*La decisión de posponer la presentación en el Senado de las iniciativas de reforma en materia de procuración de justicia y penal, sacó a la luz pública la falta de coordinación entre el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, así como las pretensiones del presidente López Obrador de pasar por encima de la Suprema Corte al proponer reformas que le competen al Poder Judicial sin haberla consultado previamente. La marcha atrás se dio luego de que circularan los anteproyectos de tales propuestas en los que se plantean medidas represoras y autoritarias como el que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo de una persona por cualquier delito, no sólo por el de delincuencia organizada; además, proponen validar en un proceso pruebas adquiridas por medios ilegales como la tortura, quitar la prohibición para intervenir comunicaciones en asuntos electorales y fiscales, y eliminar a los jueces de control. En las iniciativas se busca facultar al Senado para designar a jueces y magistrados del Poder Judicial; dar la atribución al Congreso para que expida el primer Código Penal Nacional; homologar para todo el país un catálogo de delitos y sanciones, y expedir la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica. Se plantea también incrementar el catálogo de delitos por los cuales podrá ser ingresado un menor a un centro de internamiento, y establecer que todo imputado que se niegue a ser examinado por peritos significará que acepta los hechos imputados. El paquete de iniciativas será presentado ‪el 1 de febrero‬, fecha de inicio del segundo período ordinario de sesiones del Congreso, aunque no se descarta que haya modificaciones de fondo luego de las críticas y observaciones de expertos penalistas y en temas de procuración de justicia.

STAFF LA OPINIÓN DE MÉXICO

Ciudad de México.- El paquete de reformas al sistema de justicia y penal cuya entrega en el Senado de la República tuvo que ser pospuesta para febrero próximo cuando inicie el período ordinario de sesiones, representa un franco retroceso en materia de derechos humanos y de procuración de justicia.

En medio de una crisis de seguridad sin precedentes que marcan el primer año de gobierno de López Obrador como el de mayor número de homicidios dolosos al sumar 35 mil asesinatos en 2019, la administración de AMLO pretende imponer leyes representativas de un gobierno autoritario y represor.

Aunque el paquete de reformas no fue presentado en el Senado de la República, fueron filtradas copias del referido anteproyecto en el que se aprecian algunos puntos clave.
En los anteproyectos se plantea que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo de una persona por cualquier delito, no sólo en el caso de los delitos de delincuencia organizada como sucede actualmente.

Los nueve anteproyectos plantean además validar en un proceso pruebas adquiridas por medios ilegales (podría recurrirse a la tortura como método para obtener declaraciones comprometedoras para el inculpado); quitar la prohibición para intervenir comunicaciones en asuntos electorales y fiscales, lo que implicaría invadir la privacidad lo mismo de empresarios que de empleados de gobierno o de militantes de partidos políticos.
Igualmente se plantea eliminar a los jueces de control encargados de resolver de forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, lo que afectaría los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.
Además, en las iniciativas, se busca facultar al Senado de la República para designar a jueces y magistrados; dar la atribución al Congreso de la Unión para que expida el primer Código Penal Nacional; homologar para todo el país un catálogo de delitos y sanciones, y expedir la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica.

Se propone también incrementar el catálogo de delitos por los cuales podrá ser ingresado un menor a un centro de internamiento, y establecer que todo imputado que se niegue a ser examinado por peritos significaría que acepta los hechos imputados.
El pasado 15 de enero, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y funcionarios del gobierno federal sostuvieron una reunión para analizar el paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal.

El paquete contiene nueve iniciativas de reforma constitucional y leyes de nueva creación en materia de impartición de justicia: la Constitución Política federal, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, en base a los documentos filtrados a los medios de comunicación y que definen el fondo de las iniciativas, expertos en materia judicial y penal advierten de una contrarreforma que reinstaura figuras ya superadas por nuestro sistema de justicia, como son el arraigo o la legalización de prácticas como la tortura que en décadas pasadas eran de uso común para obtener declaraciones comprometedoras de los imputados.
Ante la ola de críticas desfavorables que recibió el paquete de iniciativas, el Senado de la República las analizará mediante el modelo del parlamento abierto para incluir a los sectores de la sociedad, expertos y especialistas en el tema.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que las iniciativas promoverán, entre otros asuntos, una Ley de Justicia Cívica para prevenir la delincuencia cotidiana con la que se promoverá el trabajo comunitario, además de que establecerá la diferencia entre delincuentes «rescatables» que solo han cometido delitos en una ocasión y aquellos que reinciden.

