Reportaje Especial (Novena Parte)

STAFF SOL QUINTANA ROO /SOL YUCATÁN /LA OPINIÓN DE MÉXICO

#RicardoRavelo

La estrategia es simple, en apariencia: se trata de permanecer ocultos y al acecho hasta que García Ábrego aparezca. La espera puede ser cuestión de algunos minutos, pero puede durar horas. La tensión aumenta. Los agentes disponen de un dato clave: que el capo está dentro de su propiedad, pero no se arriesgan a irrumpir violentamente al interior de su casa. Saben que García Ábrego tiene a su servicio un amplio cerco protector, conformado por gente armada dispuesta a batirse a tiros con cualquiera. Y ellos no quieren que su presa escape.

La hora decisiva llega por fin. El reloj marca las ocho de la noche cuando una camioneta pick-up con las luces encendidas se asoma por Bosques de Acutzingo. El vehículo avanza unos 70 metros y se detiene. Del asiento del chofer desciende una figura corpulenta: un metro con ochenta centímetros y  cien kilos de peso que viste pantalón oscuro, camisa casual y una chamarra con rayas de colores. Es Juan García Ábrego. Los agentes no tienen duda. Al verlo caminar, se lanzan contra aquella masa de grasa y músculo. Instintivo, pese a su corpulencia, García Ábrego salta hábilmente una barda e intenta hacerlo con otra pero los policías lo someten. Agitado y nervioso, los increpa. Sus captores se identifican como agentes federales y le dicen que tienen una orden de aprehensión en su contra; le explican tienen instrucciones de sus superiores de trasladarlo a la Ciudad de México.

Apenas oye esta frase, el capo estalla, despotrica contra sus captores, los amenaza: “No saben con quien se están metiendo”, les dice, casi rugiendo. Pasado el exabrupto vuelve a relajarse. Confía aún en que en la PGR, donde  narcotraficantes como él mantienen viejas complicidades con autoridades de la procuraduría, activen algún resorte se active que le ayude a recuperar su  libertad. No sabe aún que su buena estrella ha caído. Todos le han vuelto la espalda.

René Paz Horta, entonces titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) se colgó una medalla con la captura del jefe del cártel del Golfo, pero el gozo le duró poco. Las indagatorias y algunos señalamientos hechos dentro y fuera de México acabaron por vincularlo con ese grupo criminal y con el propio García Ábrego, al que estuvo ligado.

         Paz Horta no era un improvisado en las tareas policiacas ni en el arte de negociar y pactar con capos del narco. Era hechura de Adrián Carrera Fuentes, quien fue director de la Procuraduría Judicial Federal (PJF) durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Carrera se relacionó con Amado Carrillo Fuentes, incluso enjuiciado por lavado de dinero y otros delitos graves, que logró sortear al acogerse al programa de testigos protegidos. Se convirtió en delator, lo que le valió una reducción de sus condenas. Pronto quedó libre.

Tanto a él como a Paz Horta estuvieron ligados con la organización de García Ábrego, a la que brindaron protección. A ese grupo policiaco, cuya fama se vio empañada por los escándalos de corrupción, pertenecieron también Víctor Patiño Esquivel y Enrique Arenal, quienes a la mitad del sexenio de Carlos Salinas estuvieron bajo las órdenes de Mario Ruiz Massieu, otro oscuro personaje relacionado con el narco, quien se suicidó el 15 de septiembre de 1999, la víspera de su traslado de New Jersey a Houston, Texas, donde enfrentaría un juicio por lavado dinero. Decidió cortar su vida mediante una sobredosis de antidepresivos, según la versión oficial. Pero nadie vio su cuerpo, lo que provocó una estela de dudas sobre su extraña y repentina muerte. Antes de ingerir los barbitúricos, el exsubprocurador general de la República y hermano de José Francisco, tomó una pluma con manos temblorosas y escribió titubeante unas líneas: Ernesto Zedillo no perdonó que denunciara a los dirigentes del PRI el 23 de noviembre de 1994. Se vengó por eso. Para encontrar a los homicidas de mi hermano hay que iniciar una investigación que empiece por Zedillo. El y yo supimos que no era ajeno a los dos crímenes políticos de 1994.

