criminal que significa Sinaloa en el organigrama continental del narcotráfico: 

Sinaloa, según datos de la Drug Enforcement Administration (DEA), los más confiables, es el cártel más poderoso del mundo: opera en 87 países: en tiempos de Joaquín Guzmán Loera introducía unas treinta toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos, algo similar de mariguana y, además, se convirtió en uno de los cárteles más boyantes en la producción de drogas de diseño. 

Además, puso en marcha otras actividades criminales –25 en total –que lo robustecieron como organización criminal en todo el orbe. Ninguna otra organización ha tenido tanto poder y expansión como Sinaloa

Quizá en otro tiempo, allá por los años noventa, el cártel de Juárez, bajo la conducción de Amado Carrillo, tuvo un auge importante, pero no llegó a alcanzar al que hoy tiene Sinaloa. 

La construcción de Sinaloa, como ya se ha comentado, llevó 15 años: dos sexenios panistas –Vicente Fox y Calderón –y tres del PRI. Durante todo ese tiempo “El Chapo” Guzmán, su líder, se mantuvo impune y pudo heredar el control de su empresa criminal a sus hijos y a su hermano, quienes encabezan dos de los cuatro frentes en los que ahora está dividido el cártel: los otros dos los representan Rafael Caro Quintero e Ismael “El Mayo” Zambada. 

Este último personaje, de acuerdo con grabaciones que se han dado a conocer, fue clave en la liberación de Iván Archivaldo Guzmán –señalado como jefe del cártel de Sinaloa –y de Ovidio, rescatado de manos del Ejército, cuyos familiares, de acuerdo con los mismos audios, habrían sido localizados por los sicarios de Sinaloa para matarlos “uno por uno” hasta que nos entreguen a Ovidio. 

Todo indica que el jueves pasado Iván Archivaldo participó en los tiroteos y operó para liberar a su hermano. Iván estuvo detenido en 2005 y fue liberado en 2008, en pleno sexenio de Felipe Calderón. 

Hoy, se asegura, es el máximo jefe del cártel de Sinaloa. Según algunas grabaciones difundidas en redes sociales, el jueves pasado participó en el operativo de liberación de su hermano y no fue detenido.

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