Ricardo Ravelo / Sol Quintana Roo

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el cual el combate al crimen organizado fue nulo e ineficaz cuando esporádicamente se efectuó, muchos gobernadores del país se desentendieron del problema del narcotráfico y en general de los estragos causados por el crimen organizado en su conjunto.

Los mandatarios estatales asumieron la misma postura que, por tradición, venían asumiendo desde el gobierno de Ernesto Zedillo –absoluta indiferencia ante el flagelo de la violencia –a pesar de que durante esa administración fueron sentadas algunas bases para articular una política criminal más eficaz:

–Se creó por primera vez un mapa criminal con los antecedentes de buena parte de los criminales que operaban en el país, a fin de que, a través de una computadora, se pudiera acceder a los antecedentes de los presuntos delincuentes.

–Se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo un sistema de lucha anticrimen que implicó la fusión de las policías que había entonces para crear la Policía Federal Preventiva, una corporación que terminó como todas: devorada por la corrupción del narcotráfico.

–Y, además, desde el sexenio de Zedillo hasta el de Felipe Calderón se habían invertido unos 300 mil millones en mantener la operación del Sistema

Nacional de Seguridad, pero a la vuelta de los años todo aquello resultó un fiasco: la delincuencia siguió operando con absoluta impunidad y, no sólo eso: la corrupción alcanzó a miembros de las Fuerzas Armadas y penetró, con mayor profundidad, la estructura política. Aquí se empezaba a hablar de “narco Estado” y de “Estado fallido”, términos que los regímenes de entonces rechazaron.

Si bien la infiltración del narcotráfico en la esfera política fue evidente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari –a su hermano Raúl lo vincularon con la protección a Juan García Àbrego, entonces jefe del cártel del Golfo –la ligazón de intereses entre los hombres del poder y el crimen fue más clara en el gobierno de Ernesto Zedillo:

En ese periodo –1994-2000 –el cártel de Juárez era la organización criminal más poderosa de América Latina: había sido fundada por Pablo Acosta Villarreal en Ojinaga, Chihuahua; posteriormente incorporó a los hermanos Carrillo Fuentes al negocio y el cártel fue dirigido por Rafael Aguilar tras el suicidio de Acosta Villarreal, a finales de los años ochenta.

Luego de la muerte de Rafael Aguilar –ejecutado en Cancún, Quintana Roo, en 1993 –Amado Carrillo tomó el mando de la organización y se entronizó en el poder criminal y político: entró en negociación con el gobierno de Ernesto Zedillo luego de haber hecho una propuesta: dejar de ser perseguido a cambio de un pago multimillonario y no vender drogas en el territorio nacional.

Las negociaciones se efectuaron en la Secretaría de la Defensa Nacional. Los representantes del capo eran Arturo González Quirarte, “El Flaco”, y representantes de un prestigiado despacho de abogados de la ciudad de México.

Había un escrito con la propuesta específica, la cual estaba en estudio por parte del gobierno mexicano.

El caso se convirtió en un misterio, pues oficialmente nunca se dijo que el gobierno había negociado con el cártel de Juárez y con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, pero todo indicaba que así había ocurrido: Carrillo Fuentes pudo instalarse en Sudamérica con el nombre de Juan

Arriaga –en realidad este nombre había correspondido al de un empresario próspero del ramo algodonero, quien falleció en los años noventa –y que el capo utilizó para posicionarse como inversionista en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

El siguiente paso, como lo explica la historia, fue cambiarse la fisonomía. Y para ello se sometió a una cirugía plástica con liposucción Esto se realizó en la clínica Santa Mónica de la ciudad de México. El mal uso de un medicamento somnífero –Dormicum –que le aplicaron a Carrillo Fuentes habría causado la muerte del jefe del cártel de Juárez, pero alrededor de esta historia existen demasiados cabos sueltos y un cúmulo de dudas.

En realidad, luego de la supuesta muerte de Carrillo Fuentes, los tres médicos que participaron en la cirugía fueron asesinados en la carretera Cuernavaca-Acapulco.

Así fue la historia:

Tres barriles metálicos, depositados cerca de la autopista a la ciudad de Acapulco despertaron las sospechas de la policía: estaban sellados, tenían manchas de sangre y despedían un fuerte olor fétido.

Los agentes abrieron un tambo y hallaron una bola de cemento y debajo un cadáver desfigurado. Los policías cargaron los bidones y los llevaron al Servicio Médico Forense de Iguala, Guerrero, donde extrajeron los otros dos cuerpos.

Los tres eran varones de elevada estatura. Sus nombres: Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes –otorrrinolaringólogo el primero, cirujanos plásticos los segundos –: todos habían formado parte del equipo que sometió a capo Amado Carrillo a una cirugía facial el 4 de julio de 1997.

Según la versión oficial, el capo no soportó las ocho horas que duró la operación, pero la familia Godoy y otros testigos sostienen que Amado Carrillo estaba en perfectas condiciones después de la operación.

Otra versión asegura que al capo le suministraron un medicamento que le causó un paro respiratorio al chocar con la anestesia. Oficialmente fue declarado muerto. Pero el cuerpo que mostraron las autoridades es el de una persona vestida de negro, con bigote que pudo ser Amado Carrillo o una persona cualquiera. Las dudas prevalecen hasta la fecha.

Y se robustecieron todavía más porque, tras haberlo declarado muerto, sobrevinieron una serie de crímenes que alentaron más la confusión, sobre todo, la de los tres médicos.

El diario chileno “La Segunda”, con base en fuentes mexicanas de alto nivel, publicó entonces que el capo Amado Carrillo Fuentes nunca murió en aquella cirugía; que el cuerpo que mostraron era el de un antiguo policía, apodado “El Chiquilín”, que le servía de doble en sus andanzas criminales.

“El capo está vivo –afirmó el diario –“y actualmente colabora con la DEA.

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