Pablo Cabañas Díaz

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) comenzó a operar el primer día de 2020 por decreto oficial para sustituir al Seguro Popular. El Insabi contará en su primer año de operación, con un financiamiento de 112 mil 538.3 millones de pesos, pues los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud –con los que se atendía el Seguro Popular–fueron transferidos al nuevo organismo. De acuerdo con el decreto para su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019, el Insabi tiene por objetivo proveer y garantizar la prestación gratuita del servicio de salud y medicamentos a personas sin seguridad social.

Además, deberá supervisar que en las unidades médicas a su cargo se cuente, de forma permanente, con el personal profesional, auxiliar y técnico para la salud, en especial en las comunidades marginadas. Al respecto, hasta finales de diciembre pasado se reportaron 23 mil aspirantes para participar en el programa Médico del Bienestar, cuyo objetivo es la contratación de personal médico que labore en las regiones más apartadas y vulnerables del país.

Fue a partir del gobierno de Vicente Fox, en el que profundizaron  las estrategias para alinear las políticas fiscales con las políticas de salud. En el año 2001, el Banco Mundial buscó la reorganización de los servicios de salud. La Secretaría de Salud, fue apartada de la prestación de servicios. Las cuotas del seguro de enfermedad y maternidad fueron transferidas a un organismo autónomo, denominado Fondo Solidario de Salud (FSS).

La participación privada en los servicios de salud, fue justificada a partir del argumento de la existencia de una  creciente saturación de los servicios que prestaba el sector público. La propuesta gubernamental, tenía claros  tintes privatizadores, señalaba que ante la imposibilidad de atender a la “nueva población derechohabiente”, constituida por los grupos cotizantes más altos y por los trabajadores de la economía informal, se debía utilizar la infraestructura disponible a través de establecimientos privados mediante un financiamiento público.

Esto planteaba una separación entre población asegurada y no asegurada, abría para ambas, una diversidad de servicios a los que estos grupos podían acceder a partir de seguros privados, de acuerdo a su capacidad de pago. Esta nueva estructura cuyos cambios radicaban en la inserción del sector privado en sus diferentes tenía como rasgo específico el traslado de recursos del sector público al privado.

La política de la salud buscó  la creación de un mercado para el sector privado, a través de dos estrategias: a) hacer que los servicios públicos fueran percibidos como insuficientes y de mala calidad lo cual incrementaba la demanda de los servicios privado; y b) contar con formas de financiamiento para el sector privado.

Aunado a esto, la reducción del gasto en salud  produjo que el sector  público  tuviera cada vez más recursos al pago de la nómina y menos al gasto de inversión, hecho que influyó de manera negativa en la ampliación de la infraestructura y en el equipamiento de las unidades de salud. Este modelo también  dejó de lado la disponibilidad y organización de los recursos para la salud. Queda el interrogante de por qué se optó por un seguro casi totalmente financiado con recursos fiscales cuando se podrían haber incrementado y transferido los recursos nuevos directamente a la población. La razón única es que existe la firme decisión de separar el financiamiento y la prestación de servicios fue  para crear la competencia de mercado. El objetivo no fue otro que el de abrir el sector salud a los privados  tal y como lo señaló el Banco Mundial en el documento confidencial Mexico: Health system reform de 1998.

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