*El ex gobernador Félix Arturo González Canto es otro ex gobernador investigado por la UIF

*Existe la posibilidad del congelamiento de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de sus bienes, aunque habría que recordar que le fueron confiscados parte de ellos

*Todo lo anterior, luego de las declaraciones del “El Rey” Zambada durante el juicio del “El Chapo”, donde relacionó a Roberto Borge y Félix González Canto, con dicho capo

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.– Luego de las declaraciones de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García durante el juicio a Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, en las que relacionó a Roberto Borge y Félix González Canto con dicho capo se reactivaron denuncias “congeladas” en la desaparecida Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y encontraron elementos suficientes para que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) iniciara investigaciones en contra del segundo, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En este contexto, las autoridades hacendarias y la Fiscalía General de República (FGR), retomaron denuncias existentes en contra de González Canto por delitos del fuero federal, además de otra carpeta de investigación en la Fiscalía General de Quintana Roo formulada por periodistas de dicha entidad, quienes dijeron haber sido amenazados por el también ex senador priista.

Las denuncias, señalamientos y acusaciones contra el polémico político cozumeleño no son nuevas, datan desde el principio de su gestión en el servicio, cuando era presidente municipal de Cozumel.

Empero, gozaba de la protección de su partido, el PRI, al que se había incorporado a los 20 años, de tal suerte que a los 31años había sido encumbrado como alcalde de la isla caribeña, puesto en que se mantuvo hasta concluir su mandato, en el 2002 y desde entonces, merced a su fuero político por sus encargos públicos, primero como diputado, luego gobernador y por último senador, se había tornado prácticamente intocable.

Esa situación cambió en el 2018, cuando el tricolor fue aplastado en las elecciones quedando reducido a la cuarta fuerza, con lo que Félix perdió toda oportunidad para incrustarse en el Poder Legislativo y conservar el fuero legislativo y dado el cúmulo de acusaciones en su contra y las derivadas por las declaraciones del “Rey” Zambada, hermano del “Mayo” Zambada, verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, correspondió a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda realizar las investigaciones correspondientes.

Como se recordará, durante su comparecencia ante la corte de los Estados Unidos, “El Rey” Zambada reveló sobornos millonarios que los ex gobernadores priistas, entre ellos Borge y González Canto recibieron del Cártel de Sinaloa.

Jesús Zambada detalló en su testimonial la manera como el cártel sobornaba a diversas autoridades mexicanas, entre federales, estatales y municipales, por instrucciones de su hermano “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán, que eran los que se encargaban de captar a funcionarios del más alto nivel de gobierno, entre los que se encontraban los referidos gobernantes.

"El Rey" Zambada
«El Rey» Zambada

Como se sabe, los millonarios sobornos no sólo permitían el libre trasiego de la droga, sino también desviar o paralizar cualquier investigación en marcha por las autoridades sobre asesinatos en contra de narcos rivales, “se entraba en contacto con el mando que tenía el caso para indicarle la línea que debería tomar la investigación y se le pedía directamente al comandante que actuara en tal o cual sentido”, señaló Zambada.

Pero, además de esas últimas imputaciones fueron reactivadas al menos media docena más de averiguaciones previas, ahora convertidas en carpetas de investigación, por diversos delitos, entre ellos: Homicidio, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y otros.

Las investigaciones hechas por la desaparecida PGR, antes de que se transformara en Fiscalía General de la Nación, tras el intercambio de información con los gobiernos de varios países, señalaron que González Canto posee un castillo en Francia con valor de más de 2.5 millones de euros; un condominio de lujo en la torre Hutton Grand de Dubái, cuyo precio supera los 200 mil euros; un departamento en Miami, Florida, de 500 mil dólares y un yate de un millón de euros, entre otras propiedades.

 

El ex senador por Quintana Roo posee además de una mansión inteligente en Andara, un exclusivo conjunto residencial, una casa en el fraccionamiento La Herradura y otra residencia en la calle Armada de México, donde convive con su familia cuando coinciden en la ciudad de Chetumal.

La casa de Andara es una verdadera fortaleza de dos hectáreas, que obtuvo en regalo por autorizar y pagar el subsidio de las instalaciones de Radio Maya Internacional, un medio creado por Zapata Vales nada más para tener el acercamiento con González Canto y así conseguir todos los permisos para edificar Andara.

Como pago a esos “favores” a González Canto le edificaron su fortaleza. Dos hectáreas con campo de golf, cancha de tenis, alberca, la lujosa edificación con ventanas blindadas, gigantesca cochera donde presumía su colección de autos.

A un costado de su mansión, construyó un helipuerto con todos los implementos de aeronáutica civil para tener comunicación con la torre de control de mando del aeropuerto internacional de Chetumal, cuyo costo fue superior a los 10 millones de pesos.