Un día después de su captura, García ÁbregoLawrence Wensley, quien posteriormente se convirtió en un testigo clave durante el juicio al capo, es subido a un avión de la PGR, un Grumman II, matrícula XC-AA70 que lo conduce a la Ciudad de México. Va esposado. Los dos corpulentos agentes que lo acompañan lo sujetan por los brazos y lo introducen en la aeronave; pasado el umbral de la puerta lo avientan a uno de los asientos delanteros. La nave despega casi de inmediato. Así inicia su viaje sin retorno el otrora poderoso narcotraficante. En ese vuelo lo acompañan Jesús Ortega Riquet, subdirector de la PGR, el comandante Horacio Brunt Acosta, de la DEA y tres agentes de más de esa agencia.

Tras unas horas de vuelo el Grumman aterriza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El nutrido grupo de agentes federales rodea la aeronave y custodia al capo, quien desciende con lentitud la escalinata de la aeronave, arrastra sus pesadas piernas y se dirige hacia una camioneta Suburban blindada que lo espera en el hangar de la PGR para llevarlo a las instalaciones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Atrás los sigue una caravana de vehículos, alertas por su se presenta alguna contingencia. Está solo. Ninguna voz se alza para defenderlo; ningún resorte oculto se activa; nadie en las altas esferas del poder intercede por él. Saben que es inútil, que cualquier interno por ayudarlo será castigado.

El presidente Ernesto Zedillo, en cuyo gobierno brilló con esplendor el cártel de Juárez, había tomado la decisión de romper con la hegemonía del capo y calmar a Carlos Salinas, que aún inmerso en el desprestigio seguía perturbando al país.

Mientras García Ábrego viajaba a la Ciudad de México, el procurador Antonio Lozano Gracia recibe los pormenores del operativo y cuando el capo arriba a la capital del país telefonea a la residencia oficial de Los Pinos para dar los detalles al presidente Zedillo. Cumplido el trámite, el mandatario felicita a su colaborador panista por esa captura. La fama le duraría poco a Lozano Gracia pues poco después metió a la PGR en un lodazal por su falta de pericia para manejar las investigaciones de los crímenes del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, caso en el que la dependencia contrató los servicios de la bruja Francisca Zetina, La Paca, en su afán de implicar a Raúl Salinas y para conocer el paradero de Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual de ese asesinato; la estratagema resultó fallida.

Tras la captura de García Ábrego, el gobierno de Zedillo enfrentó aún varios enredos. Al principio decidió recluir al capo en la prisión federal de alta seguridad de Almoloya de Juárez. Comenzó a dudar y cambió de idea. Si el detenido declara en México es posible que embarre a muchos políticos enquistados en el poder; también le atenaza la idea de que alguno de los socios del capo intenten rescatarlo. Finalmente reacciona y decide extraditarlo a estados Unidos para que lo juzguen allá.

No sabe aún que esa decisión será cuestionada, pero quiere cubrir las formas. Consulta entonces a las altas esferas militares y la encuentra. Elementos de la Sedena le recomiendan aplicar el artículo 33 de la Constitución  mexicana que faculta al Ejecutivo Federal para expulsar a cualquier extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente para el país, sin necesidad de juicio previo ni solicitud de extradición.

         El plan está listo, sólo falta justificar ante la opinión pública la celeridad de la deportación –García Ábrego adujo poco después que fue desterrado por el presidente Zedillo sin bases legales– y decide exhibir una copia del acta de nacimiento del jefe del cártel del Golfo en la que éste se acreditaba como ciudadano estadunidense.

 El documento, en efecto, sustentaba que García Ábrego nació en Estados Unidos, pero un sello con la leyenda CANCELADO, escrito en mayúsculas parece impedirlo. Hábilmente un consejero presidencial aduce que la nacionalidad estadunidense no se pierde por tener otra, como sucede con García Ábrego. Y entonces sí, el capo sale deportado. El gobierno difunde ampliamente el asunto, sin embargo poma la precaución de no decir que el gobierno del vecino país había cancelado la ciudadanía a García Ábrego porque su trámite se había realizado con documentos falsos, entre éstos la fe de bautismo.

