*Elevar a rango constitucional los programas sociales de la Cuarta Transformación representa un gasto anual superior a los 385 mil millones de pesos, recursos superiores a los 180 mil millones que contempla el fondo creado para atender emergencias como la generada por la pandemia del coronavirus Covid-19. El presidente López Obrador le da preferencia a sus programas toda vez que representan mantener su clientela electoral con miras a los comicios del año próximo en el que se disputarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, Congresos locales y alcaldías en todo el país.

Con la reforma al artículo 4 de la Constitución avalada por la Cámara de Diputados –de mayoría morenista- se ejercerá mayor presión a las finanzas públicas, sobre todo por la mala racha de acontecimientos económicos como la baja en los precios del petróleo, la caída del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y la devaluación del peso. El 93 por ciento de las iniciativas presentadas por AMLO en el Congreso han sido aprobadas sin escuchar otras voces que no sean las de Morena y sus aliados PT, PES y PVEM.

Se han avalado reformas sin sustento y poco realizables solamente para cumplir los caprichos del Presidente. Ante la pandemia por el nuevo coronavirus, es una realidad que el sistema de salud mexicano es altamente vulnerable y por desgracia los más pobres son los que sufrirán las consecuencias de una política presupuestaria fallida que solamente responde a los intereses políticos del grupo en el poder. “El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”: Otto von Bismarck.

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México. – Los programas sociales del presidente López Obrador serán obligatorios por mandato constitucional, con lo que se garantizan los apoyos para personas con discapacidad, adultos mayores y la creación de un sistema de becas para todos los estudiantes en condición de pobreza, aunque el gran dilema es de dónde saldrán los recursos para financiar tales beneficios.

“Las pensiones para adultos mayores, los apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes e indígenas afromexicanos con discapacidad permanente, y becas educativas a los niños, jóvenes y adultos hasta de veintinueve años que se encuentren inscritos en escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad, serán garantizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en ningún caso podrán ser menores a las establecidas en el año anterior”, refiere la adición al artículo 4 constitucional aprobada en la Cámara de Diputados y que seguramente será aprobada también por el Senado.

La reforma también establece un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que garantizará los servicios de salud a la población que carece de seguridad social. Sin embargo, expertos en finanzas públicas cuestionan su viabilidad financiera ante el estado paupérrimo de la economía y la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19 que está impactando negativamente los indicadores financieros del país.

Además, advierten de otros factores que dificultan el cumplimiento de los apoyos contemplados en la citada adición constitucional: baja recaudación fiscal, inversión estancada en infraestructura tanto privada como pública, mercados financieros desplomados, precios del petróleo a la baja, peso devaluado y un creciente desempleo.

Según el dictamen aprobado, el mencionado artículo de la Carta Magna reconoce que se otorgará atención médica gratuita a quienes no gozan de seguridad social, así como la entrega de apoyos a personas mayores y becas a estudiantes de todos los niveles escolares.

Establece también que el Estado garantizará el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad en los términos y condiciones que fije la ley. Sobre el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores de 18 años, los indígenas de hasta la edad de 64 años y la población mexicana que se encuentre en condición de pobreza.

Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que fije la Ley, y en el caso de los indígenas, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. La propuesta ordena también que será responsabilidad del Estado organizar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentran en condición de pobreza.

La reforma fue turnada al Senado para su discusión y posterior votación. Actualmente se encuentra en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. Una vez que Morena y sus aliados en San Lázaro: PES, PT y PVEM festejaron con bombo y platillos la aprobación de la citada reforma, expertos en el tema coincidieron en que sin duda la medida ejercerá mucha mayor presión a las finanzas públicas.

Los cambios al 4o constitucional reducirán el margen de maniobra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el manejo de recursos públicos necesarios para acciones como la operación y desarrollo de hospitales, escuelas, vías de comunicación; pago de pensiones (adicionales al programa de personas mayores); pago por intereses de la deuda pública; salarios de funcionarios públicos; recursos para los estados de la República, entre otros rubros, opinan especialistas en finanzas públicas.

La Coordinación del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que los recursos que requerirán los apoyos contemplados en la reforma constitucional, representan una presión a las finanzas públicas, pues gran parte del presupuesto se encuentra comprometida por la contratación de empleados, recursos a estados, pago por servicios de la deuda que son mandatos de ley, pero también están los gastos de operación del sector público. “Comprometer más parte del presupuesto para programas sociales reduce el margen para el reparto de recursos para otros conceptos como inversión física (hospitales, escuelas, centros de salud, que es la que te genera crecimiento”.

Para este año se prevé que los gastos que ya están comprometidos dentro del presupuesto sumen 4.9 billones de pesos, lo que representa el 80.3 por ciento del gasto total del sector público, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. En tanto, el dictamen de la reforma al artículo 4to constitucional especifica que los gastos por los programas sociales obradoristas sumarían 385 mil 242 millones de pesos, lo que absorbe el seis por ciento del PEF 2020.