Según Gertz Manero también se plantean modificaciones al Código Penal Federal, entre las cuales destaca una que precise la competencia local y federal en la atención de delitos, y otras reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
El fiscal general realizó un esbozo de Ley de Justicia Cívica, el proyecto de un nuevo Código Penal Nacional y de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De acuerdo con Gertz Manero, el objetivo del paquete legislativo busca echar atrás la “puerta giratoria” que ha permitido que algunas cárceles redujeran el número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad

Las reformas, un retroceso

El consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, consideró que México requiere una nueva norma para la persecución de los delitos, ante la problemática de violencia “que no hemos podido arreglar”.

“Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”, aseguró.

Esa fue parte de la exposición que dieron el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, aunque las copias de los anteproyectos que fueron filtradas a los medios de comunicación contenían reformas que para juristas, penalistas y expertos en temas de procuración de justicia, representan un grave retroceso en la materia.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Álvaro Vizcaíno, dijo en sus redes sociales acerca del arraigo que ello significaría “detener para investigar y no al revés”.

Por su parte, Jesús Robles Maloof, funcionario del INAI y ex activista, destacó que el arraigo “como medida en el proceso penal ha demostrado ser nocivo y como toda medida sin el adecuado control judicial, se torna en abuso”.

“Lo más grave reside en sus efectos sobre la investigación: si de facto ya tienes al ‘culpable’, sólo indagas para confirmarlo”.

Una vez enterados de que se habían filtrado copias del paquete de iniciativas, los representantes del gobierno federal y legisladores de Morena se apresuraron a decir que se trataba de meras especulaciones porque en realidad, no se había presentado ningún paquete de iniciativas en el Senado de la República.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, se abstuvo de hacer comentarios sobre lo expuesto por el fiscal Gertz y el consejero Scherer hasta que se realice la presentación formal de las iniciativas, el próximo ‪1 de febrero‬.

Fue de esta forma que el fiscal Gertz Manero y el gobierno federal representado por Julio Scherer aplazaron la presentación del paquete de reformas que, hasta lo que se sabe en estos momentos, amplían el arraigo a todos los delitos, avalan las pruebas ilícitas y abren la puerta a fomentar intervenciones ilegales de comunicaciones.

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado tenían previsto que el fiscal general de la República, junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el consejero jurídico de Presidencia, entre otros altos funcionarios, presentaran de manera formal ‪las nueve‬ iniciativas.

Sin embargo, para sorpresa de los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones representadas en el Senado, Gertz Manero les dijo que seguiría trabajando para que ‪el 1 de febrero‬ “pueda ya tener una visión completa” de las propuestas para presentarlas de manera formal a la Cámara alta y poderlas discutir con la sociedad en un debate público.
En el encuentro, en el que los coordinadores parlamentarios declinaron tomar la palabra, el presidente de la Jucopo y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, aceptó la propuesta del fiscal para que la Cámara alta dictamine la reforma judicial sin “dogmas” ni “tabúes” mediante parlamento abierto.
Luego de que se pospuso la presentación del paquete de iniciativas, el presidente López Obrador negó que las propuestas representen un retroceso en materia de justicia.
Se trata de temas urgentes porque son leyes reglamentarias que requieren su discusión en el Congreso de la Unión, a la vez que subrayó que “no se va a retroceder en nada, es libertad y democracia real y autentica, se inventan muchas cosas también… si hubiera una iniciativa en ese sentido, aquí opinamos nosotros, pero no va a haber nada que signifique retroceso”.

Si bien los comentarios del presidente López Obrador presumen de la existencia de una buena colaboración entre el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar el multicitado paquete de reformas, en realidad no es así, ya que por su cuenta el Poder Judicial de la Federación planea presentar su propia iniciativa el próximo ‪1 de febrero‬ cuando inicia el período ordinario de sesiones.

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