         Años después, en uno de sus argumentos planteados por su defensa, Américo Delgado de la Peña, quien pugna por repatriar a México al llamado capo del Golfo, García Ábrego explicó la razón de aquella doble nacionalidad que le sirvió de instrumento criminal y que al mismo tiempo lo sepultó en una prisión perpetua:

         Erróneamente mis padres en el año de 1965 (20 años después de mi nacimiento), tramitaron en los Estados Unidos, en el Condado de Cameron, Texas, un certificado de nacimiento… ya que existía un conflicto de información debido a que habían comprobado que yo había nacido en México, y tenían mi acta de nacimiento del año 1945, fecha en que fui registrado.

         Trece años de después de su “destierro”, como él lo llama, García Ábrego, capo de capos, parece no darse por vencido e insiste en regresar a México. Desde la cárcel de Florense, Colorado, donde purga 11 cadenas perpetuas, impulsa un recurso de amparo con un argumento contundente: “Mi caso fue un destierro, y un espectacular golpe político, pues nunca fui oído ni vencido en juicio.” Hasta ahora, esa gestión del otrora poderoso capo se ha topado con un vacío.

Para las autoridades mexicanas, su detención y deportación (o destierro) nunca existieron; no sólo eso, la movilización policíaca y militar efectuada aquel 14 de enero de 1996 en Nuevo León, tampoco se llevó a cabo; no hay constancias oficiales ni legales de que alguna autoridad superior del gobierno mexicano haya ordenado ese operativo. Las imágenes difundidas por la televisión y las notas publicadas por la prensa escrita, en las que se observa al más poderoso narcotraficante del sexenio salinista cuando aborda a empellones y con las manos esposadas el avión Grumman II que lo trasladó a Estados Unidos son legalmente inválidas y, por lo tanto, insustanciales en un juicio. Nadie sabe nada de aquella aprehensión y los archivos criminales de las instituciones responsables de combatir el narcotráfico son ejemplo de la desmemoria, pues extrañamente no tienen registrado ningún dato de aquel caso que adquirió dimensiones de escándalo internacional.

         En suma, oficialmente Juan García Ábrego nunca fue detenido en México ni deportado a Estados Unidos. Dicho evento, uno de los más espectaculares que han ocurrido en el país, parece ser producto de la imaginación colectiva o de un invento, perfectamente maquinado, de la prensa mexicana. Oficialmente ninguna escena del suceso está grabado en la memoria criminal del gobierno. Nada saben de este caso dependencias como la PGR –que ordenó a varios agentes seguir los pasos del capo –, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), responsable de los trámites –legales o no– para enviar al capo a Estados Unidos.

Ese olvido envuelve también a la Secretaría de Gobernación, en ese tiempo a cargo de Emilio Chuayffet Chemor –la dependencia responsable del espionaje en México– y, peor aún, la Presidencia de la República y la secretaría de la Defensa Nacional –de  donde salieron órdenes específicas para capturar a Juan García Abrego– aducen desmemoria, pues mediante sendos informes rechazan tener conocimiento; alegan carecer de información sobre aquel sigiloso operativo que acabó con la esplendorosa vida criminal del llamado capo del Golfo.

La defensa legal del abogado Delgado de la Peña –un veterano que ha enfrentado mil batallas en los tribunales– no ha sido fácil. Él mismo lo acepta, cuando habla de sus peripecias para obtener todo tipo de información sobre la aprehensión de su cliente. Cuando se le pregunta sobre este litigio que le ha devorado ya varios años frunce el ceño antes de responder, Después suelta una frase contundente, como si le quemara: “El camino es muy largo”. Y le pesa admitirlo. Él, que ha ganado juicios de extradición de capos importantes como los hermanos Amezcua Contreras. Siente que son varios los enigmas que no logra resolver, por más que hurga en su mente y en los documentos que obtiene. Atribulado por los martilleantes cuestionamientos que se agolpan en su infatigable cerebro se repite una y otra vez: ¿Quién ordenó la captura de Juan García Ábrego? ¿Con base en qué investigaciones fue detenido y bajo qué argumentos legales se deportó al detenido? ¿Por qué se le desterró en lugar de enjuiciarlo en México? Pero las respuestas no llegan. Se enfrenta con frecuencia al silencio, al bloqueo de las autoridades; algunas veces, dice, se siete acorralado, perdido, a pesar de que sabe moverse por esos laberintos del poder y por los submundos legales. Pero no se rinde, su fe inquebrantable lo hace seguir, confía en la justicia de Dios, una fuerza superior que, insiste, le guía y le abre los senderos.

