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AFANADORES Y EXPERTOS EN “INTELIGENCIA”

*Empresa de limpieza realiza labores de “inteligencia” en el poder judicial de Quintana Roo.

*La empresa “Vigilancia Quintanarroense S.C.” recibe un contrato de más 11 millones de pesos para cuidar accesos a edificios de tribunales

*Según el contrato, 90 personas “bien capacitadas en inteligencia, expertos en custodia” se encargan de la vigilancia de 13 edificios judiciales; antes limpiaban pisos

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.- De la noche a la mañana le brillo el sol a la empresa “Vigilancia Quintanarroense S.C.” propiedad de María de los Ángeles Domínguez Zepeda, pues dejó la escoba y el recogedor para tomar los toletes y las labores de inteligencia y custodia con el fin de ofrecer el servicio de seguridad privada a los inmuebles y áreas propiedad del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Hasta el año pasado, esta compañía solo se dedicaba a ofrecer los servicios de limpieza de inmuebles y jardinería en algunos de los edificios sede de los tribunales del estado por lo que recibía contratos por parte del Poder Judicial de alrededor de 220 mil pesos anuales.

Sin embargo, en la actualidad amplió sus facultades de limpieza por las de “Inteligencia, Protección y Custodia”, hecho por el cual ya goza de un contrato que supera los 11 millones de pesos por ofrecer servicios de vigilancia para los diversos edificios y áreas del Poder Judicial del estado de Quintana Roo.

En las cláusulas del contrato resultado de la licitación pública nacional número PJ-LPN-LS-01-2019 se explica que la empresa está obligada a proporcionar 90 elementos bien capacitados que deberán presentarse de lunes a domingo durante las 24 horas del día, por un monto $11,108,028.00 (once millones ciento ocho mil veintiocho pesos 0/100 MN) para ofrecer el servicio durante el periodo de 16 de febrero al 31 de diciembre de 2019.

Además, sus elementos deben vigilar las áreas de los inmuebles sin armas de fuego ni instrumentos punzo cortantes, así como deben presentarse a laborar bien vestidos y con actitud de respeto y amabilidad con el personal que labora en las instalaciones del Poder Judicial.

Pese a que la mayor parte de los edificios del Poder Judicial del Estado están custodiadas por policías federales y estatales, la secretaria ejecutiva de administración del consejo de la judicatura del estado, Magda Eugenia Lozano Ocman autorizo que la empresa “Vigilancia Quintanarroense S.C.” con sede en la ciudad de Chetumal y que no aparece en el Registro Público de Comercio de la Secretaria de Comercio.

Lo cierto es que los elementos de vigilancia solo se les ve en los accesos de los inmuebles del Poder Judicial en Quintana Roo, solicitando identificaciones para ingresar y están pendientes de los registros.

Tanto la mala preparación del personal de vigilancia que ofrece la empresa “Vigilancia Quintanarroense S.C.”, como su drástico cambio de actividades al dejar la limpieza por la vigilancia, y su inexistencia en el Registro Público levantan sospechas y trae a la memoria las investigaciones de las que es objeto el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, por el delito de tráfico de influencias, consistente en la contratación de directores en diferentes áreas como pago de favores a funcionarios homólogos de otros tribunales.

A principio de año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que tenía en sus manos diversos casos en los que se involucra de manera directa al magistrado, bajo la carpeta de investigación 4073/2018, iniciada en julio del año pasado.

Detalla que, entre otras presuntas irregularidades, se investiga la contratación de la psicóloga Alicia Catalina Valencia Díaz, hermana de Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, quien durante un par de meses fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Vinculación Institucional del Poder Judicial, al iniciar la gestión de Antonio León, en agosto de 2017.

La investigación por tráfico de influencias se basa en que, hasta antes de que Mónica de Los Ángeles fuera designada como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el cargo de su hermanatitular de la Unidad de Salud y Bienestar Laboral, adscrita al Despacho de Presidencia– no existía dentro de la estructura del Poder Judicial de Quintana Roo.

La contratación de esta mujer se realizó mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura que preside también Antonio León Ruiz; es decir, se trata de un puesto creado exclusivo para Alicia Catalina, cuyo nombramiento fue discrecional, sin que existiera la posibilidad de que alguna otra persona pudiera acceder a ese espacio.

La presumible irregularidad en la contratación de la hermana de la magistrada era ya señalada desde mayo del año pasado. A Alicia Catalina Valencia Díaz se le consideraba inexperta para asumir un cargo, tanto en el Poder Judicial como en cualquier otra institución de gobierno y menos como directora.

Según la información pública disponible en el portal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el sueldo de un director o titular de unidad, puesto similar al que ostenta Alicia Catalina Valencia Díaz, oscila entre 28 mil y 42 mil pesos mensuales, dependiendo del tipo de dirección asignada.

Las irregularidades dentro del Poder Judicial en el Estado de Quintana Roo son de diversa índole, sin embargo, los más evidentes son los que se generaron en la contratación de personal y creación de plazas a modo “para familiares y amigos de la Presidencia, todo a costa del erario y presupuesto del Poder Judicial, que sólo este año fue de más de 500 millones de pesos”.

Lo más lamentable es que a la fecha, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no ha judicializado el expediente en contra de León Ruiz.

Igualmente, insultante es que durante su último informe celebrado el pasado 16 de agosto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado haya expresado cifras alegres en materia de impartición de justicia como el abatimiento del rezago en materia penal y millonarias inversiones en capacitación, cuando a todas luces son los mismos jueces quienes liberan a los delincuentes por absurdos juicios de valor personales.

A los escándalos que se le suman al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado se suma el sueño de muchos “ninis” de pasar de limpia pisos convertirse en integrantes de equipo de inteligencia que ofrece la empresa “Vigilancia Quintanarroense SC”, propiedad de María de los Ángeles Domínguez Zepeda.

Esta firma el año pasado ofrecía servicios de limpieza de inmuebles y jardinería en algunos de los edificios sede de los tribunales del estado por lo que recibía contratos por parte del Poder Judicial de alrededor de 220 mil pesos anuales. Pero con el magistrado León Ruiz hizo el milagro y amplió sus facultades de limpieza por las de “Inteligencia, Protección y Custodia”, hecho por el cual ya goza de un contrato que supera los 11 millones de pesos por ofrecer servicios de vigilancia para los diversos edificios y áreas del Poder Judicial del estado de Quintana Roo.

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