Aletia Molina/Sol Quintana Roo

*La falta de claridad sobre cómo opera el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) responde a que en la propia reforma a la Ley General de Salud (LGS) los legisladores que lo aprobaron no dejaron congruencia. Al Seguro Popular le dieron sepultura el 31 de diciembre. Por ello en el decreto que se da vida jurídica al Insabi se indica que éste empezó a operar el 1 de enero.

 

Desde que quedó aprobado el cambio de ley, y la posterior instalación del nuevo Instituto en Palacio Nacional el 19 de diciembre, todos en el sistema público de salud sabían que el Seguro Popular desaparecería con el 2019, y al inicio de año arrancaría el Insabi, pero nadie sabe todavía como fue ese paso. El caos fue inevitable.

El problema es que “abrieron el restaurante sin tener la comida preparada”. La nueva institución necesita un diseño, manuales y reglas de operación para poder operarlo y llevarlo a cabo.

Los tiempos marcados en la nueva ley del Insabi señalan que a partir de quedar instalada la Junta de Gobierno del nuevo organismo (lo cual fue el 19 de diciembre) tiene 60 días para presentar estatutos orgánicos. Eso significa que será el 19 de febrero cuando quede definida la estructura orgánica del Insabi, que a su vez debe ser autorizada por el equipo de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, la misma Junta de Gobierno tiene 180 días para emitir las reglas de operación, y ello es a más tardar el 30 de junio próximo.

Mientras tanto, debe entenderse que los hospitales e institutos de salud que dependen del Insabi operarán como mejor entiendan… Desde las primeras horas del 2020 aparecieron los primeros problemas, todos ellos reducidos a una sola palabra: la implementación y comunicación.

El gobierno apresuró la eliminación del Seguro Popular y no publicó las reglas de operación, los ajustes a la normatividad, su plan de implementación, por lo que los primeros problemas surgieron en las clínicas y hospitales.

Esta situación, ha generado grandes espacios de incertidumbre porque se eliminaron las formas de financiamiento que tenía el Seguro Popular, se recentralizarán los servicios de salud y se quitaron los mecanismos de exigibilidad a los que estaban sujetos las personas beneficiadas.

El nuevo programa tiene bases malas, pero, además, están no están sobre estructuras firmes.

El Seguro Popular fue una política pública muy bien diseñada, pero abandonada; cayó la calidad de los servicios a los que se podía acceder mediante ese instrumento y hubo un montón de infraestructura médica subutilizada.

No se puede decir si el Seguro Popular era o no rescatable porque no se cuenta con la información para saberlo, pero, podría sugerirse que sí porque el financiamiento a la afiliación estaba puesto en la Ley General de Salud y era  un mecanismo bastante transparente. Ahora, con el Insabi, con la lógica del presupuesto centralizado que lo apuntala, podría correrse el riesgo de operar de manera bastante opaca.

Lo cierto es que la implementación del Insabi se ha politizado por quienes buscan sacar raja política; es necesario que el gobierno federal comunique claramente las implicaciones y todos los detalles de la eliminación del Seguro Popular y la política pública que lo sustituirá… Cosa de la que obviamente la #4T tampoco tiene ni peregrina idea de como hacer.

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