*A un año y 11 meses del sonado auto-atentando sufrido en una embarcación de “Barcos Caribe” la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la FGR no ha informado avance alguno

*Sol Quintana Roo informó, en exclusiva y en su momento, que la Fiscalía General de la República atrajo el caso luego del estallido en la embarcación y abrió una carpeta por posible lavado de dinero

*La empresa fue constituida el 22 de junio de 2012 con un capital de 200 mil pesos teniendo como accionistas originales a Franco González y César Melgarejo, cada uno con 100 acciones con valor nominal de mil pesos

STAFF SOL QUINTANA ROO

Cozumel.– A un año y 11 meses del sonado auto-atentando sufrido en una embarcación de la desaparecida empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V., mejor conocida como “Barcos Caribe”, empresa “creada” por y “socios”, y financiada con dinero del erario público por su hijo y en ese entonces gobernador de la entidad, Roberto Borge Angulo, la investigación continúa estancada.

Los días siguen pasando y la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía en la Ciudad de México, la cual atrajo el caso, no ha informado avance alguno de dichas investigaciones, hasta el momento.

Sol Quintana Roo informó en su momento que, aunque no se dio a conocer de manera oficial, la FGR (antes PGR) resolvió atraer de manera directa las pesquisas de la empresa naviera, luego del estallido ocurrido y que puso al descubierto un posible auto-atentado tras el señalamiento de que dicha compañía era utilizada para “lavar” dinero producto de actividades ilícitas.

Hechos que forman parte de la investigación y que con el paso del tiempo las autoridades federales decidieron

continuar la investigación sobre esa arista que se ha convertido en una de las acusaciones que se tienen en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo, preso hoy en Ayala, Morelos.

Fuentes allegadas a las pesquisas que se reactivaron, confiaron a Sol Quintana Roo que la decisión de atraer el caso y llevar a cabo las investigaciones desde las oficinas centrales de la institución federal se derivó ante la falta de resultados de la Delegación Estatal, toda vez que la explosión ocurrió el 21 de febrero de 2018 -El próximo mes se cumplirán dos años- en uno de los barcos de la citada compañía y hasta mediados de enero de ese año no se había reportado avance alguno.

Como se recordará, quien figurara como uno de los principales accionistas de la naviera y de quien se presume la autoría intelectual del estallido (Borge Martín), intentó dar una imagen de desestabilización del Estado como para poder cobrar un millonario seguro en dólares.

Pero después de que este medio publicara en exclusiva, una fotografía en la cual se apreciaba a Roberto Borge Martín pasearse impunemente por los aeropuertos de Quintana Roo, sin que las autoridades federales hicieran algo, atrajeron el caso directamente.

LA HISTORIA

La empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, conocida comúnmente como “Barcos Caribe”, fue constituida el 22 de junio de 2012, con un capital de 200 mil pesos. Como accionistas originales figuraron Franco González y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, cada uno con 100 acciones con valor nominal de mil pesos cada una.

Se supo que la creación de “Barcos Caribe” se debió a una solicitud del gobernador Roberto Borge Angulo, de acuerdo a declaraciones de Guillermo Ruiz de Teresa, en ese tiempo coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El 22 de julio de 2012, cuando Borge Angulo llevaba en el poder un año y tres meses, por instrucciones suyas se constituyó la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable (Barcos Caribe) y según el acta constitutiva número 73 de la Notaría Pública 69 de Chetumal, Quintana Roo, la compañía naviera fue registrada por Franco González Padrón, tío del también ex gobernante Félix Arturo González Canto y por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

Además de González Padrón y de González-Hermosillo Melgarejo, posteriormente aparecieron como accionistas Álvaro Martín Martín y Elías George Moussa Tanous, el primero tesorero del ayuntamiento de Cozumel (2008-2011), durante la gestión de Juan Carlos González Hernández, hijo del apoderado de Barcos Caribe y el segundo un empresario hotelero de origen libanés, cercano a Roberto y Miguel Borge Martín, padre y tío, respectivamente, de Borge Angulo.

Ya para concluir el mes de diciembre, la naviera obtuvo del ayuntamiento de Solidaridad, donde entonces era presidente municipal el priista Mauricio Góngora Escalante, preso por desempeño irregular de la función pública, la concesión de 23.08 metros cuadrados en la esquina Avenida Sur y Calle 1 Sur Bis, en Playa del Carmen, para la instalación de un módulo para punto de venta de boletaje, por un periodo de 15 años.

