*Durante 2019 el gobierno de la 4T otorgó contratos para la adquisición de bienes y servicios por un monto superior a los 300 mil millones de pesos, de los cuales 149 mil millones se erogaron en adjudicaciones directas, es decir, sin licitación alguna de por medio.

*Los contratos del gobierno federal mediante licitaciones públicas representaron poco más de la mitad, muy lejos del 80 por ciento proyectado por la Secretaría de la Función Pública y dejando en letra muerta lo estipulado en la Plan Nacional de Desarrollo que señala la prohibición de las adjudicaciones directas

*Una más de sus promesas incumplidas, pues el presidente López Obrador había prometido que los procesos de licitación se llevarían a cabo de manera abierta y transparente, e incluso se comprometió a realizarlos mediante la supervisión de la ONU, lo cual resultó una mentira más, ya que a la fecha jamás ha recurrido al organismo internacional

*A unos días de haber ganado las elecciones presidenciales, AMLO dio a conocer una serie de compromisos para combatir la corrupción y llevar a cabo medidas para aplicar un gasto austero, entre éstas, el que los contratos de obra pública al igual que los de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno se realizarían mediante licitación pública, de manera consolidada, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU

*Una vez en el poder, la realidad ha sido otra; Su gobierno ha estado replicando el mismo modelo de anteriores gobiernos al asignar de manera directa millonarios contratos

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.- El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la Cuarta Transformación (4T) pone especial énfasis en que este gobierno prohibirá las adjudicaciones directas, pues reconoce que es a través de este proceso de contratación por donde se cuelan los hechos de corrupción.

El Plan Nacional de Desarrollo señala que la discrecionalidad es el origen de la corrupción, pero en los hechos el gobierno lópezobradorista hace todo lo contrario, pues la decisión de adjudicar numerosos contratos de forma directa resulta más que discrecional.

La adjudicación directa parece ser el patrón de contratación del nuevo gobierno, ya que las cifras de CompraNet contradicen los señalamientos del PND.

El tema involucra otras problemáticas que van más allá de los riesgos de corrupción asociados a estos mecanismos de compra y adquisición de bienes y servicios que hace el gobierno federal, siendo la primera la garantía del uso transparente y óptimo de los dineros públicos.

Mediante los mecanismos de invitación restringida o de adjudicación directa se carece de la certeza de si se contrataron a las empresas más aptas para ofrecer los bienes y servicios requeridos, ofreciendo por lo tanto el mayor valor por los recursos destinados.

Durante 2019 el gobierno de la 4T otorgó contratos para la adquisición de bienes y servicios por un monto superior a los 300 mil millones de pesos, de los cuales 151 mil millones fueron gastados mediante licitación pública y el restante (149 mil millones) se entregó en adjudicaciones directas, es decir, sin licitación alguna de por medio.

De esta forma, los contratos del gobierno federal mediante licitaciones representaron poco más de la mitad, muy lejos del 80 por ciento proyectado por la Secretaría de la Función Pública y dejando en letra muerta lo estipulado en la Plan Nacional de Desarrollo.

Una cuarta parte de los recursos gastados sin licitación pública pertenece al sector salud y esto es debido a las patentes.

En la Ley de Adquisiciones, este tipo de procedimientos (tanto adjudicaciones directas como invitación a al menos tres proveedores) se consideran excepciones a la regla que debe ser la licitación. Pero las justificaciones para que la excepción se torne regla es muy variable y con puntos de vista muy diversos entre una dependencia y otra.

El espíritu de la referida Ley es que los dineros públicos se utilicen de manera racional, usando la licitación o concurso público por los contratos, proporcionando servicios, contrataciones y compras con el mejor balance posible en cuanto a precio y calidad.

Se pretende que el gobierno o las dependencias federales en calidad de contratista o comprador, no esté en una posición de desventaja respecto a las empresas proveedoras de bienes y servicios.

Pero en la práctica diaria del quehacer público, en las oficinas de gobierno, un mismo bien o servicio, incluso de la misma empresa, es adquirido lo mismo mediante adjudicaciones directas que a través de licitaciones.

En el caso de la ley vigente en materia de contratación de obra pública se concibe a este mecanismo (la adjudicación directa) como una excepción a la licitación abierta, pero también se establecen algunos supuestos para usarlo. Al optar por la adjudicación directa, los responsables deben de elaborar una justificación.

En este sentido, algunos académicos opinan que el gobierno debería promover una reforma a la Ley de Obras para que la prohibición a que se hace referencia en el Plan Nacional de Desarrollo quede asentada en dicha ley, y que los mecanismos excepcionales –como la invitación restringida y la adjudicación directa– queden excluidos o, por lo menos, perfectamente acotados.