         Ha metido escritos y múltiples solicitudes en todas las puertas. No hay respuesta, sólo argucias mediante. Pero Delgado de la Peña Insiste. Confía en su instinto, en su experiencia acumulada de medio siglo en estas lides, busca con paciencia una llave maestra que le permita abrir puertas y sacar a su cliente de esa prisión perpetua que quebrante su salud. El tiempo lo apremia, pero no desespera. El 20 de diciembre de 2004, el bufete jurídico contratado por García Ábrego envió un escrito a la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR. El asunto: solicita información sobre la detención “y destierro” de Juan García Ábrego, así como las razones que motivaron tales acciones en enero de 1996”.

La PGR tardó cinco meses en responder, confirma el abogado. El 20 de mayo de 2005 recibió un documento que decía: Por instrucciones del procurador general de la República, hago referencia a su escrito mediante el cual solicita le sea expedida copia certificada de todo lo actuado por (el) motivo que usted denomina (el) destierro (de Juan García Ábrego)… y al respecto esta institución  federal (le informa que) carece de facultades para efectuar el destierro de persona alguna, adicionalmente y tras efectuar una exhaustiva revisión en los archivos de diversas unidades administrativas, se determina que esta Procuraduría General de la República no integró expediente alguno relativo al procedimiento por el cual se le hizo abandonar este país, al cual se refiere en la solicitud que se contesta, mismo que, de acuerdo con su información, se ejecutó en el mes de enero de 1996…Por lo que no es posible atender su petición en razón de que no existen los documentos (a los) que se refiere en su solicitud…

         Un año antes de esa gestión ante la PGR el mismo despacho de abogados había solicitado una información similar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia facultada para tomar las decisiones en materia de extradiciones y deportaciones. El 20 de diciembre de 2004 –el mismo día que respondió la PGR– Sandra E. Hernández Ortiz, directora General de Asistencia Jurídica Internacional–, contestó a los abogados del capo: Al respecto…les informo que en esta Secretaría no se cuenta con expediente alguno relacionado con el destierro del que fue objeto en su escrito de referencia.

         El tiempo transcurre sin novedades. Los asistentes legales de García Ábrego tienen que acorazarse para no desfallecer de impotencia y continuar con las acometidas legales que parecen laberintos interminables, desesperantes y sin salida. Pese a la adversidad, sacan las fuerzas para continuar navegando a contracorriente. En medio de la fatigosa tarea, otro oficio llega a sus manos después de meses de espera. El documento tiene el número S-20900 y proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta vez el signatario es el general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, primer agente adscrito a la Procuraduría Militar. Su argumento es negativo para los abogados, y ésta vez se encienden los focos rojos, las alarmas de la desesperación:

         En atención a sus escritos de 5 de noviembre de 2004 y 28 de abril de 2005, por los cuales solicita se le expida toda la documentación relativa a su deportación, extradición, expulsión o destierro del 15 de enero de 1996, al respecto se le informa a usted que, habiéndose realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de esta dependencia del Ejecutivo Federal, no se localizaron antecedentes relacionados con la deportación, extradición, expulsión o destierro (al)  que se refiere…

         Los abogados juegan su carta final: la Presidencia de la República. No quieren toquetear la puerta presidencial con solicitudes de información. Saben que desde la más alta cúspide del poder político se urdió el ardid para capturar a su cliente, pero temen una respuesta negativa. Se agota su paciencia y deciden agotar el último recurso, mediante un escrito (cuando lo envían), para saber quién ordenó el destierro del García Ábrego.

