Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo

*Si los golpes son eficaces, buena parte de la clase política podría verse en serios problemas, de otra manera, seguirá la impunidad.

Para enfrentar a la delincuencia organizada, el gobierno federal ya cuenta con instrumentos poderosos, pero que resultan ineficaces si no se aplican: La Guardia Nacional y la Ley de Extinción de Dominio. Pero ahora instalará Unidades de Inteligencia Financiera en los estados del país, a fin de realizar una especie de mapeo permanente respecto de los recursos ilegales que despliega el crimen organizado a través de diversas empresas.

            Esto lo anunció el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien dijo que de esta forma se trata de disponer de mayores elementos para luchar contra el flagelo de la delincuencia organizada y la violencia que priva en el país.

            Sin embargo, si estos instrumentos no se aplican correctamente y con rigor, ninguna ley será eficaz para destruir a los cárteles de la droga ni será posible, tampoco, desmantelar la red de protección política e institucional que cobija a los verdaderos criminales.

            Desde antes de que asumiera la presidencia de la República, diversos analistas nacionales y extranjeros le dijeron al presidente López Obrador –y a Alfonso Durazo –que ningún combate criminal resultaría eficiente si no se golpea el nervio financiero de la mafia.

            Tampoco dará frutos un trabajo anticrimen que no desmantele el cobijo político que hace posible que los narcos sigan haciendo de la suya en el país y más allá de nuestras fronteras.

            Y este cerco protector, como se sabe, está conformado por gobernadores y exgobernadores priistas y no priistas que viven en la más absoluta impunidad a pesar de que se enriquecieron en el poder protegiendo a los cárteles. Actualmente viven cómodamente de los miles de millones que amasaron en este jugoso negocio de gobernar y proteger a los criminales, vigente hasta la fecha en el gobierno de la Cuarta Transformación.

            La red que protege al crimen organizado en México está vigente: está en los partidos políticos y en los gobiernos municipales; también opera en las iglesias, en la iniciativa privada, en las policías, sobre todo, entre los mandos altos y medios. Sin ningún reparo se les puede mirar en los gobiernos estatales, donde los gobernadores brindan protección al narcotráfico abiertamente, a través de sus secretarios de Gobierno o bien de los fiscales estatales…

            Es sumamente importante, como ya se dijo, la creación de las Unidades de Inteligencia Financiera en los estados, pero también lo es el hecho de que, desde la Secretaría de Hacienda se efectúe un trabajo de investigación profundo para conocer el patrimonio que maneja el crimen organizado en México.

            Dónde están las más cuantiosas inversiones, quienes manejan los recursos. Se sabe, por ejemplo, que la industria de la construcción –un verdadero lavadero de dinero –es uno de los sectores más socorridos por los mafiosos.

            Ahí están vinculados políticos y exfuncionarios públicos que alguna vez fueron señalados como piezas del crimen organizado. Ahora realizan inversiones cuantiosas en edificios de departamentos de lujo en diversos estados del país. Un caso emblemático es Manuel Bitar Tafich, exoperador financiero de Amado Carrillo Fuentes, quien al parecer se quedó con buena parte de la fortuna del capo y la invirtió en la construcción de hoteles en la ciudad de Torreón, Coahuila.

            Bitar Tafich –Desempeña el papel de “El Turco” en la serie de El Señor de los Cielos” –, según las investigaciones, era uno de los pocos que sabía dónde escondía Carrillo Fuentes grandes cantidades de dinero en efectivo. Se sabe que lo hacía en vagones de ferrocarril que él adquiría para tales fines. Bitar disponía de llaves y combinaciones para abrir las compuertas cada vez que Carrillo Fuentes le pedía cubrir el pago de algún cargamento.

            Otras inversiones de Carrillo Fuentes están en hoteles de gran turismo en varios puntos de México: Cancún fue uno de los polos de desarrollo donde hizo alianzas con empresarios acaudalados para invertir en hoteles y otros negocios.

            La red patrimonial del crimen organizado es uno de los puntos clave del gobierno federal para ampliar sus miras en el combate criminal. Sin un conocimiento amplio de los recursos que maneja la mafia en México es imposible emprender batalla alguna para combatir la criminalidad y la violencia que viene aparejada con estas actividades.

            La delincuencia organizada dispone de miles de millones de dólares para comprar conciencias: financiar campañas de gobernadores, senadores, diputados y alcaldes; comprar a empresarios que estén dispuestos a lavar estos activos en sus redes empresariales y paraísos financieros.

            También se emplea el dinero en la compra de armas, con la que se mantiene permanentemente desestabilizado al Estado mexicano a través de la violencia y la corrupción, dos armas letales de los grupos criminales.

            En México la delincuencia organizada encontró un paraíso para operar, sobre todo por los elevados índices de impunidad que imperan en el país: más del 95%, algo no visto en otros países del mundo.

            Esto quiere decir que el crimen organizado tiene amplios márgenes de maniobra en México y las posibilidades de que pierdan dinero o de que sus hombres terminen en una cárcel son demasiado bajas, casi cero posibilidades, pues el marco legal es propicio para que los criminales vivan como reyes, amos y señores de la mafia sin que nada les suceda.

            Además, cuando una autoridad detecta irregularidades e intenta proceder contra algún miembro de esa élite mafiosa de inmediato disponen de sus miles de millones para detener cualquier investigación en su contra. El último recurso, en algunos casos, es asesinar al funcionario y así toda investigación al menos puede ser trastocada.

            Con ello ganan tiempo y logran que las líneas de investigación se desvíen hacia otros puntos. Si es lavado de dinero lo que se indaga, llevan ventaja si el caso pasa por Panamá, donde las leyes protegen a los cuentahabientes y ahí las investigaciones se estrellan con el muro de la impunidad, pues las cuentas desaparecen y los nombres de sus titulares no se pueden revelar. El silencio es más robusto, incluso, que en Suiza, el paraíso de los grupos criminales.

            Los pasos que ahora da el gobierno de López Obrador, pese a que puede celebrarse que ahora la Unidad de Inteligencia Financiera que preside Santiago Nieto estará presente en los estados del país, es insuficiente para desmantelar toda la red patrimonial mafiosa. Como siempre, la mafia lleva la delantera.

            Es posible que sus acciones, de ser efectivas, puedan desatar mayor violencia en el momento de tocar lo que más les duele a los mafiosos: sus capitales.

            Es posible que los primeros objetivos de estas unidades de inteligencia financiera sean los exgobernadores señalados como protectores del narcotráfico y alguno que otro empresario ligado al lavado de dinero. De adentrase en este mundo, seguramente habrá sorpresas.

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