Pero los casos de adjudicaciones directas se dieron desde inicios del actual gobierno. En enero de 2019 se compraron 671 pipas para transporte de combustible por un total de mil 765 millones de pesos mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.

Para la construcción de la refinería de Dos Bocas se hizo una invitación restringida a cuatro empresas. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó por adjudicación directa los primeros tres contratos del Tren Maya, que sumaron casi 100 millones de pesos.

Prevalecen las adjudicaciones directas

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó qué entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, el 74 por ciento de los contratos del gobierno federal con proveedores de bienes y servicios se realizó por adjudicación directa.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que entre enero-noviembre del año pasado, el 77 por ciento de las compras del gobierno federal se realizó mediante el mecanismo de adjudicación directa.

El organismo sostiene que, hasta noviembre de 2019, CompraNet reportó que el gobierno del presidente López Obrador adjudicó de manera directa 77 por ciento de sus contratos, porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre 2010 y 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72 por ciento.

El IMCO menciona tres aspectos que México debe mejorar en sus procesos de adquisiciones públicas para cumplir con el Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC, por sus siglas en inglés) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los puntos clave son: Poner la licitación pública como la principal modalidad de contratación al momento de realizar una compra pública, fortalecer los instrumentos de impugnación en estos procesos y mejorar los mecanismos de control social.

Explica que México tiene pendiente reforzar los mecanismos de impugnación de los fallos, lo que incluye la posibilidad de impugnar en casos de adjudicación directa, pues sostiene que es necesario que las empresas interesadas en venderle al gobierno, y otros actores relevantes, puedan reclamar inconformidades en los procedimientos de compra, incluso cuando estas no hayan sido invitadas a participar en el proceso.

Igualmente, recomienda mejorar los mecanismos de control social, qué en todas las fases de contratación pública, desde la planeación hasta su ejecución, son necesarias herramientas de evaluación y vigilancia de cumplimiento con la normatividad.

El IMCO, señala como una necesidad impulsar, revisar y reforzar la tipificación del cohecho internacional para mejorar los mecanismos de detección, investigación y sanción del delito, pues resalta que, de 1999 a diciembre del 2017, México inició únicamente tres investigaciones en contra de empresas, pero ninguna de ellas derivó en sanciones de algún tipo.

Y cita algunos casos de otras naciones signatarias de la convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que sí han empleado sus leyes de cohecho internacional.

Puso como ejemplo a Estados Unidos, donde las autoridades han sancionado a 125 empresas por este delito; Alemania ha generado 11 sanciones, los Países Bajos y el Reino Unido siete, entre otros que han sancionado de una a seis empresas.

Otro dato indicador es que en los primeros 100 días de la nueva administración, las dependencias, institutos y organismos del gobierno federal adjudicaron de forma directa o por invitación restringida 46 por ciento de la obra pública, la mayoría correspondió al sector carretero.

De acuerdo con datos de Compranet, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se otorgaron 980 contratos de obra pública.

Entre las dependencias destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Administraciones Portuarias e institutos de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el referido lapso se otorgaron cerca de 497 contratos de obra pública por un monto de alrededor de tres mil 194 millones de pesos: el 46 por ciento fue por invitación restringida y adjudicación directa.

La contratación de obra pública se realiza bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), que señala que existen tres modalidades de contratación: licitación pública nacional o internacional, y excepciones a la misma, que son la invitación restringida y la adjudicación directa.

De acuerdo con la Ley, para que se otorguen contratos por estas dos últimas se deben cumplir requisitos como el monto a contratar, la urgencia o condiciones particulares de las obras. Casi la mitad de las contrataciones se hicieron siguiendo esas excepciones.

«El proceso para contratar que deben seguir los gobiernos, federal y estatales, es la licitación pública abierta. Cualquier otro proceso tendría que justificarse, y un gobierno que se piensa abierto y promotor de la integridad y de políticas anticorrupción, debería generar mucha rendición de cuentas sobre estas decisiones», dice Mariana Campos, coordinadora de Rendición de Cuentas en México Evalúa.

Especialistas y expertos en el tema coinciden en que México no ha cumplido con sus compromisos internacionales contra la corrupción durante décadas, y sostienen que las políticas implementadas por el gobierno de López Obrador no están alineadas con las recomendaciones de organismos internacionales.

En este sentido, proponen alinear la estrategia anticorrupción actual con los compromisos internacionales adquiridos, pues México es participe vigente y está comprometido a cumplir las acciones establecidas en tres convenciones internacionales: Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC); Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anti cohecho); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC o Convención de Mérida).

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