Sol Quintana Roo
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VIOLENCIA CRIMINAL: LA BATALLA PERDIDA

Ricardo Ravelo / Sol Quintana Roo

El poeta Javier Sicilia insiste en entrevistarse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero el mandatario ha dicho que no tiene tiempo de recibirlo y que será Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien lo reciba. 

El activista social ha retomado su lucha contra la inseguridad en Morelos, entidad donde vive y cuyo territorio se ha visto sacudido por una oleada de muertes, desapariciones y balaceras, lo que ya parece normal al cumplirse un año del inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Morelos cayó en medio de una fuerte espiral de violencia y se recrudeció tras la captura, en Michoacán, de Santiago Mazari, “El Carrete”, líder del cártel de “Los Rojos”, uno de los más temibles del país. 

Este hecho derivó en un reacomodo de fuerzas criminales en Morelos y abrió la guerra entre el cártel “Guerreros Unidos –cuyo bastión principal es el estado de Guerrero –y “Los Rojos” por el control de Morelos, una plaza altamente codiciada por el crimen organizado. 

Frente a este grave fenómeno, Javier Sicilia encabezó una marcha con el objetivo de ser recibido por el presidente de la República, pero López Obrador asegura que no lo recibirá y le mandó a decir que pueden manifestarse cuantas veces quieran. Están en su derecho. 

El propósito de la entrevista que busca Sicilia con el mandatario es para pedirle que reconsidere su estrategia para el combate a la inseguridad pública, pues a su juicio no está dando resultados, por el contrario, cada vez se complica más el panorama. 

Y es que el presidente se mantiene en su posición de atacar lo que él denomina las causas de la delincuencia, asociadas a la pobreza, lo cual se ha cuestionado mucho porque la pobreza no es causal de criminalidad, lo que refuerza la críticas en el sentido de que lo que López Obrador está construyendo es una base electoral con dinero público. 

Y es que a un año de distancia ya preocupa que, pese a los nulos resultados contra el crimen, no haya una vuelta de timón a la política anticrimen. 

Es más, se cuestiona, por ejemplo, que a un año de gobierno la administración de López Obrador no cuenta con un plan antimafia que declare como actos del terrorismo los eventos de violencia perpetrados por los cárteles de la droga. 

De hacerse esto, México contaría con un amplio concierto de apoyos internacionales, habría unidades de inteligencia especiales trabajando para neutralizar al cártel de Sinaloa, a los políticos ligados y a los empresarios y operadores de empresas fantasmas que sirven a los intereses de ese cártel que, en doce años, se posicionó en 81 países. 

Para ello, el gobierno de López Obrador requiere un pool antimafia: con jueces debidamente coordinados, fiscales y la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda, así como el respaldo de la Fiscalía General de la República donde hasta ahora no se observa ningún interés en dar pasos al frente, en una acción proactiva, para empezar a desmantelar el patrimonio del crimen organizado. 

Ante las resistencias que existen hasta el momento es claro que el presidente López Obrador está solo en este combate, insuficiente por donde se le vea, porque con el reparto de dinero en las comunidades no se llegará a ninguna parte. 

Y aunque él afirma que con esas medidas le están quitando la base social al crimen, lo cierto es que los cárteles aun disponen de una enorme base social, la cual alimentan con el dinero que obtienen de las operaciones con 25 tipologías delictivas; mantiene su poder en cientos de regiones del país y siguen detentando el poder político porque, al no existir las auditorías hacia los partidos políticos, la delincuencia organizada infiltra a sus candidatos vía el dedazo y así continúan gobernando alcaldías, estados y ejerciendo un fuerte control social y político. 

Los cárteles con mayor estructura social son ampliamente conocidos y se sabe de su influencia desde hace varias décadas: el cártel del Golfo es uno de los grupos criminales más longevos. Lo fundó Juan N. Guerra allá por los años sesenta. En Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León dicha organización criminal construyó una base social sólida, una amplia red de lavado de dinero que crece permanentemente debido a las actividades criminales que se mantienen activas. 

Tan fuerte era –y sigue siendo –su estructura financiera que, por ejemplo, se dieron el lujo de crear en 1996 un grupo paramilitar, Los Zetas, para que operara como brazo armado. Fue el primer cártel en construirlo porque, en otros tiempos, los grupos criminales sólo disponían de sicarios para asesinar a sus rivales. 

Los Zetas, más tarde, se volvieron cártel y actualmente ocupan el quinto lugar en cuando a poderío en todo el país. 

Sinaloa, sin embargo, fue el que más creció entre el año 2000 y el 2012. Es el cártel más poderoso del mundo. Lo que demostró el 7 de octubre, tras la captura y liberación de Ovidio Guzmán, es el más claro ejemplo de su poderío y capacidad de organización y de reacción ante eventos como el que vimos. 

De ahí que las críticas hacia la política del presidente se enfoquen en el hecho de que si no se desmantela la red patrimonial de Sinaloa y se le acusa de ser un grupo de narcoterrorismo, será muy difícil anularlos en el concierto nacional de la delincuencia organizada. 

Es urgente –y en esto tiene razón Javier Sicilia –que el presidente replantee su política criminal porque no está dando resultados. Y este problema nada tiene que ver con conservadores o liberales: se debe instrumentar un trabajo técnico-legal que permita desarticular los bienes patrimoniales del crimen y así empezar a debilitarlos. 

Pero también hay realidades que se imponen: la negativa de los altos funcionarios. En este escenario, presidente parece estar solo en esta batalla que, hasta hoy, está perdida. 

Los gobernadores no se comprometen con un trabajo eficaz contra el crimen y a nivel de los municipios están peor las cosas, pues el 80 por ciento de los munícipes responden a los intereses de la delincuencia organizada. Así de claro y así se real.

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