La actual acusación contra el ex senador González Canto se suma a media docena de denuncias en su contra, tanto del fuero común, en el ámbito estatal, como en el fuero federal, de las que ha dado cuenta Grupo Sol desde hace varios años.

Una de las denuncias correspondiente al fuero estatal está documentada y en manos de la Fiscalía General de Quintana Roo, como es el expediente por homicidio de la menor de 16 años de edad, Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez.

Entre las del orden federal figura la que interpuso una organización civil, Transparencia por Quintana Roo, ante la ahora por la venta a precios subvaluados de predios a empresarios, funcionarios y amistades cercanas a él, tal y como lo hiciera su sucesor Roberto Borge Angulo, actualmente en prisión.

En ese momento se presentó su denuncia el 14 de septiembre de 2016, por un total de mil 754 predios desincorporados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres durante la administración de González Canto y vendidos a precios irrisorios a familiares y amigos.

Además, pesan sobre él dos denuncias más ante la FGR por el delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el estado de Quintana Roo y una más por periodistas de Quintana Roo que han recibido amenazas por parte del ex senador, documentado oportunamente por Sol Quintana Roo.

Antes de que Félix llegara a la gubernatura, el patrimonio familiar de la familia González sólo era una casa modesta en la isla caribeña, sin nada que denotara lujos o derroche; sin embargo, al concluir su gestión se hablaba de lujosos departamentos, residencias, pent-houses, cuentas bancarias en paraísos fiscales y un sin fin de propiedades que de ninguna manera correspondían a lo que había percibido como servidor público.

Por lo que respecta al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, este se consumó a través de la creación de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V. (Barcos Caribe), fundada por Roberto Borge Martín, actualmente prófugo, padre de Roberto Borge, preso, y por Franco González Padrón, tío de González Canto.

Al término de su mandato, en abril de 2011, González Canto fue considerado como el político más rico de todo el Estado, aunque para ello heredara a los quintanarroenses una enorme deuda de más de 13 mil 500 millones de pesos, que sólo podría pagarse hasta los siguientes 20 años, es decir hasta el 2031, aunque con el aumento de la deuda que dejó su predecesor Borge Angulo se estima que sería cubierta hasta después del 2050.

Con una especial visión para las finanzas, Félix fue más empresario que gobernante y mediante mil formas amasó su fortuna desde el gobierno, con lo que pudo hacerse de un sin fin de propiedades, además del control monopólico de diversos negocios, desde franquicias de la cadena Oxxo, Alpura, Italian Coffe, gasolineras, constructoras, inmobiliarias, notarías, plazas comerciales, empresas de transporte (terrestre, marítimo y aéreo) y hasta del mercado negro de las placas de taxi.

En Chetumal, la familia González adquirió cuatro inmuebles contiguos en la colonia Campestre para construir toda una mansión. Una de esas casas se la compraron a la señora Amparo Angulo en 10 millones de pesos; la mitad la pagó en efectivo y la otra mitad en concesiones para taxis.

Para entonces había sospechas de que se había enriquecido de manera ilícita, pues pese a su sociedad con el poderoso empresario libanés Isaac Hamui, era un secreto a voces que el verdadero dueño de empresas, hoteles y plazas comerciales era González Canto.

Obviamente, para que el negocio funcionara fue necesaria la intervención de familiares, socios, amigos y compadres, a los que colocó en posiciones clave, principalmente relacionadas con obras y adquisiciones públicas, entre ellos a Francisco Alor Quesada, Gabriel Mendicuti Loría, Andrés Ruiz Morcillo, Ricardo Pech y a su inseparable asesor y compadre, Omar Giacoman Alborta.

Pero sin duda, uno de los mayores botines de González Canto fue Isla Blanca, en Isla Mujeres, para lo que contó con la complicidad de operadores políticos y empresarios voraces, como el neolonés Felipe Enríquez Hernández.

En 2010 se apoderó de más de 440 mil metros de costa en Isla Blanca, al norte de Cancún, así como en el Ejido de Ucú, al poniente de la ciudad de Mérida, cuyo potencial turístico es calculado en cientos de millones de dólares.

Todo ese cúmulo de propiedades y las denuncias en su contra atrajeron la atención de las autoridades estatales y federales, pero dada la protección que recibía del partido político que se encontraba en el poder, además de su fuero legislativo, impidieron por casi 20 años que pudiera ser llamado a cuentas.

Ahora, tras los señalamientos del “Rey” Zambada y sin la protección del fuero y sin el poder que le otorgaba el PRI, la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, enfoca sus baterías hacia González Canto que tendrá que afrontar como un ciudadano común las acusaciones que, en principio, podrían derivar en el congelamiento de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de sus bienes, aunque habría que recordar que le fueron confiscados buena parte de ellos, como también lo dio a conocer esta casa editorial.

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