La aprobación de esta reforma se da en medio de una serie de factores que debe sortear la Secretaría de Hacienda, por la menor captación de ingresos por impuestos al consumo ante una disminución del crecimiento económico a causa de golpes que vienen del exterior como el coronavirus Covid-19 y en la baja de los precios del petróleo por conflictos entre Rusia y Arabia Saudita.

Pero también la economía y la inversión en México se han visto afectadas por temas internos como gobernanza, refiere por su parte la última encuesta del Banco de México hecha con especialistas económicos del sector privado.

“El país va a transitar por una coyuntura en servicios de salud; si ya tiene fija la entrega de los recursos para los programas, le quita margen de maniobra para que pueda pasar al instrumento específico que le permitirá sobrevivir a una coyuntura como la pandemia del coronavirus Covid-19”, refiere México Evalúa.

Apoyos, solo buenos deseos

En este mismo sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que la modificación que se hace al artículo 4to constitucional, pone un tipo de seguro para que los recursos que se entreguen para los programas sociales no sean menores a los entregados en el año anterior, adicional al ajuste por inflación.

El organismo especializado considera que estas presiones presupuestarias pueden generar que la promesa de otorgar estos apoyos quede simplemente en buenos deseos.

Pese a las opiniones de organismos expertos en el tema, la Secretaría de Hacienda descartó esta presión para las finanzas públicas, pues los recursos por estos programas ya estaban contemplados en el presupuesto.

“No presionan a las finanzas públicas, ya estaban en el presupuesto y claramente lo único que se necesita hacer para saber cuál es el impacto en el tiempo, es saber cuál va a ser el crecimiento de estos programas, por ejemplo, el programa de adultos mayores, esta población tiene un crecimiento menor al dos por ciento, los ingresos crecen a una tasa superior que esto”, alega Hacienda.

Pero en el fondo de la reforma al artículo 4o constitucional se esconden los intereses políticos del presidente López Obrador, toda vez que con ello pretende mantener su clientela electoral con miras a los comicios del año entrante en que se disputarán nada menos que 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y la concurrencia de 32 elecciones locales. El proceso electoral 2020-2021 inicia en septiembre próximo.

Y es que el 93 por ciento de las iniciativas enviadas por el inquilino de Palacio Nacional al Congreso de la Unión, como es el caso de la reforma al artículo 4o constitucional, han sido discutidas y aprobadas sin atender ni escuchar a otras voces que no sean las de la llamada Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM).

Los partidos de la Coalición Juntos Haremos Historia han construido un muro contra la democracia y las ideas que no coinciden con sus puntos de vista, aplastando con su maquinaria propuestas e iniciativas de los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC).

La cantidad de recursos que se requerirán para cumplir con los apoyos y programas sociales del presidente López Obrador contrasta enormemente con la política de austeridad aplicada a rubros de importancia como la salud, sobre todo en momentos en que la pandemia del coronavirus Covid-19 demandará de mayores recursos para atender la contingencia sanitaria.

Este año, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) sufrió un recorte presupuestal de 18.7 por ciento con respecto al monto registrado en 2019 que fue de mil 616 millones de pesos. Los recursos económicos con los que contará el INER este 2020 son de mil 272.8 millones de pesos, los más bajos desde que en 2016 recibiera una partida de mil 153 millones de pesos, de acuerdo con los presupuestos de egresos para cada año.

Al instituto se suma otra área de vital importancia para combatir pandemias, como es la Dirección General de Epidemiología, que también vio disminuidos sus recursos este año en 9.4 por ciento.

Los expertos opinan que ante las limitaciones presupuestales que han caracterizado al gobierno de la 4T en áreas que para la administración lopezobradorista no representan capital político-electoral, resulta necesario que se canalicen más recursos para combatir el aumento de contagios por Covid-19 que se está registrando en todo el país.

El gasto en salud requiera de un apoyo adicional y eso dependerá del curso que tome la pandemia, porque si llega a haber una demanda súbita de recursos debido al acelerado crecimiento del número de contagios, puede haber una congestión en el sistema de salud donde los más pobres pueden sufrir las mayores consecuencias.

Los efectos de este virus en niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años pueden tener una mayor probabilidad de ser mortales y ambos grupos de edad tienen una fuerte presencia en los sectores más pobres del país, por lo que necesitarán de una atención de calidad por parte de las instituciones públicas.

Ante las presiones generadas por la pandemia del nuevo coronavirus, el Congreso de la Unión creó el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, con el cual el gobierno podrá disponer de recursos adicionales por hasta 180 mil 733 millones de pesos para atender la contingencia sanitaria y su impacto en la economía del país, cantidad mucho menor a los 385 mil 242 millones que se destinarán a los programas sociales de AMLO.

“El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”, dijo Otto von Bismarck, político alemán que en el siglo XIX diseñó el sistema de seguridad social que aún sigue vigente en muchos países del mundo.

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