*La Auditoría Superior de la Federación revela que el gobierno de Alexander Zetina Aguiluz provocó daños y perjuicios a la Hacienda Federal por más de 5 millones de pesos, al no ejercer el presupuesto de obra pública

*Representa 28.5% de los recursos asignados, según las observaciones que se derivaron en la promoción de las acciones; el documento muestra que Bacalar realizó pagos a contratistas con cheques nominativos

*Las evidencias documentales ubican al municipio de Bacalar en un nivel bajo, por lo que la ASF considera que aun cuando la entidad fiscalizada ha realizado acciones, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema

STAFF SOL QUINTANA ROO

Bacalar.- El presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, pasará a la historia como uno más de los personajes que llegó al poder para saquear los recursos económicos y el patrimonio de Quintana Roo, sin importarle las necesidades apremiantes de la población que vive en el retraso de servicios, infraestructura y oportunidades.

Documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que el gobierno que encabeza Alexander Zetina Aguiluz provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5 millones 348 mil 754.02 pesos, recursos correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que el municipio de Bacalar, que no fueron ejercidos a la obra pública.

Según la ASF, los recursos no fueron aplicados a las obras con número de contrato DOPSPDU-LPNF-FORTALECE-015-16 y DOPSPDU-LPNF-FORTALECE-016-16, pues no cumplieron en su totalidad con las especificaciones de construcción contratadas.

Por esa razón se le ordenó a la Contraloría Municipal de Bacalar iniciar el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente No. MB/CONT/071/2017, por lo que se da como promovida esta acción.

Y si bien la Auditoría se refiere al período del 31 de diciembre de 2016 al 8 de febrero de 2017, período en el que Alexander Zetina Aguiluz fue mandatario municipal de Bacalar; sin embargo, ahora en su segundo mandato tiene cuentas pendientes.

El pliego de observaciones de la ASF, explica que el gobierno municipal de Bacalar que encabezó Zetina Aguiluz incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Este hecho, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5 millones 348 mil 754 pesos, el cual representa el 28.5% de los recursos asignados, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

El documento señala que el municipio de Bacalar realizó pagos a contratistas con cheques nominativos; asimismo, no canceló la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa con la leyenda de «Operado», ni la identificó con el nombre del fondo y el año correspondiente.

La Contraloría Municipal de Bacalar inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. MB/CM/QD-002/2017, por lo que se da como promovida esta acción.

Además, el municipio de Bacalar fue catalogado como una de las entidades municipales que no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

La administración de Zetina Aguiluz, según la ASF, detectó incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), ya que el municipio de Bacalar no proporcionó a la SHCP el primer y tercer trimestres del formato Gestión de Proyectos, ni los cuatro trimestres del formato Avance Financiero; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo que limitó al municipio de Bacalar, Quintana Roo, para conocer sus debilidades y áreas de mejora.

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente, se concluyó que el gobierno municipal carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos ni los mecanismos implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta.

Asimismo, las instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.

Se observó también que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes por parte del titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal.

La ASF recomienda, también, fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos institucionales.

Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad.

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia.

Las evidencias documentales ubican al municipio de Bacalar en un nivel bajo, por lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema.

El cual esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

El municipio de Bacalar no publicó en su página de Internet o en otros medios accesibles a los ciudadanos, la información de los proyectos que incluyera la descripción, metas, proveedores y avances físicos y financieros, de las obras y acciones realizadas, ni los resultados alcanzados al término del ejercicio.

La Contraloría Municipal de Bacalar inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. MB/CM/QD-004/2017, por lo que se da como promovida esta acción. Lo peor del caso es que pese a largo rosario de anomalías y desorden administrativo, la ASF tolera que el presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, continúe con prácticas que rayan en omisión.

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