Américo Delgado y sus auxiliares esperan lo peor. Y, el presagio se cumple. En 26 de junio de 2005, a través de la secretaría particular, la Presidencia de la República responde:

         Señor Juan García Ábrego: …Nos permitimos hacer de su conocimiento que, tras efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos de concentración y trámite correspondiente a la presente administración, la Secretaría Particular de la Presidencia no encontró ninguna información relacionada con el asunto planteado en su petición…Con el propósito de servirle en la medida de nuestras atribuciones…hemos procedido a turnar su petición a la Procuraduría General de la República…

         Desarmado legalmente, puesto que ningún juez hizo válidas pruebas exhibidas por los defensores, que incluyen notas periodísticas y videos del momento en que García Ábrego fue capturado, la espera debe ser aún más paciente. Américo Delgado, gestor de este amparo a favor del capo del Golfo, no da crédito a la desmemoria oficial. Lo peor, dice, es que oficialmente tampoco existen datos ni registros del avión –El Grumman II de la PGR– que fue utilizado para trasladar a su cliente a Estados Unidos.

         “Nadie conoce el tipo de aeronave –dice sorprendido–, a pesar de que la televisión grabó las imágenes que todo México vio: en ellas se observa el momento en que García Ábrego aborda el avión; va escoltado y esposado, enfundado en una chamarra verde militar”.

Hoy, el otrora poderoso capo purga varias cadenas perpetuas de las que sólo la muerte podrá librarlo. Su repatriación a México quedó en un vano intento legal. Y el capo lo sabe: está condenado a morir entre las frías paredes de su reclusión en una prisión estadunidense.

Desde la partida de García Ábrego, en enero de 1996, el camino quedó libre para Osiel Cárdenas Guillén, quien ya llega tiempo moviéndose en los espinosos caminos de la venta de drogas. Tamaulipas entra en ebullición y comienzan las matanzas y las disputas por esa plaza. Varios son los aspirantes a suceder a García Ábrego; todos ellos famélicos de poder, como su propio hermano, Humberto García Ábrego, quien intenta canalizar a su favor el vacío de poder para hacer pingües negocios con la droga. Todos fracasan; todos  se muestran incapaces de poner orden en la agitada empresa criminal  que controlada García Ábrego; les falta inteligencia para domeñar los espacios territoriales del Golfo de México.

Osiel Cárdenas, novicio de este negocio, aún está lejos de trepar a la cabeza del cártel, pero avanza en esa dirección por caminos accidentados y pedregosos. Una ligazón de sucesos sobrevienen, como una marejada, y sacuden al joven Osiel, quien sortea el poderoso huracán de la adversidad, de su propia ceguera interior y que se apresta, quizá sin saberlo, a erigirse como boyante “gramero” y, más tarde, como el narcotraficante más influyente de una región de Tamaulipas: Miguel Alemán, un territorio a la postre lleno de terror, le sirve de refugio largo tiempo para maquinar lo que más tarde llamará orgullosamente “mi empresa”.

Pero la altura que Osiel pretende alcanzar en el poder criminal aún es muy alta y continuamente resbala porque no tiene la habilidad para escalar en esas accidentadas enredaderas del poder criminal. No ha subido aun ni un peldaño cuando una sacudida lo azota sorpresivamente y de nuevo se vuelve a conturbar. Desconoce aún las añagazas y las traiciones del negocio, que con el paso de los años serán sus mejores armas. El camino le resulta demasiado sinuoso y accidentado. El pináculo que busca quizá sin saberlo cabalmente;  tan distante está, que aún la nubosa lejanía le impide disiparlo. Acaso intuye que otros competidores quieren llegar a la cúspide, que algunos le llevan ventaja en esa desaforada carrera delincuencial que cada uno ha emprendido por veredas diferentes.

Aún le falta recibir muchos golpes y caídas para llegar al primer nivel de la codiciada y resbaladiza escalinata, pero el rebelde Osiel sigue. Atisba, mira hacia todas partes, a veces extraviado, pues desconoce adonde conducen los fuertes vientos que soplan en su entorno. Pero en medio de este torbellino de confusiones, Osiel muestra denuedo, y ese será su más preciado instrumento para abrirle sitio a su porvenir en el convulsionado mundo de la mafia.

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