El 7 de febrero de 2015, la SCT otorgó los permisos para transporte de pasajeros a las embarcaciones con las que hasta entonces contaba la empresa, Caribe I, matrícula 2304151221-1 y Caribe II, matrícula 2304151121-6), por 6 años, hasta febrero de 2021, durante los que cubriría la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Playa del Carmen-Cozumel, en tanto que el Caribe III, matrícula 23041571214, adquirido posteriormente, obtendría una autorización similar hasta el 6 de julio de 2016.

En lo referente al aspecto financiero, que ya es investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), “Barcos Caribe”, que comenzó a operar en febrero de 2015, es una sociedad naviera cuyos dueños y apoderado legal son empleados de la familia del ahora ex gobernante de Quintana Roo, quien desde su cargo promovió la creación de la compañía.
De acuerdo con el SAT, la compañía naviera pretendió ocultar la compra de las embarcaciones porque los socios estaban conscientes de que llevaban a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la operación denominada “Proyecto Monarca”.

Entre las pruebas recabadas por la parte acusatoria, se incluyen el acta constitutiva de la compañía naviera; los contratos de compraventa de cada una de las embarcaciones y los registros de 21 transferencias bancarias realizadas por Barcos Caribe a las empresas proveedoras, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, que presuntamente no fueron reportadas al SAT.

La embarcación Kilimanjaro I (Caribe I), costó 2 millones 450 mil dólares; Kilimanjaro II (Caribe II), 2 millones 450 mil dólares; Eagle (Caribe III), 4 millones 350 mil dólares australianos; Casco B-117, 4 millones 970 mil dólares australianos y Casco B-118, 4 millones 970 mil dólares australianos, en total, de acuerdo al tipo de cambio actual, más de 300 millones de pesos.

El 16 de febrero de 2015, durante la inauguración de la naviera, evento en el que estuvo presente el gobernador Borge Angulo, Ruiz de Teresa dijo: “(…) fue decisión de la federación tener una tercera línea que pudiera concretar esta solicitud hecha por el gobernador Roberto Borge Angulo”.

Las pesquisas posteriores revelarían que, aunque la empresa naviera era encabezada por González Patrón, presidente del Consejo de Administración y representante legal, el verdadero dueño era Roberto Borge Martín, padre de Borge Angulo.

Desde entonces hubo señalamientos y sospechas sobre el financiamiento de la empresa, puesto que ninguno de los accionistas tenía capacidad económica probada para invertir cientos de millones de pesos, ni siquiera para la compra de los cinco barcos que fueron traídos desde Australia, de las empresas Kilimanjaro Fast Ferries Limited, Word Heritage Cruises y Aluminium Marine PTY, Ltd., menos aún para los demás gastos de la compañía.

Año y medio después, en agosto de 2016, González Padrón vendió todas sus acciones a su socio González Hermosillo, por lo que la sociedad quedó en manos del abogado de la familia Borge, aunque en realidad quien quedó como accionista mayoritario fue Roberto Borge Martín.

Durante todo el mandato de Borge Angulo, la empresa operó sin problemas monopolizando prácticamente el transporte marítimo en la referida ruta hasta que en abril de 2017, siete meses después de que Borge dejara el poder, la desaparecida Procuraduría General de la República iniciara una carpeta de investigación contra el ex mandatario por lavado de dinero, a través de “Barcos Caribe”.

Cabe recordar que Borge Martín fue procesado en diciembre de 1994, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos, aunque también se dieron otras situaciones graves, como fue la acusación de graves daños causados a los manglares en Cozumel para remodelar su club de playa.

Otro ilícito más del papá del ex gobernador fue la adquisición de 18 licencias irregulares para la venta de bebidas alcohólicas que se le otorgaron durante la administración de su hijo que generaron al erario pérdidas de 5 millones 230 mil pesos en pagos de impuestos.

De esa manera, la PGR no sólo investiga a Roberto Borge Martín por el estallido de la embarcación, sino que también indaga la procedencia ilícita de los recursos con los que se adquirieron los navíos, así como el tráfico de influencias del entonces gobernador para beneficiar a su progenitor.

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